Conflictos sociales
Desesperados por el perjuicio de 26 días de bloqueos y la convulsión social, cuatro sectores exigen soluciones al Gobierno
Agobiados por 26 días de bloqueo de carreteras, marchas de protesta, gasificaciones y agresiones de los sectores movilizados, que perjudican sus actividades normales, los choferes del departamento de La Paz, médicos, gremiales, panificadores y farmacéuticos exigen, por separado, soluciones al Gobierno del presidente Rodrigo Paz para poner fin a esta crisis que enfrentan a la fecha.
Este martes, los cuatro sectores afectados por las protestas sociales protagonizadas por grupos que exigen la renuncia del primer mandatario reclamaron respuestas al Gobierno, desesperados por los daños a su economía y las deudas que deben pagar, sobre todo al sistema bancario.
En el caso de los gremiales, los representantes manifestaron que no pueden trabajar debido a las constantes movilizaciones, las gasificaciones y la violencia que se registran en la ciudad de La Paz, a lo que se suma el corte de paso en las carreteras, situación que impide y perjudica sus actividades y la posibilidad de llevar el sustento diario a sus hogares.
Con banderas blancas y pidiendo trabajar, cientos de manifestantes, entre hombres y mujeres, recorrieron las principales calles de la ciudad, reclamando respuestas a las autoridades por las pérdidas económicas provocadas por el bloqueo de carreteras, que se extiende por más de tres semanas.
Este sector demandó al Gobierno iniciar el diálogo con los sectores que bloquean las carreteras y realizan protestas en la ciudad de La Paz. Dijeron que, debido a los conflictos, por una parte no tienen ventas y, por otra, exigieron que se garantice el abastecimiento de los mercados, porque carecen de los principales productos para alimentarse y alimentar a sus familias.
Edwin Chambi, secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de La Paz, manifestó que los afiliados a esa organización no pueden vender ni comprar mercadería, y menos productos para su consumo.
Pidió que el Gobierno viabilice la reprogramación del pago de créditos en los bancos, porque estas semanas de permanente conflicto les han afectado y no pueden pagar las cuotas de sus préstamos, ni cuentan con recursos para los alquileres de sus puestos de venta. “Estamos realmente muy afectados por esta situación”, sostuvo.
Consideró que el sector trabaja al día y come al día; sin embargo, por esta etapa de protestas y por el bloqueo de carreteras, se acabó su mercadería y “nos estamos comiendo nuestro capital, estamos realmente afectados”.
Manifestó que, debido al desabastecimiento, no pueden comprar productos; mencionó que la carne de pollo cuesta 100 Bs, y ahora ya no hay ni huevo, lo que les obliga a buscar otras opciones para alimentar a sus familias.
Los choferes también declaran que son afectados por la situación de convulsión social que enfrenta la sede de Gobierno; debido a ello, sostienen que el departamento de La Paz enfrenta una situación crítica que afecta a toda la población.
La Federación Departamental de Choferes de La Paz 1 de Mayo convocó a un ampliado este martes y declaró un paro indefinido, acusando al Gobierno de incumplir acuerdos previos. Sin embargo, expresó también su protesta porque se registra una falta de suministro de carburantes, como la gasolina y el diésel, debido a los bloqueos y las marchas que se realizan cotidianamente en distintos puntos de la capital y del departamento.
Los choferes de La Paz sostienen que esta situación, que repercute directamente en la sede de Gobierno, se ha convertido en un problema generalizado en la vida diaria, que afecta la actividad económica y el funcionamiento de los servicios de todo el departamento, entre ellos el transporte público.
El sector expresa que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad económica y social, especialmente en momentos de crisis como el que atraviesa La Paz, porque se afectan derechos básicos de la ciudadanía.
Además del desabastecimiento, el transporte público reclama por el aumento de costos de los productos de la canasta familiar, situación que genera un impacto negativo en los precios de bienes y servicios, lo que altera las actividades económicas y sociales de todo el departamento.
