Conflicto social
Sin salida clara a la crisis en Bolivia, entra en debate la revocatoria de mandato del Presidente y del Vicepresidente
Con más de 90 puntos de bloqueo que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, amaneció el primer día de junio en Bolivia. Un día antes, dirigentes de los sectores movilizados dieron la espalda al diálogo y en varios puntos del país se registraron choques entre bloqueadores y bloqueados, mientras el Gobierno no logra neutralizar las medidas de presión. Ante esta situación, cada vez más crítica, entró en debate público la idea de una revocatoria de mandato anticipada para el Presidente, Vicepresidente y legisladores.
Aunque por Constitución la revocatoria de mandato de autoridades electas sólo puede ser solicitada una vez que haya transcurrido al menos la mitad del mandato (Paz Pereira tiene apenas seis meses en el cargo que dura cinco años), se lanzaron alternativas legales como la planteada por el diputado de la alianza Unidad y abogado constitucionalista Carlos Alarcón, quien propuso:
El Artículo 240 en su parágrafo I: Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley.
El parágrafo II: La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo.
El parágrafo III: El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público. Mientras que el parágrafo IV: La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá de acuerdo a ley.
El parágrafo V: Producida la revocatoria de mandato, el afectado cesará inmediatamente en el cargo, proveyéndose su suplencia conforme a ley; y el parágrafo VI: La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo.
En las últimas horas, a 32 días de la crisis que enfrenta el país, por el bloqueo de carreteras instruido por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses y 25 días, surgen voces de propuestas para adelantar el referéndum revocatorio establecido en el artículo 27 de la Ley de Régimen Electoral.
El inciso I de esa norma sostiene que: “La iniciativa popular para la revocatoria de mandato podrá iniciarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del período de mandato de la autoridad electa, y no podrá realizarse durante el último año de la gestión en el cargo”.
Sin embargo, debido a la crisis que enfrenta el país por el bloqueo de carreteras ejecutado por las federaciones departamentales de campesinos, en La Paz, el departamento más afectado por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, y en otros departamentos como Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, y ante el fracaso del diálogo propuesto por la Vicepresidencia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, surgen estas propuestas.
El diputado por la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, fue el primero en proponer la realización de un referéndum revocatorio extraordinario, para que la población decida sobre la continuidad del presidente en el cargo, con el argumento de que el Gobierno no declaró una medida de excepción que, desde su punto de vista, sería la forma de poner fin a este conflicto social.
A esa iniciativa se sumaron otras, como la planteada por el exsenador Andrónico Rodríguez, quien propuso adelantar el referéndum revocatorio para frenar el conflicto social.
Además de esas dos propuestas, el abogado Guido Calcina y el economista Gonzalo Colque también plantearon iniciativas en ese mismo sentido. El jurista independiente presentó una iniciativa en la que incluye la pregunta que se debería hacer a la población boliviana.
Mientras que Colque sugirió realizar un referéndum ordinario establecido en la Ley 026, debido a que no se puede convocar a un revocatorio que, de acuerdo a la norma, se debe realizar a la mitad del mandato de una autoridad electa.
Alarcón anunció esta mañana que un proyecto de ley buscará aprobar este recurso legal con el propósito de poner fin al conflicto social que enfrenta el país, debido a que el Gobierno no dictó una medida de excepción para controlar la convulsión social, a pesar de que la Asamblea Legislativa abrogó la Ley 1341 que limitaba esa posibilidad.
Explicó que, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea concluirían sus mandatos en 2030. En caso de que triunfe la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en un plazo de hasta cinco meses.
Añadió que si el voto fuera contrario a la revocatoria, permitiría llevar una agenda mínima que siente las bases de la recomposición democrática de las instituciones y de la economía, sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa que garantice, en los casos necesarios, dos tercios de votos.
Andrónico Rodríguez, a través de sus redes, sostuvo que ante la situación que enfrenta el país se requieren “medidas drásticas”, pero en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, para evitar que los conflictos sociales se agudicen.
“Frente a la insensibilidad del gobierno, planteamos: viendo todas las formas legales, adelantar el referéndum revocatorio como mecanismo legal para una salida democrática”, escribió.
Afirmó que, para evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica, es más importante y urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática.
Colque se sumó a las propuestas y planteó que se convoque a un referéndum ordinario, ni revocatorio ni extraordinario, como plantearon Alarcón y Rodríguez.
“Frente a la intransigencia de los bloqueadores y la inacción del Gobierno, la salida más democrática es volver a consultar al ciudadano. Que ni los bloqueos ni los llamados a la violencia sustituyan la voluntad soberana de todos los bolivianos. Que la falta de previsiones legales tampoco impida abrir una salida para situaciones extremas”, escribió en su cuenta de Facebook.
Dijo que se debería realizar una pregunta simple y directa: “¿Está usted de acuerdo con que el Presidente concluya su mandato antes del plazo previsto? Si gana el Sí, se activará una transición ordenada y se convocan elecciones generales en un plazo determinado, según un acuerdo previo. Si gana el No, el Presidente revalida su legitimidad política hasta el final de su mandato”.
Afirmó que no se convocaría a un referéndum revocatorio (no se puede antes de la mitad del mandato) ni uno “extraordinario” como propone el diputado Alarcón, sino un referéndum nacional ordinario como el que contempla la Ley 026: un mecanismo constitucional por el cual los bolivianos deciden sobre asuntos de interés público. Algo así allanaría el camino legal y procedimental, además de desactivar ya el conflicto.
En este caso, el “Sí” no “revocaría” el mandato, sino que sería un pedido democrático por consenso para que el presidente presente su renuncia. Para todo esto, se requiere un acuerdo político previo, aclaró. “Es hora de que la Asamblea Legislativa tome la iniciativa. Combinar acuerdos políticos mínimos y principios constitucionales”, aseguró.
El abogado Calcina, por su parte, presentó esta mañana a la Cámara de Diputados una solicitud de convocatoria a un referéndum vinculante para definir el cese de funciones del Presidente, Vicepresidente y diputados del Estado Plurinacional, argumentando la necesidad de que la ciudadanía se pronuncie sobre la continuidad de las actuales autoridades.