Mecanismo
Estado de excepción: ¿qué es y cómo se implementa su vigencia en Bolivia?
Debido a la persistencia de los bloqueos y la agudización de los conflictos, sectores sociales y legisladores pidieron al gobierno de Rodrigo Paz dictar estado de excepción. Esta medida extraordinaria, así como su implementación, está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE), aunque su vigencia no depende únicamente del Ejecutivo, sino también de la aprobación del Legislativo.
El texto constitucional establece en su artículo 137 que el estado de excepción se implementa en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
La declaratoria
La medida puede ser determinada por el Presidente del Estado “en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario”. En el texto constitucional se agrega que la declaración del estado de excepción no podrá “en ningún caso” suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.
En su artículo 138, la CPE añade que la determinación de declarar un estado de excepción es una atribución del jefe de Estado, pero su vigencia dependerá de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes setenta y dos horas a la declaración del estado de excepción. La aprobación de la declaración indicará las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción con el caso de necesidad atendida por el estado de excepción. Los derechos consagrados en la Constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración del estado de excepción”, señala el texto constitucional.
Desde la semana pasada, el país reportó bloqueos afincados de forma principal en el departamento de La Paz. La urbe paceña también enfrenta marchas y bloqueos en sus calles y avenidas. El jueves por la mañana, la Policía gasificó a miembros del Magisterio Rural que intentaron llegar a la plaza Murillo. En tanto, en horas de la tarde ocurrió un enfrentamiento entre los efectivos y mineros cooperativistas.
Debido a estas situaciones, la diputada del Partido Demócrata Cristiano, Claudia Bilbao, señaló que el Gobierno podría dictar un estado de excepción. “Puede ser una buena medida a nivel La Paz hacer un estado de excepción. Hoy día tenemos que volver al derecho y a la legalidad. No podemos permitir que venga gente sediciosa a atacar fuentes de empleo, hogares y zonas enteras”, sostuvo la legisladora.
Los sectores
Sectores sociales como gremiales, dirigentes del transporte pesado y otros también pidieron al Gobierno que declare estado de excepción en el país. La marcha que recorrió el centro de La Paz en contra de los cortes de vía enarboló ese pedido cuando realizó su concentración el jueves.
Para el analista político y abogado constitucionalista Marcelo Arequipa, la declaratoria de estado de excepción no es una medida que pueda tomar directamente el presidente. Basándose en la CPE, afirmó que “el Gobierno necesita asegurarse de tener en el Legislativo dos tercios de apoyo sobre alguna decisión de ese tipo, porque, a diferencia del pasado antes de la Constitución de 2009, se podía hacer vía decreto supremo y esperar un tiempo para que el Legislativo lo aprobara”.
Explicó que, si el Gobierno lograra convencer a la ALP para tener dos tercios y declara la medida, se activaría “una limitación de las libertades civiles de la población, una limitación a la libertad de asociación y de reunión”.
“Se juega sobre el límite entendiendo que el Estado, quien administra el Estado, puede ejercer el uso legítimo de la fuerza, no de la violencia, sino de la fuerza, para establecer el orden público. Esa es la discusión legal y constitucional sobre este tema. Obviamente la lectura política va a diferir ahí en la medida en la que se vea que tenemos un gobierno fuerte o un gobierno débil”, agregó el analista.
"Crearía una crisis de país"
Aseveró que la figura de estado de excepción es complicada ya que, cuando se permite el uso de la fuerza para poner orden y esta se desborda, podría crearse un escenario irreversible de crisis estatal.
“De poder, puede, pero crearía una crisis de país. Pero lo que ahora veo es que el Gobierno está apostando más bien al desgaste de las movilizaciones y al diálogo sectorial”, indicó el analista.
Arequipa manifestó que, si el Gobierno declara el estado de excepción, este tendrá que responder ante la ALP por qué lo hizo. “Siguiendo lo que dice la Constitución, el Ejecutivo deberá rendir cuentas a la ALP de los motivos que dieron lugar a la medida”.