Situación
Los conflictos y bloqueos llevan 27 días; Paz enfrenta un nuevo escenario sin regulaciones para un estado de excepción
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz entra en un nuevo escenario frente a las protestas y el bloqueo que llevan 27 días exigiendo su renuncia, luego de promulgar la ley que elimina del ordenamiento jurídico nacional las regulaciones y limitaciones para la declaración de un estado de excepción que regían desde 2020.
La mayoría de los legisladores aprobó la norma en Diputados y Senadores, en medio del pedido de políticos, cívicos cruceños y diversas organizaciones de dictar un estado de excepción con la finalidad de terminar con el prolongado bloqueo de caminos que asfixia, principalmente, a La Paz y El Alto, y que empieza a extenderse a otras regiones con graves efectos humanitarios y económicos.
De hecho, el Comité Pro Santa Cruz esperaba la anulación de la Ley 1341, luego de que decidiera suspender el operativo dispuesto para levantar los bloqueos con “gente valiente” cruceña en San Julián y Yapacaní, los cuales llevan más de 15 días. En tanto, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica advirtieron sobre los riesgos ante la anulación de las limitaciones.
La norma abrogada fue aprobada durante la presidencia de Eva Copa en el Senado, en 2020, luego de que la expresidenta Jeanine Añez rechazara su promulgación.
La Ley 1341 establecía límites y condiciones para que el Órgano Ejecutivo pudiera activar un estado de excepción, mecanismo contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE) para situaciones de conmoción interna, grave conflicto o desastre nacional.
Por ejemplo, definía que el estado de excepción no podía extenderse por más de 90 días, debía ser notificado a la Asamblea Legislativa para su ratificación, prohibía la suspensión de ciertos derechos fundamentales —como el derecho a la vida y la presunción de inocencia— y exigía que las medidas adoptadas fueran estrictamente proporcionales a la gravedad de la situación.
En tiempo récord, la norma fue aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Poco después de que fuera sancionada en Diputados, ese mismo martes fue promulgada por el presidente Paz, aunque desde el Gobierno se aseguró en reiteradas oportunidades que un estado de excepción sería la última opción para enfrentar la conflictividad que lo golpea, bajo el argumento de que priorizarán el diálogo.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue una de las primeras autoridades que destacó la abrogación de la ley y consideró que "la fuerza de la institucionalidad, la democracia y la unidad de nuestro pueblo prevalecerá ante posiciones intrasigentes, violentas y criminales, vengan de donde vengan".
Hace cuatro semanas, grupos afines a Evo Morales, maestros rurales, campesinos y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen un paro y bloqueo que afecta principalmente a La Paz y El Alto, aunque en los últimos días se extendió a otras regiones.
Los manifestantes exigen la renuncia de Paz y descartaron, por lo menos hasta el momento, acudir a un escenario de diálogo. El Gobierno trató el sábado de abrir un corredor humanitario en la bloqueada carretera La Paz-Oruro, pero fracasó ante la violencia de los bloqueadores. Una persona perdió la vida.