Posición
La CIDH llama al Estado y a los sectores sociales a dialogar y abrir corredores humanitarios
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y llamó al Estado y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo, así como a establecer de manera urgente corredores humanitarios que permitan el aprovisionamiento de alimentos y medicamentos.
A través de un comunicado de prensa, el organismo internacional hizo un repaso de la magnitud de la extrema medida de presión que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que este martes cumple 33 días de un duro bloqueo de caminos, el cual mantiene aisladas y cercadas a diversas regiones y ciudades del país, principalmente a La Paz y El Alto.
La CIDH también reconoció la legitimidad de las protestas sociales y señaló que el Estado “debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida cotidiana”, por lo que instó a las autoridades a “respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto”.
Respecto al uso de la fuerza pública, consideró que “toda actuación orientada al control de manifestaciones debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad”.
Si bien la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, facilitadoras de la negociación, insisten en una solución por el diálogo, sectores políticos, cívicos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno recurrir al estado de excepción para pacificar Bolivia ante el prolongado bloqueo y la negativa de los movilizados a negociar.
La Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos y los maestros rurales decidieron el domingo, en un ampliado, rechazar el diálogo y mantener el bloqueo, que alientan hasta la renuncia de Paz. De esta protesta también participan grupos afines al expresidente Evo Morales.
Ante las afectaciones al ejercicio de otros derechos fundamentales —como el acceso a la salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales—, la comisión recordó que en estos escenarios “se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”.
En esa línea, exhortó al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar la concertación como la vía idónea para lograr una salida a la crisis y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización dentro de una sociedad democrática.
“Tanto el Estado como las personas manifestantes deben adoptar medidas para evitar riesgos a la vida e integridad de terceros, como el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, de personal médico y de provisiones indispensables, así como el acceso a medicamentos y alimentos”, se lee en el pronunciamiento oficial.