Bloqueos
Bolivia ingresa a su sexta semana de conflicto con la tensión en ascenso y bajo la sombra de un estado de excepción
Bolivia ingresó este lunes 8 de junio a su sexta semana de conflictos sociales con bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, en un ambiente de creciente tensión, con 90 rutas cortadas por los manifestantes, la reaparición de videos de grupos armados que amenazan a la Policía y anuncios de refuerzo en los puntos de protesta.
Ese es el panorama un día después de que el Legislativo dio luz verde para la aprobación de estados de excepción, algo que varios sectores exigen al Ejecutivo para frenar la convulsión y sus efectos económicos y sociales. No obstante, el Gobierno aún no sancionó la norma y tampoco anunció un eventual estado de excepción, aunque este lunes el presidente se reúne en Palacio de Gobierno con su gabinete de ministros y miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.
El mayor golpe de los 39 días de protesta se siente en La Paz, la ciudad sede del Gobierno, que volvió a amanecer con escasa circulación de transporte público y bloqueos en las estaciones de servicio, donde existen colas de cuadras y cuadras de pobladores que esperan por combustible, durmiendo dentro de sus motorizados hasta por cuatro días.
La situación amenaza con complicarse, ya que los movilizados habrían decidido aumentar la presión a esta urbe. Desde el norte de Potosí, por ejemplo, se informó que pobladores del municipio de Chayanta partieron la noche del domingo con destino a La Paz. Desde la localidad de Pocoata partieron cinco buses, según publicó el periodista Andrés Gómez, acompañando el mensaje de un vecino de la zona: "Están viajando con sus monteras de tinku; dicen que van a reforzar las movilizaciones en La Paz".
La situación es parecida en otras zonas del país, como por ejemplo en San Julián, en la carretera entre Beni y Santa Cruz, donde las juntas vecinales decidieron sumarse a la demanda de renuncia del Jefe de Estado luego de que el sábado un operativo policial-militar, con presencia de civiles de la Unión Juvenil Cruceñista, fracasó en su intento de desbloquear la carretera en ese lugar, en una jornada de mucha violencia en la que al menos una veintena de civiles y seis policías resultaron heridos, cuatro de los uniformados con disparos de bala.
De igual forma, ayer las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba decidieron masificar el bloqueo de carreteras, en rechazo al operativo realizado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en el municipio de San Julián. El Gobierno ha denunciado en reiteradas oportunidades que allí se encuentra el principal impulsor y financiador de las protestas, el expresidente Evo Morales.
Los dirigentes de esa organización que agrupan a la Federación Especial de Chimoré, la Federación Especial de Colonizadores de Carrasco Tropical, la Federación Agraria Mamoré Bulo Bulo, la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, la Federación Única de Centrales Unidas y la Federación Yungas Chapare, convocaron a un ampliado de emergencia este domingo, en el que asumieron esa determinación.
Allí, el dirigente Gastón Ledezma anunció la decidió de fortalecer los bloqueos, en respaldo a las acciones que realiza en La Paz la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Tupac Katari.
El fin de semana, a este escenario de creciente tensión se sumó la reaparición en redes sociales de videos que muestran a un grupo armado lanzando amenazas contra los policías y los legisladores que apoyaron la Ley de Regularización de Estados de Excepción y finalmente la sancionaron para que el Ejecutivo la promulgue, cosa que no ha ocurrido hasta las 11:00 de este lunes, hora en que continuaba la reunión de emergencia del gabinete de ministros.
No es la primera vez que aparecen este tipo de videos, en los que grupos armados de entre 20 a 25 personas se muestran encapuchados lanzando amenazas contra el Gobierno y anunciando el inicio de una rebelión armada, algo exactamente igual a lo que ocurrió en la crisis de 2019, cuando grupos movilizados demandaban el retorno de Evo Morales, quien había renunciado al cargo luego de las denuncias de fraude electoral en un proceso en el que intentó una cuarta elección continua.
Esta vez, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira acusó directamente al expresidente Morales de estar detrás de los bloqueos en su afán de retomar el poder y recibió un contundente respaldo del gobierno de Estados Unidos y del denominado Escudo de las Américas.
El viernes, los países miembros de este grupo emitieron un comunicado anunciando ese respaldo y dejaron establecido que “quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos”. Luego, la Embajada de Estados Unidos se pronunció señalando que “Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región “.
Ese mismo día, el presidente Paz Pereira, denunció que Morales recurre a recursos ilícitos, provenientes del narcotráfico del Chapare (Cochabamba), para usar a sectores sociales con el fin de romper el orden constitucional.
Ayer, ratificó esa posición en un mensaje en redes sociales en el que anunció que “no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir. Bolivia seguirá de pie”.