Morales: Cívicos “no tienen moral” para demandar por bloqueos, y sobre caso de estupro afirma que “si no hay víctima, no hay delito”

Evo Morales reapareció en una conferencia de prensa ante medios locales en Chimoré y se refirió a varios temas, entre ellos la demanda penal planteada en su contra por el Comité Pro Santa Cruz. Afirmó que los cívicos “no tienen ninguna moral” porque convocaron y participaron activamente en los bloqueos y paros prolongados de 2019 y 2022 y, además, sostuvo que se debe identificar el origen del problema.

También se refirió al proceso que enfrenta en Tarija por la denuncia de haber mantenido una relación con una menor de edad. “Si no hay víctima no hay delito, entonces ¿para qué el proceso? (...) Repito, es una cuestión netamente política”, afirmó respecto a este caso, por el cual permanece "autoexiliado" desde noviembre de 2024 en el Chapare para evitar ser detenido.

En el último tiempo, Morales había evitado comparecer en conferencias de prensa abiertas y prefería conceder entrevistas virtuales a medios extranjeros o permitir el ingreso de estos a su reducto. Sin embargo, este miércoles participó en un encuentro con un reducido grupo de periodistas en Chimoré y posteriormente asistió a un acto masivo junto al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza.

Una de las consultas estuvo relacionada con la demanda interpuesta por los cívicos cruceños contra Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, para que respondan por los daños económicos y sociales derivados del bloqueo de 53 días que exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“El comité cívico con (Luis Fernando) Camacho en 2019 provocó el golpe de Estado. Cortaron (caminos con bloqueos), gente pagada. ¿Ha habido algún proceso? Han bloqueado los caminos durante 2022; en el gobierno de Lucho (Arce), 33 o 34 días de paros. ¿Hubo algún proceso? No tienen ninguna moral, ninguna autoridad para hablar (…) Ellos han sido promotores, usaron el paro”, cuestionó sobre el proceso planteado en su contra en la Fiscalía de Santa Cruz.

Camacho, desde el Comité Pro Santa Cruz, fue uno de los principales impulsores del paro y de las medidas de presión que derivaron en la dimisión de Morales en 2019. En 2022, ya como gobernador de Santa Cruz y junto a los cívicos, lideró un paro y bloqueo de más de 30 días para exigir la realización del censo en 2023; sin embargo, finalmente se impuso el cronograma del gobierno de Luis Arce y el operativo se ejecutó en marzo de 2024.

Además, el líder cocalero consideró que debe identificarse el origen del conflicto que derivó en el bloqueo de 53 días, el cual atribuyó a la aprobación de la Ley 1720, norma que abrió la posibilidad de convertir la pequeña propiedad en mediana. Esa medida activó una marcha indígena desde Pando hasta La Paz y sumó a campesinos paceños, lo que finalmente derivó en su derogación.

“La Cámara Agropecuaria del Oriente y la CAINCO defienden la ley. Esa ley no era pues para el pequeño productor campesino”, cuestionó, al tiempo que acusó al senador Branko Marinkovic de haber impulsado la aprobación de la norma que, en su criterio, desencadenó el conflicto que desembocó en las movilizaciones de 53 días, aunque no hizo referencia al pedido de renuncia de Paz.

El prolongado bloqueo de caminos, que afectó a gran parte de Bolivia, dejó pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares. El Gobierno presentó una denuncia radicada en La Paz que, hasta el momento, derivó en la detención de dos dirigentes vecinales de El Alto, Alberto Quelali y Pablo Merma, por los bloqueos que golpearon con mayor fuerza a esa urbe.

Asimismo, el asambleísta departamental de Tarija, Fabián Ochoa, llegó el martes a la ciudad de La Paz y presentó otra denuncia penal contra Argollo, Salazar y el senador suplente Nilton Condori, a quien identificó como otro de los presuntos instigadores de las medidas de presión.