Informe
La Defensoría lanza alerta: Subida de precios golpea la alimentación y familias reducen la calidad de lo que comen
En Bolivia existe una elevación sostenida e, incluso, desproporcionada de los precios de los alimentos que afecta el derecho humano a la alimentación, por lo que las diferentes instituciones del Estado deben precautelar el cumplimiento de este derecho, sobre todo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Los datos de esta compleja situación están contenidos en el informe "Monitoreo del Acceso a Alimentos y su Impacto en el Ejercicio del Derecho a la Alimentación en Bolivia – 2026" y revelan que, como consecuencia del incremento de los precios, numerosas familias redujeron la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen.
Según el monitoreo realizado en centros de abasto de las nueve capitales departamentales y El Alto, los mercados de La Paz y El Alto registran los incrementos más severos durante el periodo crítico; Cochabamba mantiene una tendencia sostenida al alza; mientras que Oruro y Potosí reportaron incrementos desproporcionados en alimentos básicos e, incluso, episodios de desabastecimiento.
De las personas entrevistadas para el reporte, el 63% afirmó que su presupuesto ya no alcanza para cubrir la alimentación familiar; un 22% aseguró que solo logra satisfacer parcialmente sus necesidades alimentarias, y apenas un 15% considera suficiente su presupuesto para adquirir alimentos.
En coincidencia con el informe defensorial, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó en junio al 2,15% y en mayo al 2,13%, lo que convierte a estos dos meses en los más inflacionarios del primer semestre de este año.
"La alimentación definitivamente no es un privilegio; la alimentación es un derecho humano. La Defensoría del Pueblo, desde septiembre de 2024, realiza un monitoreo permanente sobre el comportamiento de los precios de los principales alimentos que consume la población boliviana", afirmó Callisaya.
El encarecimiento de los precios no necesariamente es consecuencia de los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio, sino de un proceso estructural que se arrastra desde hace varios años como resultado de diversos factores económicos y de las políticas implementadas, cuyos efectos continúan deteriorando el poder adquisitivo de los hogares bolivianos y limitando el acceso a una alimentación suficiente y adecuada, según la evaluación.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó a los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de Desarrollo Rural y Tierras, a fortalecer el monitoreo, control y seguimiento de los precios de la canasta básica alimentaria; identificar las causas que mantienen elevados los costos de los alimentos esenciales; y adoptar medidas orientadas a mejorar su accesibilidad económica y prevenir distorsiones en la cadena de abastecimiento.
Además, recomendó al Ministerio de Economía evaluar el impacto del incremento sostenido de los precios sobre el poder adquisitivo de la población y fortalecer las medidas de protección económica dirigidas prioritariamente a los hogares en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, pidió a los gobiernos departamentales y municipales reforzar las acciones de vigilancia del abastecimiento y de los precios en los mercados, así como implementar medidas que contribuyan a garantizar el acceso oportuno a alimentos esenciales, especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.