Conflicto social
A 48 días de bloqueos, tres frentes de conflicto marcan la crisis social en el país: la COB, la Túpac Katari y los cocaleros del Chapare
El conflicto social muestra tres frentes: uno de ellos, al frente de la Central Obrera Boliviana (COB), que inició un acercamiento con el Gobierno; el segundo, el de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que rechazó la respuesta del Gobierno a las condiciones impuestas para un acercamiento y anunció la radicalización del bloqueo; y el de los sectores afines al expresidente Evo Morales, que insisten en exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La COB, a la cabeza del secretario ejecutivo Mario Argollo, informó que un ampliado realizado el martes decidió remitir una conminatoria para pacificar y recuperar el país. El documento plantea varias demandas y exigencias al Gobierno, una de ellas referida a la liberación de los detenidos en las movilizaciones sociales.
Si bien el acercamiento quedó en suspenso, a la espera de los resultados del trabajo de una comisión de abogados del Gobierno y de la COB y fiscales, que analizan caso por caso la situación jurídica de los detenidos, se aguarda su liberación para proseguir con las negociaciones.
La federación de campesinos de La Paz rechazó hoy la respuesta del Gobierno a las cinco condiciones para tener un acercamiento y anunció la radicalización del bloqueo de carreteras. Mientras tanto, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron la radicalización de sus protestas, que se centran en San Julián, en el departamento de Santa Cruz.
Este miércoles, en un ampliado realizado en la provincia Ingavi, el secretario ejecutivo de esa organización, Vicente Salazar, dijo que la respuesta remitida por el Órgano Ejecutivo no contemplaba los puntos planteados.
Los campesinos plantearon cinco condiciones para un acercamiento con el Gobierno, entre ellos la solución a la “gasolina basura” y revisión del combustible, un alivio económico por seis meses, la abrogación de los decretos considerados inconstitucionales, un decreto de amnistía presidencial y la abrogación de la Ley 1740 que regulariza los estados de excepción.
Además, Argollo sostuvo que el Gobierno ya envió una respuesta al pliego petitorio de esa organización, motivo por el cual ya no podían conversar de manera conjunta, y este miércoles dijo que no sabía si el Gobierno había atendido el documento enviado por los dirigentes de esa organización.
La movilización que se inició de manera conjunta a partir del 2 de mayo, con una instrucción de la COB para el bloqueo de carreteras en todo el país, en demanda de respuestas a su pliego petitorio, derivó en la exigencia de la renuncia del primer mandatario, que había cumplido casi cinco meses de gestión.
El bloqueo de carreteras fue ejecutado por los campesinos de las 20 provincias, lo que dejó a la ciudad de La Paz cercada, situación que derivó en el desabastecimiento de alimentos básicos de la canasta familiar. Posteriormente, se denunció que la medida impedía la llegada de medicamentos y oxígeno medicinal, poniendo en riesgo la vida de neonatos, niños y enfermos de los hospitales.
Pese a las consecuencias, la medida se cumplió y los movilizados desoyeron los pedidos de permitir el paso de productos, ambulancias y oxígeno, y llegaron a firmar un acuerdo de no traición, con el fin de que ninguno de los sectores movilizados se aparte de las protestas.
A 48 días de la medida de presión, que causó la muerte de más de 10 personas, la mayoría de ellas porque no pudieron llegar a los hospitales, y de conductores del transporte pesado que quedaron atrapados en las carreteras sin alimento, agua y, en muchos casos, enfrentando las bajas temperaturas.
Además, se registraron grandes pérdidas para sectores productivos, empresariales e industriales, a los que se suman microempresarios y emprendedores que tuvieron que paralizar sus actividades debido a la falta de materiales, combustible, alimentos e insumos. Como consecuencia, se registraron despidos, vacaciones forzosas y licencias sin goce de haberes en algunas empresas.
Fueron las centrales obreras departamentales las que presionaron a la cúpula de la COB para retomar el curso de las movilizaciones, que estaban estrictamente dirigidas a la atención del pliego petitorio; incluso revelaron que la demanda de la renuncia del presidente fue una decisión personal del máximo dirigente de esa organización, Mario Argollo.
A esa denuncia se sumó otra, la de la Federación de Fabriles de Cochabamba, que en una conferencia de prensa denunció la injerencia política en las movilizaciones de sectores ligados a Morales y que, a consecuencia del bloqueo, los trabajadores fueron obligados a tomar vacaciones forzosas, licencias sin goce de haberes e incluso se adelantaron las vacaciones del próximo año.
En esas circunstancias, varias provincias de los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz decidieron suspender el bloqueo de carreteras; otros optaron por abandonar los puntos de bloqueo, y en algunos casos los bloqueadores denunciaron el abandono de sus dirigentes.
Mientras tanto, desde la CSUTCB afín a Morales, el dirigente Nelson Virreira anunciaba que no se iba a ir al diálogo con el Gobierno, mientras el expresidente acusaba a algunas centrales obreras departamentales de no haberse movilizado.
Virreira acusó este miércoles al ejecutivo de la COB de no haberse aprovechado de la movilización de los campesinos y observó que ninguno de los sectores, como mineros, fabriles y otros, estaba participando en las protestas.