Convulsión social
Alarcón: La Asamblea Legislativa tiene 72 horas para aprobar o rechazar el estado de excepción
El diputado por la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, informó que, si bien el estado de excepción entra en vigencia de manera inmediata, la Asamblea Legislativa tiene 72 horas para su revisión, para aprobarlo o rechazarlo, como lo establece la Ley de Regulación de los Estados de Excepción.
El asambleísta informó a Unitel que la medida “entra en vigencia inmediata y (el presidente) debe enviar a revisión de la Asamblea Legislativa, que tiene 72 horas para pronunciarse”.
El artículo 15, en su parágrafo II de la Ley 1740, establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará para aprobar o rechazar la declaratoria del estado de excepción en un plazo máximo de 72 horas posteriores a su declaración.
La dictación de los estados de excepción se encuentra establecida en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, que dispone que el presidente tiene la potestad de declarar un estado de excepción en todo o en parte del territorio, mientras que el artículo 138 establece que “la vigencia (…) dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aprobó esta madrugada el Decreto Supremo 5634, que autoriza y establece la prohibición de bloqueos en vías públicas, mantiene vigentes los derechos fundamentales de la población y dispone el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Boliviana para liberar las rutas afectadas, con el fin de restablecer la normalidad sin restringir el derecho de las personas a trabajar, estudiar y desplazarse con libertad.
La medida fue asumida después de la firma de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), que fue rechazada por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quienes anunciaron la masificación del bloqueo de carreteras.
Esa misma posición fue asumida por la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que se sumaron al rechazo del acuerdo suscrito la noche del viernes y, a pesar de la instrucción del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, de suspender las medidas de presión en el país, anunciaron la radicalización de las protestas.
El bloqueo de carreteras se extiende por 50 días; este sábado la medida de protesta se inició el 2 de mayo, después de que un cabildo realizado el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, aprobara la medida de protesta en todo el país, que al inicio demandaba respuestas a su pliego petitorio, pero derivó en la exigencia de renuncia del presidente.
Alarcón sostuvo que es una obligación de la Asamblea Legislativa Plurinacional pronunciarse en 72 horas para revisar la declaratoria de Estado de excepción; caso contrario, se cometerá incumplimiento de deberes.
Afirmó que “el vicepresidente (Edmand Lara) está obligado a convocar a la Asamblea Legislativa lo más antes posible”.
Además, señaló que la ley establece que, para una sesión de la ALP, se debe convocar a los legisladores con 24 horas de anticipación para que puedan trasladarse hasta el hemiciclo para la sesión.
“Si la ALP no se pronuncia, el Estado de excepción continúa y viene a ser un incumplimiento del Legislativo, no del Ejecutivo”, advirtió.