Posición
Más de 100 instituciones exigen diálogo para resolver el conflicto social ante el riesgo de “consecuencias incalculables”
Un bloque de 125 organizaciones y la Defensoría del Pueblo convocaron al gobierno de Rodrigo Paz y a los sectores movilizados a instalar un diálogo eficaz y libre de estigmatizaciones, advirtiendo que la ausencia de concertación “puede traer consecuencias incalculables para la sociedad”.
“El diálogo debe ser un espacio seguro e inclusivo, donde todas las voces puedan expresarse sin temor a presiones, represalias ni discriminación, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y el respeto a la diversidad de opiniones. La ausencia de concertación puede traer consecuencias incalculables para la sociedad”, refiere el pronunciamiento emitido de forma conjunta.
En la cuarta semana de las movilizaciones que exigen la dimisión del presidente Paz, las entidades exhortaron a que las mesas de negociación “definan una hoja de ruta clara y una estrategia con enfoque estructural, orientada a responder a las demandas legítimas de la sociedad sobre su participación en las decisiones del Estado, priorizando el bienestar de toda la población”.
Entre las 125 organizaciones firmantes destacan la Alianza Libres Sin Violencia Oruro, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Asociación Mujeres Unidas, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC).
Bolivia atraviesa la cuarta semana de un cerco vial que golpea con mayor fuerza a La Paz y El Alto, urbes que se encuentran desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos. Los centros de abasto carecen de productos básicos y las kilométricas filas de vehículos en las estaciones de servicio, a la espera de cargar diésel o gasolina, ya se han vuelto habituales.
En el documento, los firmantes recordaron que el Estado “tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la seguridad y la vida de todos los sectores de la población, así como el libre tránsito y el acceso a insumos esenciales”.
Asimismo, exhortaron “a las organizaciones sociales movilizadas a no poner en riesgo la integridad física de sus afiliados y a ejercer su derecho a la protesta en el marco de los estándares internacionales de no violencia, respeto a la vida e integridad física de las personas, evitando en todo momento la vulneración de los derechos de terceros”.
Ante la situación social, advirtieron que “la confrontación y la violencia fracturan el tejido social y profundizan la conflictividad”, y reafirmaron que el único camino viable debe ser “el diálogo plural, inclusivo y colaborativo”.