Corrupción, Mora y Ahora Paro: La Justicia que Bolivia No Merece
En medio de una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, Bolivia recibió una noticia difícil de comprender. Tras 53 días de bloqueos, desabastecimiento, inflación creciente y escasez de combustibles, el Órgano Judicial amenazó con iniciar un paro escalonado de actividades que incluso podría convertirse en una paralización indefinida. No se trata de una protesta cualquiera. Significa detener uno de los servicios esenciales del Estado y dejar desprotegidos precisamente a quienes más necesitan una respuesta de los tribunales.
La justicia no produce cemento, electricidad o alimentos, pero garantiza algo igual de importante: la vigencia de los derechos. Cuando un tribunal deja de atender causas, no se suspenden únicamente trámites administrativos. También quedan en pausa la libertad de personas detenidas preventivamente, la protección de víctimas de violencia, los procesos familiares, las demandas laborales y los conflictos comerciales. Cada día sin jueces es un día adicional de incertidumbre para miles de ciudadanos que llevan años esperando una resolución.
Las autoridades judiciales sostienen que el sistema necesita más recursos para modernizarse, reducir la mora procesal y combatir la corrupción. Nadie discute que la justicia boliviana requiere mayor inversión. El problema aparece cuando se intenta presentar el presupuesto como la causa principal de todos sus males. La realidad demuestra que las fallas más profundas tienen raíces institucionales que ningún incremento de recursos podrá corregir por sí solo.
Basta observar el funcionamiento cotidiano de los tribunales para comprender esa realidad. Desde hace años, acudir a un juzgado significa ingresar a un sistema lento, burocrático y desgastado. La retardación de justicia dejó de ser una excepción para convertirse en una regla. Procesos civiles, penales, familiares y laborales pueden extenderse durante años sin sentencia. Esa demora aumenta los costos para los litigantes, perjudica la actividad económica, desalienta las inversiones y, en muchos casos, termina favoreciendo la impunidad antes que el cumplimiento de la ley.
Pero la mora procesal no constituye el único problema. A esa lentitud se suma un fenómeno todavía más grave: la corrupción. El tráfico de influencias, el cohecho y el favoritismo han deteriorado profundamente la credibilidad del sistema judicial. Cuando una parte importante de la población cree que una resolución depende más de los contactos que de la ley, la confianza en la justicia desaparece. Ningún presupuesto extraordinario resolverá esa pérdida de legitimidad si antes no se recuperan la transparencia y la independencia.
Precisamente por esa pérdida de credibilidad resulta difícil entender que una institución cuestionada por corrupción y mora procesal recurra ahora a un paro como mecanismo de presión. La medida transmite el mensaje equivocado. En lugar de fortalecer su imagen, alimenta la percepción de que algunos de sus dirigentes priorizan intereses corporativos antes que el servicio a la ciudadanía. La justicia no puede comportarse como cualquier sector porque de ella dependen derechos fundamentales que no admiten pausas.
Sin embargo, el deterioro institucional no comenzó con esta amenaza de paralización. La crisis viene gestándose desde hace años. Las elecciones judiciales, concebidas para fortalecer la independencia, terminaron profundamente politizadas. Los compromisos adquiridos durante esos procesos derivaron en designaciones donde con frecuencia pesó más la afinidad política que la capacidad profesional. Esa lógica debilitó la meritocracia y redujo la confianza ciudadana en una institución que debería mantenerse al margen de cualquier interés partidario.
Sobre ese escenario de desconfianza surge ahora el componente económico del conflicto. Actualmente el Órgano Judicial recibe aproximadamente el 0,5 % del Presupuesto General del Estado, equivalente a alrededor del 0,24 % del Producto Interno Bruto. Sin embargo, sus máximas autoridades solicitan elevar esa participación hasta el 5 % del presupuesto nacional o, según sus propias declaraciones, alrededor del 3 % del PIB. Técnicamente, ello implica multiplicar aproximadamente por doce los recursos actualmente destinados a la administración de justicia.
Las cifras permiten dimensionar el alcance de esa demanda. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, sostiene que la institución necesita alrededor de 16.054 millones de bolivianos para la gestión 2026. Traducido al lenguaje cotidiano, equivale a pedir que cada ciudadano boliviano, desde un recién nacido hasta una persona de noventa años, aporte cerca de 1.260 bolivianos para financiar el funcionamiento del sistema judicial. Una exigencia de semejante magnitud requiere resultados extraordinarios que hoy simplemente no existen.
La dimensión de la solicitud se aprecia aún mejor cuando se la compara con otras áreas del gasto público. El monto requerido representa aproximadamente el 88 % de todas las transferencias y regalías que el Gobierno central distribuyó en 2024 a las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas del país. En otras palabras, el Poder Judicial pretende recibir casi el mismo volumen de recursos que financia gran parte del funcionamiento de cientos de gobiernos subnacionales y de todo el sistema universitario estatal.
Naturalmente, ningún país puede aspirar a una justicia eficiente sin invertir recursos suficientes. Se necesitan más jueces, mejores sistemas informáticos, infraestructura adecuada y capacitación permanente. Sin embargo, la experiencia demuestra que el dinero, por sí solo, no reemplaza las reformas institucionales. Sin meritocracia, controles internos, evaluación de desempeño, transparencia y sanciones efectivas contra la corrupción, un incremento presupuestario corre el riesgo de convertirse únicamente en un aumento del costo de las ineficiencias existentes.
El verdadero debate, entonces, no debería centrarse únicamente en cuánto dinero necesita la justicia, sino en qué tipo de justicia merece Bolivia. Antes de reclamar recursos extraordinarios, el Órgano Judicial tendría que demostrar que puede administrar con eficiencia los recursos que ya posee, reducir la mora procesal, transparentar sus contrataciones y recuperar la independencia frente a las presiones políticas. La confianza ciudadana no se compra con partidas presupuestarias; se construye mediante resultados verificables.