El Sindicato Mixto de Choferes de Colectivos, Microbuses, Minibuses, Carrys, Trufibuses y Trufis “Eduardo Avaroa” instruyó acatar disciplinadamente el paro indefinido, con el repliegue de todas sus unidades desde las cero horas del 27 de mayo.
También convocó a una marcha multitudinaria de protesta por la falta de combustible, la mala calidad de la gasolina, la escasez y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, y solicitó el diferimiento de seis meses en el pago de sus créditos en el sistema bancario, provocado por los conflictos sociales que enfrenta el país.
A ese sector también se suma el transporte libre, que expresa su protesta por la falta de combustible debido a los bloqueos, que impiden la llegada de gasolina y diésel a la ciudad, por lo que demandan el diferimiento del pago de sus créditos, ya que permanecen más de 20 días imposibilitados de trabajar.
Otro sector afectado por esta crisis son los panificadores, quienes advierten que no garantizan la provisión de pan a partir del próximo lunes, debido a la imposibilidad de adquirir los insumos para su elaboración, a causa de los bloqueos.
También exigen al Gobierno que cumpla con el pago en efectivo por la harina que tuvieron que comprar, debido a que no se entregó la harina subvencionada hasta el 29 de este mes.
Fernando Chambi, representante departamental del sector, informó que a la fecha, debido al bloqueo de carreteras, no pueden adquirir los insumos necesarios para elaborar el pan de batalla. A ello se suma los problemas provocados por la gasolina de mala calidad, que fue distribuida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y que ha reducido la producción hasta en un 40%.
Debido a todos esos factores, reiteró que a partir del próximo lunes no está garantizada la elaboración del producto, si el Gobierno no cumple con el compromiso de pago de la harina, que llega a los 2.7 millones de Bs.
Confirmó que desde el lunes no está garantizado el suministro si el Gobierno no cumple con el compromiso de pago de Bs 2.740.000 por la harina.
Chambi recordó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) entregaba la harina subvencionada; sin embargo, debido a un incumplimiento se llegó a un acuerdo para que esta vez el Gobierno entregue el 50% en producto y 50% en efectivo. Sin embargo, precisó que el precio del quintal subió de 250 Bs a 480 Bs.
Mientras que el Colegio Médico Departamental de La Paz convocó a la “Gran marcha de mandiles blancos” a realizarse el próximo jueves, en protesta por la falta de insumos médicos, como oxígeno, medicamentos y combustible, además de alimentos para los pacientes que se encuentran internados en los hospitales.
“¡La salud es un derecho, no un botín de presión! Por el derecho al acceso a la salud plena del pueblo boliviano. Por el respeto a la vida y la salud de los pacientes”, sostiene la convocatoria.
El presidente de esa institución, Luis Larrea, anunció esta protesta después de advertir los problemas provocados por el bloqueo de carreteras, que ponen en riesgo la vida de los pacientes y obligan a postergar tratamientos y cirugías debido a la falta de insumos, oxígeno y medicamentos.
A ello se suma la negativa de los bloqueadores a dejar pasar ambulancias con pacientes, extremo que a la fecha provocó el deceso de cuatro personas que no pudieron llegar de forma oportuna a un centro de salud para recibir atención médica, además de las agresiones que sufren los profesionales al intentar llegar a sus fuentes de trabajo por parte de los sectores movilizados.
Este martes, la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar) alerta sobre un inminente desabastecimiento de medicamentos, insumos, reactivos y equipos médicos en el sistema de salud del país, a raíz de los bloqueos de carreteras que afectan el transporte y la distribución de productos esenciales.
Asofar advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes e inmediatas, el país podría enfrentar una crisis sanitaria de gran magnitud, con consecuencias irreparables para la salud y la vida de la población. Además, la entidad remarcó que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental protegido por la Constitución y exhortó a las autoridades a actuar con urgencia y responsabilidad, priorizando la atención de los pacientes y la continuidad de los tratamientos médicos.