Bloqueos
Conminatoria de la COB rechaza criminalización de protestas, pide cumplir promesas electorales y exige expulsión de Cerimedo, pero ya no exige la renuncia de Paz
“La Conminatoria y Planteamiento para la Pacificación y la Recuperación del País” de la Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno nacional incluye temas como el rechazo a la criminalización de la protesta, el cumplimiento de las promesas electorales y los compromisos asumidos por el pueblo boliviano, la no privatización de las empresas, el rechazo a un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el alejamiento e investigación del asesor presidencial Fernando Cerimedo. En comparación con anteriores pliegos, este ente matriz ya no exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Además, plantea la creación de una comisión especial mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar los casos “narcomaderas” y “narcomaletas”; el compromiso para que no se eleven los precios de los carburantes, la compensación por los combustibles defectuosos, la socialización obligatoria de los proyectos de ley antes de su consideración, la toma de medidas urgentes para proteger la canasta familiar y la protección de las áreas protegidas, donde no se realizarán actividades mineras ni petroleras, entre otras.
“La Central Obrera Boliviana, las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas originarias, vecinales, fabriles, mineras, gremiales, transportistas y sectores populares del país conminan y plantean al Gobierno nacional la atención inmediata de los puntos adjuntos, para ello exigimos la respuesta por parte del presidente Rodrigo Paz de manera inmediata y se solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y la no judicialización de la protesta”, sostiene el documento.
Condiciona que esta conminatoria deberá regirse bajo una agenda pública, plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles, estructurados en los siguientes ejes fundamentales:
- Derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación
Rechazo a la criminalización de la protesta: se rechazan los proyectos de ley antobloqueos y se exige suspender, abrogar y el archivo definitivo de toda norma que restrinja desproporcionadamente el derecho a la movilización. Se prohíbe el uso de acusaciones generalizadas de terrorismo o narcotráfico contra las organizaciones sin pruebas individualizadas.
Cese de persecución y liberación de detenidos: se exige el alto inmediato a la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas. Se solicita la liberación inmediata y amnistía mediante la revisión de casos de los presos políticos y personas detenidas en el marco del conflicto, garantizando el debido proceso.
Lucha contra el racismo: detener de manera inmediata todo acto de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- Cumplimiento de compromisos y control social
Garantía de gestión: se exige al Gobierno nacional cumplir estrictamente las promesas electorales y los compromisos asumidos ante el pueblo boliviano.
Marco normativo: se plantea la aprobación prioritaria (en tiempo y materia) de un proyecto de ley de cumplimiento programático y control social, para que el presidente, gobernadores y alcaldes rindan cuentas obligatorias sobre sus promesas de campaña.
En este sentido, la ALP sancione, con dispensación de trámite, el proyecto de ley de cumplimiento estricto del programa de gobierno y principales propuestas de gestión pública por quienes fueran elegidos como presidente del Estado, vicepresidente del Estado, gobernadores y alcaldes municipales, para su promulgación por el presidente del Estado.
- Soberanía económica y defensa de empresas públicas
No a la privatización: se garantiza que no se impulsará ninguna privatización, capitalización, concesión encubierta ni entrega directa o indirecta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros. Se prohíbe la injerencia de transnacionales en el manejo de los recursos estratégicos del Estado.
Rechazo a condicionamientos financieros: Bolivia no accederá a ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, se exige transparentar cualquier negociación, crédito o acuerdo con el Banco Mundial, BID u otros organismos, informando detalladamente sobre montos, tasas, plazos, condiciones e impactos en la soberanía económica.
Pacto fiscal autonómico: se debe acelerar la distribución del 50/50 de los recursos con las gobernaciones y alcaldías para fortalecer las regiones.
- Transparencia, fiscalización e investigación soberana
Alejamiento e investigación de Fernando Cerimedo: se exige la expulsión y el alejamiento inmediato del ciudadano extranjero Fernando Cerimedo de cualquier función formal o informal de asesoramiento o toma de decisiones en el Gobierno boliviano. Se solicita una investigación minuciosa sobre su participación en el Estado, el uso de bienes públicos y su presunta influencia en la designación de puestos, direccionamiento de contrataciones y abuso de influencias.
Comisión especial de investigación: se exige conformar una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar los casos de narcotráfico denominados “narcomaderas” y “narcomaletas”, determinando las fallas de control estatal y las redes de corrupción.
- Política de hidrocarburos y resarcimiento técnico
Estabilidad de precios: no se incrementarán los precios de los combustibles de consumo nacional.
Compensación por carburantes defectuosos: se exige a YPFB, la ANH y al Gobierno nacional un resarcimiento integral y oportuno para todos los propietarios, transportistas y familias afectadas por la distribución de gasolina desestabilizada o combustibles adulterados. Asimismo, se demanda una auditoría técnica independiente sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de los carburantes.
- Socialización legislativa y democracia participativa
Consulta previa obligatoria: antes de la aprobación, tratamiento o promulgación de cualquier ley, decreto supremo o medida macroeconómica, el Órgano Ejecutivo y Legislativo deben socializarlos de manera obligatoria con los sectores afectados, organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originarios campesinos.
- Canasta familiar, derechos laborales y seguridad social
Protección del bolsillo popular: implementación de medidas urgentes para proteger la canasta familiar, frenar la especulación, controlar el incremento de precios y garantizar el salario real y el empleo estable.
Fondo de jubilación digna: crear un fondo soberano para que todos los sectores laborales del país reciban una jubilación al 100%, igualando el beneficio de las Fuerzas Armadas e incluyendo a la Policía Boliviana.
Atención a demandas sectoriales: atender mediante mesas de trabajo el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana gestión 2026 e incorporar los pliegos específicos de los sectores transporte, campesino, FEJUVES y demás organizaciones.
- Medio ambiente y política internacional pacifista
Protección de áreas protegidas: no se utilizarán parques nacionales ni reservas naturales para explotación minera, petrolera o actividades destructivas.
Principio pacifista: el Gobierno boliviano debe mantener una posición internacional coherente con la Constitución Política del Estado.
Declaración final
La paz social en Bolivia no se logrará mediante la imposición, la estigmatización o la persecución jurídica; se construirá únicamente a través de la atención de las demandas, con los actores legítimos en la mesa y con la voluntad política de cumplir los compromisos firmados ante el pueblo.