Posición
Ministro Oviedo asegura que no se actuará bajo presión con un estado de excepción, insiste en el diálogo y acusa a Morales
Los bloqueos agravan la situación en diferentes regiones y la declaratoria de un eventual estado de excepción se dictará solo cuando se "considere necesario". El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el Ejecutivo tiene como eje central para enfrentar este conflicto la vía del diálogo y acusó a Evo Morales de financiar las movilizaciones con dinero ilícito, aunque evitó referirse a una eventual denuncia penal en su contra.
“La matriz principal del Gobierno hoy es la que estamos aplicando aquí en Santa Cruz: resolver el tema por la vía del diálogo. El estado de excepción se declarará cuando el presidente y el equipo ministerial lo consideren necesario. Yo no quiero especular sobre esto; el Gobierno se maneja por su propia agenda”, afirmó ante la presión social para aplicar dicha medida y la posibilidad de diálogo en San Julián, que impide el tránsito entre Santa Cruz y Beni.
Cabildos ciudadanos en La Paz y Sucre exigieron la noche del martes la declaratoria de un estado de excepción, pedido al que se suman empresarios, cívicos, políticos y organizaciones afectadas por el prolongado bloqueo que ya golpea a seis de los nueve departamentos. El gobierno del presidente Rodrigo Paz ya cuenta con la ley reglamentaria para aplicar esta medida, pero hasta el momento no ha tomado una definición.
Por otra parte, campesinos del norte de Potosí y cocaleros del Chapare llegaron en las últimas horas a la urbe de El Alto tras sortear diferentes puntos de bloqueo sin mayores inconvenientes. Su intención es fortalecer las protestas que exigen la renuncia del primer mandatario, en un conflicto que tiene como epicentro a La Paz y El Alto, ciudades que se encuentran aisladas y bajo una latente crisis humanitaria.
“Es una medida política dirigida por el narcoterrorismo originado en el Chapare. Eso es lo que está sucediendo en el país. Debo informar que se ha detectado a muchos dirigentes del Trópico desplazándose hacia los puntos de bloqueo con altas sumas de dinero destinadas a sostener las movilizaciones”, aseguró la autoridad en una entrevista con la red Unitel.
A pesar de sostener la hipótesis de que Morales financia esta extrema medida de presión, Oviedo aclaró que el Ministerio de Gobierno no ha presentado una denuncia formal hasta el momento, porque la investigación de oficio es atribución del Ministerio Público. No obstante, confirmó que sí existen procesos específicos contra personas interceptadas en las carreteras con dinero cuya procedencia no supieron justificar.
“Esto le corresponde al Ministerio Público, que, tal como reza su ley orgánica, es la institución encargada de defender a la sociedad. Efectivamente, en varios de los casos, el Ministerio de Gobierno se ha constituido en parte denunciante contra los implicados que hemos sorprendido en flagrancia”, explicó.
La extrema medida de presión cumple este miércoles 40 días asfixiando a varias regiones, principalmente a La Paz y El Alto, al haber cerrado sus rutas de aprovisionamiento de alimentos, carburantes e insumos médicos. Hasta el momento no han prosperado los acercamientos y el Ejecutivo atribuye el fracaso a la intervención de los sectores más radicales vinculados al evismo.
“En El Alto ya son muchas las organizaciones y juntas vecinales que están conversando con nosotros; hemos recibido sus pliegos y peticiones ciudadanas, como debe ser, y ya representan a una gran mayoría. Frente a la imagen que se intenta proyectar, hoy El Alto es una ciudad tranquila. Persisten, eso sí —no vamos a negarlo—, algunos puntos de bloqueo en las carreteras periféricas que impiden el ingreso de productos”, concluyó el ministro.
Desde el Gobierno insisten en calificar el escenario como un plan de “narcoterrorismo” gestado en el Chapare, región donde permanece atrincherado Morales para evitar su captura en el marco del proceso penal que enfrenta por presunto estupro y trata de personas. Por su parte, Morales desafió al Ejecutivo a detenerlo y replicó acusando a la actual administración de tener múltiples casos de narcotráfico sin resolver.