Posición
Gobierno busca el desbloqueo y una tregua campesina, pero mantiene abierta la opción del estado de excepción
El “sufrimiento y asfixia” provocados por los bloqueos “tienen que tener responsables” y estos deben “dar la cara ante la ley”, mientras que la desmovilización de los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y una tregua en las rutas por parte de los campesinos son necesarias en este proceso de acercamiento y diálogo, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
También advirtió que el Gobierno tiene la atribución de recurrir al estado de excepción para restablecer el orden. “El tema del estado de excepción es algo que está en permanente evaluación, y va a ser considerado y evaluado según las necesidades”, aseguró, a 49 días de un duro bloqueo que comenzó con la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El diálogo con la dirigencia de la COB se encuentra en un cuarto intermedio, a la espera de que concluya el trabajo de una comisión que evalúa la situación jurídica de los detenidos en las protestas, ante el pedido de su liberación como condición para continuar con este proceso, iniciado el miércoles en medio de una marcada tensión.
Para Lupo, la revisión de la situación de algunos detenidos no representa una amnistía para todos ellos, porque los “50 días de sufrimiento y de absoluta asfixia tienen que tener responsables, y esos responsables tienen que dar la cara ante la ley”.
En el diálogo con la COB, paralelamente, se exigirá la desmovilización de los afiliados al ente matriz de los trabajadores, debido a que los habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto, las más golpeadas por el bloqueo, no pueden seguir como rehenes de esta extrema medida de presión.
“Lo que estamos buscando es una pacificación. Lo que sí les puedo decir con absoluta claridad es que una condición fundamental para establecer una mesa de diálogo es la pacificación del país, lo que implica el desbloqueo inmediato para que esta ciudad y este departamento puedan empezar a trabajar normalmente”, anticipó en conferencia de prensa.
De llegarse a algún acuerdo con el ente matriz de los trabajadores, liderado por Mario Argollo, la presión continuará en las carreteras debido a que los campesinos que la operativizan no forman parte del diálogo con la COB. De hecho, la dirigencia de los campesinos de La Paz “Túpac Katari” y de las mujeres “Bartolina Sisa” presentó su propio pliego de demandas para abrir un canal de negociación.
El ministro Lupo explicó que el Gobierno ya trabaja con la idea de generar también condiciones de diálogo con los dirigentes de los campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz, pero buscando una tregua en el duro bloqueo que permita el normal flujo de alimentos, combustibles e insumos médicos que hoy escasean.
“El Gobierno ha decidido trabajar en una serie de políticas de inclusión, de participación y de cogestión para atender lo que ha sido desatendido y abandonado por muchísimos años, que es agua, energía, caminos vecinales, productividad; todos estos temas los estamos trabajando con la dirigencia y con las bases del movimiento. Creemos que es una reivindicación legítima, que debe ser atendida y trabajada inmediatamente, pero también debe estar sujeta a una tregua; una tregua en el bloqueo de las carreteras que le dé oxígeno a esta ciudad”, consideró.
Este es el panorama de los esfuerzos por resolver el conflicto mediante el diálogo; sin embargo, el Gobierno también tiene en sus manos los instrumentos legales para recurrir a un estado de excepción, lo que implica apelar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para restablecer el orden.
“El tema del estado de excepción es algo que está en permanente evaluación y va a ser considerado y evaluado según las necesidades. Es algo que la Constitución permite y que tiene que ir más allá de un decreto: es un operativo que tiene que garantizar el éxito en sí mismo. Entonces, es algo que claramente cuenta en este momento con toda la estructura jurídica y está habilitado por la Constitución para aplicarlo en el momento en que se necesite”, insistió.
Mientras tanto, persisten los bloqueos, aunque han reducido su número. La Paz y El Alto están entre las ciudades más afectadas por el cierre de sus rutas de abastecimiento de alimentos, carburantes e insumos médicos desde hace 49 días de forma ininterrumpida. Se calcula que los daños económicos superan los 2.500 millones de dólares y que las muertes atribuidas a los efectos de la medida ya suman 14.
Por el momento, hasta el mediodía de este jueves, no se había informado sobre el restablecimiento del diálogo con la COB.