Determinaciones
Cabildo de la provincia Los Andes radicaliza medidas de presión e insiste en la renuncia del presidente Paz
En medio de la creciente crisis política y social que atraviesa Bolivia, organizaciones campesinas, indígenas y sindicales de la provincia Los Andes aprobaron una resolución que endurece las medidas de presión contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, insistiendo en la exigencia de su renuncia y la de todo su gabinete ministerial.
La determinación fue asumida durante un cabildo abierto realizado en el municipio de Pucarani, donde participaron representantes de las 23 centrales agrarias de la provincia, junto a organizaciones afiliadas a la Federación Provincial Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa".
En la resolución, las organizaciones declararon como prioridad la liberación de las personas detenidas durante las recientes movilizaciones sociales y rechazaron lo que consideran una política de persecución contra dirigentes y sectores movilizados.
Asimismo, anunciaron la radicalización de las protestas mediante el fortalecimiento de los bloqueos de caminos y la adopción de medidas que incluyen la toma de instituciones públicas, además de acciones coordinadas para interrumpir servicios básicos como agua y energía en el marco de las movilizaciones, hasta lograr la renuncia del mandatario.
Los dirigentes denunciaron que el Gobierno estaría vulnerando derechos constitucionales y convenios internacionales relacionados con la protección de organizaciones sindicales y pueblos indígenas. También expresaron su rechazo a lo que califican como una criminalización de los símbolos y vestimentas originarias durante los conflictos recientes.
Uno de los puntos más contundentes de la resolución advierte que las organizaciones matrices del movimiento campesino e indígena no negociarán sus demandas con el Ejecutivo y exhorta a las bases sociales de las 20 provincias del departamento de La Paz a consolidar un cerco sobre la sede de gobierno para forzar la salida del presidente.
La resolución también fija un plazo de 48 horas para que autoridades políticas, alcaldes, concejales, legisladores y representantes institucionales expresen públicamente su respaldo a las demandas de las organizaciones movilizadas. Caso contrario, advierten que podrían ser desconocidos por sus bases.
De igual manera, convocaron a transportistas, sectores urbanos, organizaciones vecinales y mineras a sumarse a las medidas de presión. El documento también exige el repliegue de efectivos policiales y militares a sus regiones de origen, instándolos a apoyar las demandas sociales impulsadas por las organizaciones movilizadas.
Las organizaciones ratificaron además la necesidad de fortalecer la coordinación con la ciudad de El Alto y sus organizaciones vecinales para consolidar una movilización conjunta que permita ampliar la presión sobre el Gobierno.
La resolución concluye señalando que las medidas de protesta continuarán de manera indefinida hasta alcanzar el objetivo central planteado por el cabildo: la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira y de todos sus ministros.
El pronunciamiento surge este viernes cuando se cumplen 42 días de bloqueos y protestas que se registran en el país. La Paz es el departamento más golpeado por esta medida de presión que causa desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.