Convulsión social
Tres expresidentes hablan de “minorías violentas”, del “uso de la identidad” para justificar la violencia y de la inacción del Gobierno
Tres expresidentes se pronunciaron hoy sobre la convulsión social que enfrenta nuevamente el país, debido a las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB). Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Jeanine Añez, en base a las experiencias que vivieron cuando ejercían el cargo, cuestionaron las protestas sociales que afectan a la población del departamento de La Paz y uno de ellos criticó la inacción del Gobierno para proceder al desbloqueo de carreteras.
Además de los expresidentes, otras personalidades como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el senador por la Alianza Libre, Ernesto Suárez, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, emitieron sus puntos de vista sobre los bloqueos de carreteras que aíslan a la sede de Gobierno del resto del país y las protestas callejeras.
La COB convocó a un paro indefinido a partir del 2 de mayo, mientras que la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari inició el bloqueo de carreteras desde hace 10 días, medida que dejó acorralados a cientos de conductores del transporte pesado, turistas y personas que no pudieron llegar a sus destinos, además de situaciones extremas como impedir el paso de oxígeno o de ambulancias con enfermos; dos de ellos perdieron la vida porque no recibieron atención médica oportuna.
En esta coyuntura, Quiroga manifestó que el Estado tiene que tener la capacidad de poner orden, a tiempo de expresar su sorpresa por la inacción del Gobierno frente a las medidas de presión y el bloqueo de carreteras que aísla, sobre todo, a la capital.
Advirtió que, en un principio, la población se enoja con los bloqueadores y después la gente se enoja con el Gobierno por el desabastecimiento de los principales productos.
“A mí me sorprende que ni siquiera se contemple la posibilidad de desbloquear y hacer que se cumpla el orden y la ley, ni siquiera se habla de ello. Yo, como Estado, debo poner orden, le guste a quien le guste; sí dialogar, pero también tiene que haber la capacidad de poner orden, porque hay sectores que están movilizados no por el salario, no por la ley, no por ninguna reivindicación justa, sino conspirativa, y a estas se les debe poner orden”, sostuvo Quiroga.
Adicionalmente, observó que un país no puede encarar reformas con un presidente y un vicepresidente que no conversan, cuando las reformas constitucionales, las designaciones de autoridades y otras responsabilidades son de competencia de la Asamblea Legislativa.
El expresidente Quiroga, quien asumió el mandato debido a una enfermedad terminal del presidente Hugo Banzer entre agosto de 2001 y agosto de 2002, tuvo que enfrentar las protestas en el Chapare por la erradicación de la coca excedentaria, en el marco del Plan Dignidad ejecutado.
Por su parte, el expresidente Mesa escribió en sus redes sociales: “Llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras”, en alusión al bloqueo de carreteras como medida recurrente asumida por algunas organizaciones sociales, como los campesinos.
El exmandatario cuestionó esa forma de presión que se vive desde el retorno de la democracia en 1982, debido a la violencia que genera con saldos dolorosos para la población boliviana.
“Llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras”, dijo en una coyuntura de violencia en las carreteras y abusos contra las personas que se encuentran en ellas, entre ellos decenas de choferes del transporte público que claman por un cuarto intermedio para poder pasar los puntos de bloqueo.
Mesa reflexionó que desde 1982 los bloqueos, marchas, ultimátums, pliegos petitorios y pérdidas millonarias han desembocado en crisis violentas de saldos dolorosos y frustrantes para el país, incluso en algunos casos cuando generaron gran esperanza.
El expresidente Mesa también asumió el cargo después de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a consecuencia de la guerra del gas, que dejó al menos 60 muertos y cientos de heridos. Después de 17 meses, renunció en una coyuntura de inestabilidad política, el cerco a la ciudad de La Paz por parte de cooperativistas mineros y campesinos, y violentas protestas sociales que exigían la nacionalización de los hidrocarburos.
