Producción
Mineros asalariados rechazan liberación de áreas acordada por el Gobierno en favor de la Fencomin
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) rechazó hoy la liberación de áreas mineras a favor de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), acordada por el Gobierno nacional, y acusó al sector de ser el responsable de los avasallamientos y el juqueo de mineral.
A través de un pronunciamiento, la organización sindical se pronunció sobre el acuerdo suscrito el pasado 14 de mayo con ese sector, en medio de la convulsión social que se registraba en el país por la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) al bloqueo de carreteras, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Rechazó el convenio firmado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz que, desde su perspectiva, acuerda quitar áreas del patrimonio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol); y exige el cumplimiento de las normas establecidas para el otorgamiento minero, cumpliendo los requisitos establecidos por la Constitución Política del Estado.
Recuerda que la organización sindical solicitó de forma recurrente, a través de sus pliegos petitorios, la universalización del pago de impuestos mineros y de regalías, sin privilegios para todos los actores mineros.
El documento firmado por el Gobierno nacional con la Fencomin, en su punto 3, se refiere a la liberación de áreas a favor de las cooperativas mineras. “El Ministro de Minería y Metalurgia hasta el 20 y el 25 de mayo de 2026, respectivamente, mediante resoluciones ministeriales, procederá a la liberación (de) áreas y la tercera liberación de las áreas del DS 1369 y priorizará las nuevas áreas mineras a favor del sector cooperativista por su carácter productivo, social en beneficio del país”.
El procedimiento posterior de liberación se desarrollará en coordinación con Fencomin, la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), la Comibol y el Ministerio de Minería en la reunión a efectuarse el día viernes 15 de mayo a horas 09:00, sostiene el acuerdo.
También se acordó trabajar en un proyecto de ley corta en beneficio del sector, en relación con la minería cooperativizada y los retrasos en la aprobación de contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional por su carácter social y actividad en pequeña escala.
La FSTMB recuerda que las políticas neoliberales que provocaron el desmantelamiento de la Comibol, después de la relocalización minera en 1986, cedieron muchas áreas de la empresa estatal al sector cooperativo, dejando sin ninguna posibilidad de expansión de sus operaciones mineras a la empresa estatal.
Al devolverle constitucionalmente su capacidad operativa, se dictó el Decreto Supremo Nº 1369, que declara áreas de uso exclusivo, áreas libres de cuadriculado minero en beneficio de la Comibol. Esta disposición se incluyó en la Ley de Minería Nº 535, siendo parte de la Comibol, por lo cual su anulación solo corresponde a una disposición gubernamental ilegítima, advierte.
La organización sindical sostiene que el Gobierno ha firmado un “convenio anticonstitucional” con la Fencomin, porque, entre otros puntos, se compromete a liberar estas áreas mineras, justamente a favor de las cooperativas, aspecto que viola la normativa vigente y la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Denuncia que esta decisión gubernamental de firmar este acuerdo “es un enorme daño económico al país”, al liberar áreas “a un sector que aporta poco al Estado, que da rienda suelta a los avasallamientos mineros ilegales y al juqueo (robo de minerales), actos ilícitos practicados por estos sectores cooperativistas”.
“Esta liberación de áreas mineras está afectando a nuestras empresas legalmente constituidas, como ocurre en la Empresa Minera Caracoles del departamento de La Paz. ‘So pretexto’ de esta liberación pretenden otra vez avasallar, como ocurrió el año 2004, gran parte de las áreas mineras de Caracoles que ya fue avasallada por los cooperativistas, de los cuales aún existe esa deuda histórica que no renunciaremos a recuperar”, advierte.
Esas cuadrículas son de propiedad legítima de la Empresa Minera Caracoles-Comibol, que “se apropiaron delincuencialmente, en complicidad con algunas autoridades de esos años; asimismo también el avasallamiento y el juqueo en otras operaciones legalmente establecidas en el país”, manifiesta el documento.
La FSTMB rechaza contundentemente el convenio firmado por el Gobierno nacional con la Fencomin, que acuerda quitar estas áreas del patrimonio de la Comibol y ponerlas a disposición del sector cooperativista.
Exige el cumplimiento de todas las normas legales establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia para el otorgamiento de contratos mineros; sin privilegio alguno y cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado y las leyes sobre recursos naturales.
“Recordamos que la Ley de Minería fue establecida por consenso de los tres actores mineros: estatal, privado y cooperativista, en una discusión que duró más de tres años, por lo cual insistir en su modificación y no cumplimiento es alentar la minería ilegal y la contaminación ambiental en contra de todo el país”, dice una de las resoluciones asumidas.
Sostiene que la organización que aglomera a los mineros sindicalizados apuesta por una minería legal, que verdaderamente sea el desarrollo del país, lo que siempre plantea en sus pliegos petitorios. “Hemos solicitado la universalización de los impuestos mineros y el pago de regalías para los actores mineros estatal, privada y cooperativista, paguemos los impuestos y regalías de forma igualitaria, sin privilegios porque el sector cooperativo fue beneficiado en los gobiernos anteriores”, manifiesta.
Las cooperativas mineras pagan regalías que rondan entre el 1% y el 7% de su producción, dependiendo del mineral. Sin embargo, el sector no paga el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%, ni el Impuesto a las Transacciones (IT), que sí pagan las empresas privadas, de acuerdo con la norma vigente.
En el caso de las regalías mineras, las cooperativas mineras pagan entre el 2,5% o 3%; adicionalmente, pagan un 1% del valor de su producción a la Comibol por el uso del yacimiento.
La FSTMB conmina a las autoridades del rubro de la minería, Ministerio de Minería, Comibol, AJAM, Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y otros, a que “no sean cómplices de este flagrante y nefasto proceder de imponer normativas que van en contra de los intereses del pueblo boliviano en la defensa férrea de nuestros recursos naturales; tarde o temprano el pueblo juzgará de sus acciones maliciosas y parcializadas en rifar nuestros minerales que no benefician a la patria”, afirma el pronunciamiento.