Conflictos
Asambleístas y representantes de la APDH plantean dejar sin efecto las órdenes de aprehensión contra dirigentes para instalar el diálogo
Asambleístas y representantes de las organizaciones de derechos humanos demandan que el Gobierno nacional dé garantías a los dirigentes de los sectores movilizados, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo y sedición, a denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobierno.
Esta tarde se instaló la mesa de diálogo promovida por el vicepresidente Edmand Lara; sin embargo, no hubo avances debido a la inasistencia del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y del máximo dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, quienes condicionaron su presencia a la anulación de las órdenes de aprehensión en su contra.
A la espera de una respuesta del Gobierno, después del compromiso asumido por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien manifestó que realizaría gestiones ante el Ministerio de Gobierno, los senadores de la Alianza Libre, Tomasa Yarhui y José Sánchez, además de representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y El Alto, señalaron que esperan que el Ejecutivo garantice la presencia de los dirigentes de los sectores que bloquean las carreteras desde hace 28 días.
Al respecto, el vicepresidente Edmand Lara sugirió que una salida jurídica sería el desistimiento de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Gobierno, lo que dejaría sin efecto las órdenes de aprehensión.
Yarhui consideró que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz debe facilitar la presencia de los representantes de los sectores sociales para garantizar la continuidad de las negociaciones, ya que el objetivo es llegar a resultados satisfactorios ante la desesperación de la población por la situación de desabastecimiento.
Planteó que el Gobierno debe ser más eficiente para garantizar la presencia de los representantes de los sectores movilizados en la mesa de diálogo.
“Ojalá que continúe a la cabeza de la Iglesia Católica, que vengan los organismos internacionales. Es un tema de suma urgencia que vivimos los bolivianos. Necesitamos sentarnos, necesitamos que continúe el diálogo y necesitamos resultados”, sostuvo.
Dijo que, a través de una nota, los dirigentes expresaron que no cuentan con garantías para presentarse ante la mesa de diálogo, por lo que consideró que es el Gobierno el que debe otorgarlas para llegar a un acuerdo y pacificar el país.
“Darles garantías es una responsabilidad del Ejecutivo, pero necesitamos sentarnos entre el Gobierno y las organizaciones en conflicto; lo más importante es que se sienten a negociar”, manifestó.
Añadió que se espera la presencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, así como de organismos internacionales, para garantizar el diálogo que podría reinstalarse mañana a convocatoria de la Iglesia Católica.
El senador Sánchez, por su parte, informó que se hará una última invitación para que los dirigentes se presenten al diálogo.
“Vamos a seguir ultimando esfuerzos para que puedan estar presentes. Ellos están pidiendo garantías y es lo que se está trabajando en este momento”, afirmó.
Anunció que la nueva convocatoria se realizará este viernes y que se están tomando todos los contactos necesarios para obtener respuestas hasta el final de la tarde.
El senador afirmó que, debido a la situación que vive el país, la Asamblea Legislativa tomó la iniciativa de intermediar, aunque destacó que es la Iglesia Católica la que está asumiendo la responsabilidad de facilitar el diálogo por su seriedad y credibilidad.
Consideró que ya hubo acercamientos y que solo resta trabajar en las próximas horas “invocando y convocando a los dirigentes que son los verdaderos portavoces de estos sectores sociales que están en conflicto”.
Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, afirmó que durante varios días pidieron la instalación de la mesa de diálogo y ayuda humanitaria para los choferes varados, pero no hubo resultados.
Señaló que le preocupa la situación de las familias de personas internadas en hospitales, de quienes tienen varios hijos y de quienes viven en hogares donde ya no hay alimentos ni medicamentos, además del incremento de precios.
Informó que la APDH de El Alto busca que se instale el diálogo debido a la emergencia que enfrenta el país, pero que los dirigentes de la COB y de los campesinos de La Paz exigen garantías de que no serán aprehendidos.
Sostuvo que existe el derecho a la protesta de quienes están movilizados en las carreteras; sin embargo, denunció que algunas personas agreden sin motivo, provocando que ciudadanos terminen hospitalizados.
“Quiero aclarar a la población que la APDH de la ciudad de El Alto lo único que quiere, junto con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, es mediar en este conflicto. Lo único que queremos es que puedan dialogar, sentarse y buscar una solución y la paz en Bolivia”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Emilio Loza, informó que nuevamente se enviaron invitaciones a las organizaciones sociales en conflicto, aunque consideró que el ministro de la Presidencia debe cumplir su compromiso de evitar aprehensiones contra los representantes.
“Esperamos que vengan los representantes de los movimientos sociales, pero el tema de garantizar el diálogo pasa porque el Ministerio Público se manifieste con relación a los mandamientos de apremio”, sostuvo.