La expresidenta Áñez también se pronunció ante esta delicada coyuntura que enfrenta el país. Recordó que los bolivianos ya vieron esta película en relación al bloqueo de carreteras en 2019, durante la pandemia de Covid-19. “Vimos bloqueos que impidieron el paso de oxígeno a hospitales, que impedían el ingreso de alimentos, que usaban el chicote y las piedras para destruir movilidades de transeúntes, que saqueaban el comercio y desde el poder se alimentaba la confrontación y la violencia”, afirmó.
Después vino un relato donde los responsables aparecieron como testigos y víctimas, donde muchos “casualmente” estaban en el lugar exacto cuando tocaba declarar por los hechos de Senkata. Se construyó una narrativa única: la derecha golpista contra víctimas inocentes. Pero quienes vivimos esos días sabemos que la realidad fue mucho más compleja y dolorosa para todos los bolivianos.
Hoy vuelven los mismos discursos, la misma narrativa étnica que divide a los bolivianos entre “pueblo” y “enemigos”, usando la identidad como herramienta política, la lógica de presión y los mismos intentos de incendiar el país cuando no se acepta perder el poder.
Detrás de lo que ocurre nuevamente está Evo Morales, un expresidente que nunca terminó de aceptar que Bolivia no le pertenece a una sola persona ni a un solo proyecto político. “La memoria también es una forma de defender la democracia”, afirmó.
Áñez asumió el cargo después de la renuncia de Evo Morales, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo manipulación y parcialidad en las elecciones del 20 de octubre de 2019. A principios de su mandato tuvo que enfrentar movilizaciones violentas que se extendieron por varios días. Una de ellas fue el bloqueo en la planta de Senkata, donde intervinieron las Fuerzas Armadas y hubo 10 fallecidos.
Durante la pandemia de Covid-19, ese gobierno también enfrentó el bloqueo de carreteras dispuesto por la COB, que impidió el ingreso de oxígeno a los hospitales, donde había decenas de enfermos.
Además de los tres expresidentes, otras personalidades se pronunciaron sobre la coyuntura que vive el país. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió “mano dura” contra la “subversión”: “Ya es el colmo, ¿ponen o no ponen orden?”, informó Erbol.
“Esto ya es un movimiento totalmente subversivo. Esto está financiado por alguien (…) y eso es peligroso para hacer un quiebre a la democracia. Yo creo que hoy más que nunca todos nos tenemos que poner la camiseta rojo, amarillo y verde y defender la democracia en el país”, sostuvo.
“La solución es que el Gobierno ponga mano dura y ponga paz en este país. Ya es el colmo, es decir, ¿ponen o no ponen orden? Tiene que poner orden, lo que yo les he dicho, el primer día la reunión que ha habido en el hotel Cochabamba: pongan orden en el país, no hay otra forma. Es la forma de lograr solucionar el tema”.
El senador por la Alianza Libre, Ernesto Suárez, por su parte, denunció una mano negra detrás de las protestas desde el Chapare, que buscan desestabilizar al país. Consideró que el respeto a la ley es fundamental para evitar el caos y preservar el Estado de derecho, informó El Popular Bolivia.
Mientras que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Romer Saucedo, sugirió que el Gobierno recurra a la Iglesia Católica y a las iglesias evangélicas para que actúen como intermediarias y faciliten un proceso de pacificación en el país, informó Red Uno.
“Quiero enviarle un mensaje al presidente Rodrigo Paz: en estos momentos, donde Bolivia está atravesando una situación muy complicada ante la escalada de conflictos, usted necesita sentarse a agotar el diálogo con cada uno de esos sectores, escuchar sus demandas y asumir compromisos reales”, manifestó.
El titular del TSJ también propuso que la Iglesia Católica y las iglesias cristianas evangélicas actúen como intermediarias para facilitar un proceso de pacificación y acercamiento entre el Gobierno y los sectores movilizados.
“Presidente, acuda a la Iglesia Católica y a las iglesias cristianas evangélicas, que sean ellos los intermediarios para pacificar el país, que sean ellos quienes puedan gestionar la posibilidad de hacer los acercamientos con cada uno de estos sectores”, sostuvo.