2026-04-19

El control público que no controla nada

Bolivia no necesita más leyes ni más discursos, sino que las herramientas existentes funcionen con seriedad.

Bolivia no descubrió la corrupción; aprendió a convivir con ella. Lo que durante décadas fue un problema estructural, salpicado de escándalos aislados, se ha transformado en un sistema de funcionamiento. La debilidad institucional no solo persiste, sino que se ha profundizado hasta convertir a la corrupción en una constante casi predecible dentro del aparato estatal. No es casual que el país ocupe posiciones vergonzosas en los rankings internacionales: más que un dato, es el reflejo de una realidad cotidiana.

La imagen es tan cruda como precisa: donde se aprieta, salta pus. Contratos inflados, obras inconclusas, sobreprecios, empresas públicas deficitarias y redes de favores políticos forman parte de un entramado que ya no sorprende, pero sí indigna. Lo más grave no es solo su existencia, sino la ausencia de mecanismos eficaces de control que permitan prevenirlos o corregirlos a tiempo.

Ahí surge la gran contradicción boliviana. En el papel, el país cuenta con herramientas institucionales sólidas. La Contraloría General del Estado tiene la misión de ejercer el control técnico sobre la administración pública, está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, y goza, al menos formalmente, de autonomía funcional, financiera y organizativa. A ello se suma la Ley SAFCO, que establece un sistema integral de administración orientado a garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

La normativa existe. La institucionalidad está diseñada. El problema es que no funciona.

La Contraloría, que debería ser el pilar de este sistema, se ha ido diluyendo hasta convertirse en figura decorativa. No porque esté ausente, sino porque su incidencia es prácticamente irrelevante. Llega tarde, observa mucho y corrige poco. Las auditorías, en lugar de prevenir daños, terminan documentándolos cuando ya son irreversibles. En ese desfase se pierde la esencia misma del control público, que debería anticiparse al riesgo y no limitarse a registrarlo.

Este fenómeno genera lo que podría llamarse impunidad técnica. Se detectan irregularidades, se elaboran informes, se identifican responsabilidades, pero las consecuencias no llegan con la contundencia ni la oportunidad necesarias. Los procesos se diluyen en una maraña burocrática que fragmenta la responsabilidad hasta hacerla casi inasible. El control se convierte en un ejercicio de observación sin capacidad real de corrección.

Parte del problema radica en la progresiva desinstitucionalización del ente contralor. La ausencia prolongada de un titular designado formalmente y la proliferación de interinatos han dejado a la institución sin liderazgo claro. Un organismo descabezado difícilmente ejerce autoridad efectiva. Si a esto se suma la percepción de que muchos de sus cuadros responden a afinidades políticas antes que a criterios técnicos, el resultado es una entidad que no incomoda al poder, cuando precisamente esa debería ser su función esencial.

El formalismo ha terminado por sustituir al control sustantivo. Se revisan documentos, se verifican procedimientos, se cumplen requisitos administrativos, pero se pierde de vista lo esencial: la eficiencia del gasto y los resultados reales. Así, una obra puede estar perfectamente justificada en papel y ser, sin embargo, innecesaria, ineficiente o corrupta. El control deja de ser herramienta estratégica para convertirse en un trámite más dentro de la maquinaria estatal.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con una mezcla de frustración y resignación. Sabe que los recursos públicos no se utilizan de manera óptima, pero percibe también que las instituciones encargadas de corregirlo no están a la altura. Esa pérdida de confianza es, quizás, el daño más profundo: erosiona la relación entre el Estado y la sociedad y debilita la legitimidad de cualquier política pública.

Los ejemplos se repiten con monotonía preocupante. Empresas públicas que acumulan pérdidas millonarias sin rendición de cuentas clara, proyectos que nunca se concluyen, contrataciones con sobreprecios evidentes. En todos estos casos, el sistema de control aparece tarde o no tiene impacto real. No es falta de información; es falta de acción.

El gobierno actual heredó esta situación, pero no puede escudarse indefinidamente en esa herencia. La promesa de reconstruir la institucionalidad no se ha traducido en decisiones concretas en el ámbito del control. La Contraloría sigue sin liderazgo sólido, sin una reconfiguración profunda de su estructura y sin señales claras de independencia. La narrativa de renovación ha quedado atrapada en el discurso.

Revertir este escenario no es sencillo, pero es imprescindible. Nombrar una autoridad idónea, con legitimidad técnica y autonomía real, es un primer paso ineludible para recuperar la credibilidad institucional. Evaluar al personal y renovar los cuadros que no cumplen estándares profesionales no constituye persecución política, sino una condición básica para restituir la confianza en el control público y devolverle sentido a una institución que hoy luce debilitada.

Sin embargo, el problema no se resuelve únicamente con cambios de nombres, sino con un cambio profundo de enfoque. El control no puede seguir siendo posterior, reactivo y meramente documental. Debe transformarse en un mecanismo concurrente y preventivo, capaz de anticiparse al daño antes de que este ocurra. No basta con detectar irregularidades; es necesario generar consecuencias efectivas que corrijan conductas y disuadan futuros abusos, evitando que los informes queden archivados sin impacto real.

Bolivia no necesita más leyes ni más discursos, sino que las herramientas existentes funcionen con seriedad. Cada recurso mal utilizado es una oportunidad perdida de desarrollo y bienestar. El gobierno tiene la responsabilidad de marcar un punto de inflexión fortaleciendo el control como una decisión política, no solo técnica. Porque el problema nunca fue la falta de normas, sino la ausencia de voluntad para hacerlas cumplir, y mientras eso no cambie, la corrupción seguirá definiendo silenciosamente el funcionamiento del Estado.