Bloqueos: Alianza Libre pide informe oral al Defensor del Pueblo y anuncia acciones penales para su destitución

La subjefa de la bancada de diputados de la Alianza Libre, Lissa Claros, informó que se puso en marcha una estrategia para denunciar penalmente al defensor del pueblo, Pedro Calisaya, por los delitos de incumplimiento de deberes y funciones durante el bloqueo de carreteras de más de 50 días, con el objetivo de lograr su destitución.

Reconoció que, lamentablemente, no se le puede destituir, pero sí se va a buscar el mecanismo para que ya no pueda estar en el ejercicio del cargo.

“Se lo puede destituir a través de un proceso penal, que es hacia donde nosotros estamos apuntando, para iniciarle un proceso penal por incumplimiento de deberes y funciones, porque lamentablemente no ha hecho absolutamente nada”, aseguró.

En ese camino, informó que el primer paso fue plantear una petición de informe oral al funcionario, ya que esa institución absorbe más o menos Bs 500 millones del Presupuesto General del Estado (PGE).

Claros sostuvo que, a pesar de recibir ese presupuesto, no cumple un rol de defensa de la población boliviana, manifestó.

En los 52 días de bloqueo de carreteras por parte de las federaciones departamentales de campesinos, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que instruyó esa medida exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el defensor del pueblo fue cuestionado por sectores de la población debido a una supuesta parcialización con los sectores movilizados.

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La asambleísta sostuvo que, en los más de 50 días, la institución estuvo ausente y no prestó la atención a los problemas que enfrentaba la población boliviana.

Explicó que, con esta petición de informe oral, se realizará la fiscalización a esa institución para posteriormente denunciarla en la vía penal por incumplimiento de deberes y funciones. “No puede ser que tengamos un Defensor del Pueblo ausente en problemas que la población necesita, pero aparece cuando le da la gana”, cuestionó.

Consideró que el país no puede seguir gastando en funcionarios incompetentes e inoperantes que no hacen absolutamente nada por defender a la población boliviana.

“Esperamos que pueda asistir a la petición de informe que estamos planteando y dar respuestas a la población boliviana: ¿dónde estaba?, ¿qué ha hecho?, ¿qué función ha cumplido?, ¿qué ha hecho para defender los intereses de la población boliviana?”, insistió.

Preguntó qué hizo esa institución por los choferes que estuvieron varados en las carreteras, por las familias que han perdido a sus seres queridos y por los negocios que lamentablemente han sufrido agresiones por parte de “grupos extremistas de la izquierda”.

Afirmó que espera que Calisaya acuda a la comisión pertinente y, por supuesto, dé una respuesta a la población boliviana.

“Ya le digo desde ahora, no voy a parar hasta que este señor dé explicación a la población boliviana sobre qué ha hecho para defendernos, qué ha hecho para defender a los choferes varados y a toda la gente que lamentablemente ha visto vulnerados sus derechos”, afirmó.

Durante esos días de bloqueos, varias personas, entre ellas menores de edad, perdieron la vida. La primera víctima fue una mujer de Belice, Anna Enns, quien falleció en Desaguadero tras sufrir una descompensación y no logró recibir atención el 13 de mayo. El 14 de mayo, Jhelly Villanueva Medina, que padecía una enfermedad renal, falleció tras retrasarse su traslado desde Guanay a La Paz por los bloqueos.

Otra de las víctimas fue Ana Gabriela Mayta, de 20 años, quien murió en El Alto tras sufrir convulsiones en su domicilio. Los bloqueadores impidieron el paso de la ambulancia y, después de varias horas, llegó al hospital, donde fue internada en terapia intensiva.

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Osvaldo Choque Aymuro, de 12 años de edad, falleció por shock séptico a bordo de una ambulancia varada entre Llallagua y Potosí, antes de poder ingresar a terapia intensiva, el 21 de mayo. Nayely Picachuri, de 24 años, falleció en Oruro mientras esperaba recibir radioterapia en La Paz, el 22 de mayo.

César Calle, un chofer del transporte pesado, falleció tras permanecer más de 25 días detenido en una carretera de La Paz. Decidió no abandonar su vehículo por temor a sufrir robos. Miriam Ramírez, paciente oncológica de Tambo Quemado, de 12 años, murió al no poder asistir a sus sesiones programadas de quimioterapia en La Paz debido a la interrupción del transporte.

El 3 de junio de 2026, un profesor con enfermedad de base falleció en Tapacarí, Cochabamba, tras sufrir una descompensación cuando se trasladaba a su unidad educativa y tuvo que pasar varios puntos de bloqueo.

Cristina Mamani Herrera, de 47 años, falleció cuando era trasladada al Hospital Holandés. La ambulancia que la transportaba permaneció retenida durante aproximadamente una hora en un punto de bloqueo en Senkata, El Alto. Mientras que el 7 de junio, José Ruiz Díaz (54 años) falleció en Sucre sin poder retornar a Monteagudo, su lugar de origen, debido a los bloqueos en rutas de Chuquisaca.

En uno de los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo, el 16 de mayo, se sostuvo que los bloqueos afectan a la ciudadanía en general por el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, así como el acceso oportuno a servicios de salud.

Afirmó que esa medida de presión vulnera gravemente el derecho a la libre circulación, los derechos económicos y sociales básicos, el derecho a la vida y a la salud, en particular de la población más vulnerable, generando un clima de tensión social.

Mencionó que las marchas y otro tipo de movilizaciones sociales, que incluyen intentos de toma de instituciones, agresiones a periodistas y funcionarios policiales, así como el uso de explosivos, ponen en riesgo a la población.

Consideró que esas expresiones no cumplen con los estándares internacionales sobre el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no violenta, atentan contra el derecho a la vida, integridad personal, libertad de prensa, derecho a la información y seguridad de los ciudadanos.

Hizo llamados públicos al desbloqueo violento de carreteras u otras respuestas similares contra las personas movilizadas, promoviendo discursos de odio y discriminación, y amenazando gravemente la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y la institucionalidad democrática.

El 25 de mayo, la Defensoría del Pueblo aclaró que no participó, coordinó ni formó parte de ningún operativo estatal denominado “Corredor Humanitario” en el actual contexto de conflictividad social.

Este operativo fue organizado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y buscaba despejar las carreteras bloqueadas entre La Paz y Oruro. El objetivo principal fue permitir el paso de alimentos, oxígeno, medicinas y combustible hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

La institución aclaró que su labor, en el marco de su mandato constitucional, se circunscribe a la verificación, monitoreo y defensa de los derechos humanos, así como a la promoción de espacios de diálogo y pacificación, manteniendo independencia respecto a cualquier acción operativa de fuerzas del orden.

El 15 de junio, la institución informó que organizó caravanas humanitarias junto a la Cruz Roja y Cáritas para asistir a miles de choferes que permanecían atrapados en las carreteras. Los equipos llevaron alimentos, agua y atención médica a los conductores varados.