Abogado del equipo jurídico de "Evo Pueblo" asume la defensa de fabriles aprehendidos y denuncia detención ilegal

El abogado Vladimir Ochoa, integrante del equipo jurídico de "Evo Pueblo", plataforma que lidera el expresidente Evo Morales, asumió la defensa de los dirigentes fabriles detenidos el miércoles tras la toma de las oficinas del Ministerio de Trabajo en La Paz. Ochoa afirmó que la detención de sus defendidos fue ilegal y señaló que aguarda la resolución fiscal para definir su estrategia jurídica.

“No le tenemos miedo a este proceso porque el movimiento obrero fabril es honesto y transparente. Lo único que han hecho es reivindicar las necesidades del sector, las cuales han sido negligentemente omitidas por el señor ministro (Edgar Morales), quien lamentablemente el miércoles se dio a la tarea de satanizar al movimiento obrero”, afirmó.

Un grupo de al menos 14 fabriles fue aprehendido la tarde del miércoles como consecuencia de la toma del despacho del ministro Morales, en el marco de una protesta convocada por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). Los dirigentes fueron desalojados de la entidad pública y trasladados a celdas policiales en medio de forcejeos y protestas.

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Para el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, la acción del grupo de fabriles constituye una especie de “sicariato sindical”. “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, secuestre a funcionarios y que, finalmente, lo demos por normal. Ante eso, vamos a tener una respuesta firme”, advirtió.

En medio de protestas frente a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el abogado Ochoa negó que sus defendidos hayan incurrido en algún delito y denunció que fueron engañados con una convocatoria al diálogo para facilitar su captura.

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“Ha sido una aprehensión a traición, ilegal e ilegítima. No existen elementos; ha sido un 'corralito', una emboscada. Lo único que han hecho los compañeros es solicitar que se resuelvan sus problemas, nada más”, aseguró, reiterando que espera la resolución fiscal que determinará la situación jurídica de los detenidos.