Operativos
Viceministro Paredes dice que el Legislativo tiene 72 horas para aprobar la ley de “acción humanitaria” para desbloquear
El gobierno de Rodrigo Paz espera que la Asamblea Legislativa apruebe en un plazo máximo de 72 horas el proyecto de ley de estado de excepción con carácter humanitario, que respaldará la movilización coordinada de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana para levantar los bloqueos de caminos, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.
“Se va a tomar esa acción y esperamos que toda la población apoye. No es un caso como en los gobiernos de facto, donde la medida de excepción era para reprimir o para hacer daño. No, ahora no; esta es una acción humanitaria”, explicó la autoridad respecto al alcance del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Órgano Legislativo.
La propuesta legal busca reemplazar la normativa previa que regulaba y ponía “candados” a la declaración del estado de excepción. Tras la posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el propio presidente Paz explicó que la iniciativa enviada al Parlamento plantea un renovado concepto de esta medida constitucional, debido a que se asienta sobre la base de una “acción humanitaria” y no en una lógica de represión.
Paredes espera que la ley sea sancionada en el plazo estipulado de 72 horas para activar la apertura humanitaria de los puntos de bloqueo, los cuales cumplen 34 días este miércoles.
Esta extrema medida de presión mantiene aisladas a varias regiones y ciudades del país —siendo La Paz y El Alto las más afectadas—, con sus rutas de aprovisionamiento de alimentos, carburantes e insumos médicos totalmente cortadas.
Sectores campesinos, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines a Evo Morales son los dinamizadores de estas movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Paz. Los puntos de bloqueo se contabilizan por decenas en diferentes regiones de Bolivia, manteniendo a miles de camiones y a sus choferes atrapados en las carreteras, sin acceso a alimentación ni asistencia médica, mientras los daños económicos ya se reportan como incalculables.
“Nosotros vamos a actuar con armas no letales, salvo en casos específicos donde identifiquemos que haya armamento entre los bloqueadores —y en eso la labor de Inteligencia va a ser muy efectiva—. Si se identifica armamento, entonces se tomará otro tipo de estrategias; pero el objetivo principal no es ir a reprimir ni a matar gente, sino devolver los derechos a la libre circulación y a la salud de toda la población”, insistió el viceministro.
Hasta el momento no se vislumbra una salida definitiva a la crisis social, aunque el presidente Paz reveló que ya existieron los primeros contactos con dirigentes de los campesinos Túpac Katari y de la Confederación de Mujeres 'Bartolina Sisa', quienes operativizan el cerco en El Alto y en las carreteras hacia Oruro, Desaguadero y Copacabana. De avanzar y lograrse un acuerdo con estos sectores, se desmovilizaría a gran parte de los bloqueadores.
Paredes espera el apoyo de la población, de las iglesias y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en estos operativos humanitarios.