La madriguera del Tlacuache
No toda brisa es del todo benigna
Si no fuera por mis convicciones y cierta suspicacia, algunas voces me interpelarían en lugar de causarme gracia. Esa mezcla de buenas intenciones y activismo dogmático se apropia de banderas nobles; y se blinda de la crítica acusando a quienes cuestionan (así sea una mínima parte de sus axiomas) de conservadores, voceras del patriarcado, compinches de agroindustriales, racistas o, como dirían los españoles, de lo que les salga de los cojones. Siempre usando el señalamiento ad hóminem.
Estos días de revuelo por el proyecto de Ley No. 010, “Ley Brisa” (de Incorporación del tipo penal de violación incestuosa, eliminación de estupro, y el reconocimiento de la falta de consentimiento como elemento constitutivo del delito de violación para garantizar el acceso a la justicia), cuyo tratamiento se encuentra en la Cámara de Diputados, leí, en un afiche que promueve la ley, esta joya de la manipulación: “¿Te da miedo la Ley Brisa? Ahora imagina el miedo de las víctimas”.
Lo que estos magos del encuadre comunicacional nos dicen a quienes tememos que esta norma cree una asimetría penal y transgreda principios jurídicos básicos (por prevenir una injusticia provocarían otras), es que hacemos apología de la misoginia, y que, por ello, nos convertimos en cómplices del violador.
Quizás si estas personas, de cuya sensibilidad no dudo, se sacudieran el virtue signaling y comprendieran que también se puede ser bueno apelando a la razón y sin abandonar los sentimientos, podrían acercarse más a esa realidad que pretenden cambiar. Pensar que la bonhomía es exclusiva de un colectivo, y que sus códigos son los únicos posibles para alcanzar la moral denota cierta vanidad (que todos poseemos, claro), pero, sobre todo, un capricho que nubla el cumplimiento de la propia causa.
No existe nada más vil que la violación a un niño. Se rompe con ello un universo de esperanza que es la niñez. Esas vejaciones son agujeros negros de los que ninguna sociedad puede salir bien. Empero no es una ley (ni muchas) la que va a acabar con aquellas. En cambio, una disposición legal mal elaborada puede originar injusticias insalvables.
La Ley Brisa incorpora la imprescriptibilidad. Sin embargo, ocurre que la prescripción evita que el impacto ejemplificador de la pena se diluya con el tiempo. Pero, sobre todo, previene el debilitamiento de las pruebas (los testigos olvidan o desparecen, las evidencias físicas se pierden o alteran), y que el riesgo de sentencias injustas crezca. Quizás, en este caso, deberían, tan solo, ampliarse los plazos de la prescripción.
Por otra parte, la Constitución boliviana garantiza la presunción de inocencia; y el Código Penal dispone que “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad…”. Esto último es relevante, pues, en el proyecto de la Ley 010, la intimidación y la violencia física o psicológica desaparecen en la tipificación de la agresión sexual a adultos; y el delito se configura si concurre la sola falta de consentimiento. Es meramente imposible, a menos que se cuente con una autorización escrita, probar que el otro, adulto, efectivamente quería tener relaciones sexuales. Aun cuando los acusados injustamente no terminen en la cárcel, sufrirán una muerte civil sin resurrección.
La aberración jurídica se acentúa en la disposición por la que en determinadas relaciones de poder (cuando existe dependencia de la víctima: financiera, profesional, familiar o personal) el consentimiento no existe. De modo que el elemento determinante no es la ausencia de manifestación de la voluntad sino la propia relación de poder, que excluye automáticamente dicha voluntad. Esto -alertaba un experto- podría ocasionar una condena comprometiendo el principio de “prueba suficiente”.
Habría que ser idiota redomado o desalmado para negar la inmensa cantidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres que son abusados sexualmente, con historias desgarradoras. Solo que eso no supone que no existan, o vayan a existir, otro tipo de víctimas y que no se pueda hablar de ellas.
La “justicia” en Bolivia ya está suficientemente podrida como para agregarle ingredientes que permitan que abogados, jueces y ficales se nutran de mayores elementos extorsivos. Tácito -a quien un amigo virtual trajo a propósito de este tema- decía: “En un Estado corrupto, abundan las leyes”. Bolivia ya cuenta con los tipos penales que sancionan delitos sexuales (incluido el incesto como agravante). Su abundancia, lo sabemos, no garantiza eficacia alguna. El populismo penal nos ha hecho creer que, a más penas, menos crímenes. Ocurre que como política criminal puede suceder lo contrario. Miren nomás el caso de la Ley Marcelo Quiroga y los delitos de corrupción.
Hace unas semanas la sociedad vivió con dolor el caso de un padre que durante años había abusado sexualmente de su hija menor de edad. Cada vez que vuelve el asunto a mi cabeza, siento náuseas. El tipo, de una familia con guita, ha librado cada etapa del proceso, que contó desde el principio con pruebas (él mismo grababa con el celular su propia vileza). Y logró escapar del país. No creo que la existencia de una Ley Brisa hubiese evitado tal abyección.
Temo, con consternación que, si el proyecto se convierte en ley, no reducirá el número de víctimas de delitos sexuales, y sí crecerá la cantidad de denuncias falsas. Es una parte de nuestro problema que legislemos por la santa moral de los redactores y no por datos que alienten una política criminal efectiva. Pero bueno, si nos quedamos con la consigna de que todos los hombres son violadores en potencia, quizás igual se esté logrando una justicia preventiva, como el estado de peligrosidad de esa escuela criminológica italiana del siglo XIX que propugnaba medidas penales predelictivas. Y nos bastará que le habremos dado su lección a tanto varón suelto.