2026-05-29

Situación

Empieza la quinta semana de cerco a La Paz y El Alto: el diálogo no asoma y la población sufre la escasez

Los dirigentes de los bloqueos exigen anular las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes, entre ellos Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad.

Cierra la cuarta semana de un duro bloqueo de caminos y de posicionamientos radicales que ponen en riesgo las gestiones reservadas de diálogo que realiza la Iglesia Católica. Mientras tanto, la población permanece atrapada, sin poder mejorar su acceso a alimentos y carburantes, y expuesta a información falsa, como el supuesto movimiento de tanquetas.

Es el día 29 y empieza una quinta semana sin una posibilidad real de solución. En los últimos días entró en escena una comisión de facilitadores, liderada por la Iglesia Católica, con gestiones reservadas de acercamiento que, hasta el momento, no han logrado materializarse en un diálogo debido al condicionamiento de anular las órdenes de aprehensión contra los líderes de la movilización.

Por ahora no hay nada concreto sobre un encuentro y el Gobierno espera los resultados de las gestiones, aunque el presidente Rodrigo Paz lanzó una advertencia el miércoles durante la inauguración del Consejo Económico y Social: “Yo tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba; hoy día, aquí, convocamos al diálogo”, afirmó el mandatario.

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Los facilitadores han convocado a dos reuniones, pero en ninguna participaron los dirigentes de los sectores movilizados. El jueves se conoció la exigencia de anular las órdenes de aprehensión, por lo que se suspendió la cita a la espera de generar mejores condiciones, pese a que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ofreció garantías de seguridad a los dirigentes que tienen mandamientos de detención.

Estos esfuerzos contrastan con las posiciones radicales de un grupo de campesinos de la provincia Aroma: “Bien te vas con una convulsión social o bien te vas renunciando, ya no más”, amenazó un campesino rodeado por otros en un video difundido el jueves, en coincidencia con voces similares reportadas en distintos puntos de bloqueo en El Alto y otras regiones.

A este complejo panorama se suma la difusión de noticias falsas en redes sociales, que busca generar mayor incertidumbre en la ciudadanía. La noche del jueves circularon videos de tanquetas que aparentemente salían de Patacamaya hacia La Paz, una versión que, en horas de la madrugada, fue negada por autoridades militares y del Ministerio de Defensa.

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Mientras tanto, el día a día de la población no cambia. Los ciudadanos hacen largas filas para conseguir pollo —el cual, además, se vende a precios elevados— y buscan abastecerse con lo mínimo en los mercados ante la escasez. Asimismo, los choferes pernoctan en sus vehículos durante varias noches en los surtidores, a la espera de cargar un combustible que no logra ingresar normalmente a La Paz ni a El Alto.

La interrupción de los caminos que conectan con Oruro, Desaguadero, Copacabana y los Yungas cercó a ambas ciudades y cerró sus rutas de aprovisionamiento. Tampoco prosperó el intento de abrir un corredor humanitario el sábado y, en circunstancias que se investigan, murió uno de los bloqueadores por un impacto de bala.

Afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), bajo la dirigencia de Mario Argollo —declarado en la clandestinidad—, los campesinos de La Paz, liderados por el dirigente Vicente Salazar, grupos afines al expresidente Evo Morales y maestros rurales protagonizan este duro bloqueo que no encuentra una salida, al menos por el momento, cuando la crisis entra en su quinta semana.

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Por su parte, las pérdidas económicas ya suman millones de dólares y no solo afectan a las ciudades cercadas, sino al resto de Bolivia, debido a otros bloqueos que interrumpen el traslado del comercio interno y externo. Los exportadores ya han perdido más de $us 500 millones, mientras que La Paz y El Alto acumulan pérdidas que superan los $us 600 millones.

A esta compleja situación se sumó el paro del transporte público en La Paz, en reclamo de combustible y por el pago de un resarcimiento por los daños causados en sus vehículos a raíz de la distribución de la denominada “gasolina basura”. Los transportistas marcaron distancia de las protestas que piden la renuncia de Paz, y el Gobierno ya los convocó a una mesa de diálogo.

Este es el panorama en el que pasa sus días gran parte de la población de El Alto y La Paz: una compleja situación que entra en su quinta semana en medio de pedidos, por parte de políticos y actores sociales, para que se dicte el estado de excepción.

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