Ejecutivo
Gobierno no convence a marcha campesina e indígena que pide abrogar la Ley 1720 y denuncia intereses políticos
El Gobierno nacional no logró convencer a los campesinos e indígenas que marchan hacia la sede de Gobierno, en demanda de la abrogación de la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de una pequeña propiedad a mediana de forma voluntaria, y denunció la existencia de intereses políticos que promueven la movilización.
La marcha de campesinos e indígenas de Beni y Pando partió hace 10 días y, en Rurrenabaque, se instaló una mesa de diálogo hace tres días, en la que participaron los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Adína Rivero; además del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.
Las tres autoridades se trasladaron a dar encuentro a los marchistas el pasado miércoles, con el objetivo de explicar los alcances de la ley, que, desde su punto de vista, no afecta a las tierras comunitarias.
A pesar del fracaso, Rivero sostuvo: “La voluntad está, la decisión también en los dirigentes. El Gobierno no ha roto el diálogo. Vamos a seguir planteando soluciones hasta que podamos satisfacer las necesidades y podamos empezar con algo que es un derecho inalienable de estas personas: la titulación. Eso es lo que estamos persiguiendo, una agenda paralela en la que se pueda titular las tierras”.
Los marchistas rechazan la Ley 1720, que autoriza al INRA a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, ya que consideran que la nueva ley abre las puertas a la concentración de la tierra en pocas manos.
El artículo 2 de la norma define que la Ley 1720 se aplicará a nivel nacional a todas las pequeñas propiedades que se encuentren tituladas por el INRA y que cumplan con los requisitos establecidos para su conversión.
El INRA autoriza realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana en un plazo máximo de diez días hábiles.
El parágrafo I del artículo 4 sostiene que: “La conversión es un procedimiento de actualización catastral por el cual la o el titular del derecho propietario de la pequeña propiedad solicita por escrito y de manera voluntaria al INRA el cambio en la clasificación de su propiedad a mediana propiedad, sin más trámite que la solicitud escrita y una declaración jurada voluntaria donde exprese claramente la decisión de la conversión”.
Este viernes, después de tres días de permanecer en Rurrenabaque, los viceministros informaron que, a pesar de la predisposición a atender todas las demandas de los movilizados, estos decidieron continuar con su medida de protesta.
Vaca Díez informó que se instalaron mesas técnicas en las que se planteó un trabajo con los marchistas referido a la titulación de tierras en los departamentos de Pando y Beni.
Explicó que previamente se propuso establecer cuáles son los mecanismos, desde el punto de vista constitucional, para proceder con la negociación. Mencionó que los indígenas y campesinos, por su parte, identificaron varios artículos de la Ley 1720 que consideran inconstitucionales.
Dijo que se propuso que presenten un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1720, como corresponde, debido a que la única instancia que puede definir si una norma se ajusta a la Constitución Política del Estado es ese tribunal.
“Le hemos propuesto al movimiento indígena ir ante el tribunal para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad de la ley; estamos trabajando en esa línea y hemos propuesto ir de la mano, pero, bueno, hemos recibido, la verdad, tristemente, la decisión de que van a seguir marchando, a pesar de que hemos dicho sí a sus demandas”, afirmó.
El viceministro de Desarrollo Productivo, Karel Adín Rivero, por su parte, dijo que tendieron la mano a los marchistas y recibieron una negativa de su parte.
“Hemos tendido la mano, pero hemos recibido una vez más una negativa; hemos hecho la aceptación de todos los puntos que nos han planteado; sin embargo, han hecho caso omiso sobre todas las posibilidades constitucionales y veraces de cara a la gente que hemos planteado para ellos”, afirmó.
Los dos viceministros afirmaron que intereses políticos, que no identificaron, se encontrarían detrás de la movilización, además de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Al respecto, Vaca Díez afirmó que “creemos también que existen algunas motivaciones más allá de la parte técnica que ellos piden y es un tema que nos preocupa, porque hay intereses políticos que están siendo manifestados en estos cuatro días que llevamos en Rurrenabaque para poder presentar y avanzar”.
Sostuvo que lo que no quieren es que los campesinos marchen, que sigan siendo “abusados” por sus dirigentes, cuando se tiene la posibilidad de sentarse en una mesa y hacer acuerdos.
“Hoy le dijimos sí a los acuerdos y ellos nos han dicho no; entonces, claramente, hay una motivación política que nosotros queremos evitar”, afirmó.
Rivero coincidió con las afirmaciones de Vaca Díez y dijo: “Identificamos que aquí hay otros intereses, hay ONG, intereses ocultos (…) los intereses no sé si de los dirigentes, no sé si de las personas, no sé si de los productores, porque creo que ellos están siendo acarreados (…) y por desconocimiento”.