SOBOCE presenta queja constitucional y denuncia incumplimiento del fallo del TSJ en litigio con Fancesa
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) presentó una queja por incumplimiento ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al considerar que el Auto Supremo N.º 1190/2026, emitido el 26 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desobedeció las directrices establecidas previamente por la jurisdicción constitucional dentro del prolongado litigio que mantiene con la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
En un comunicado difundido este miércoles, la empresa sostiene que el máximo tribunal ordinario reprodujo las mismas vulneraciones constitucionales que habían sido observadas en un fallo anterior y que fueron anuladas mediante la Resolución Constitucional N.º 136/2025.
Según SOBOCE, el nuevo Auto Supremo modificó únicamente la argumentación jurídica, pero mantuvo el mismo sentido de la decisión y el impacto económico del fallo, lo que —afirma— constituye un incumplimiento de la tutela constitucional otorgada a la empresa y vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa.
Cuestionamientos al monto de la indemnización
Uno de los principales reclamos se refiere a la indemnización de Bs 744,3 millones que el TSJ ratificó a favor de Fancesa. La cementera sostiene que el tribunal mantuvo una compensación de Bs 479,2 millones vinculada al denominado "proyecto de vida", pese a reconocer que dicho concepto no resulta aplicable a personas jurídicas.
Para SOBOCE, el tribunal incurrió en una contradicción al justificar que se trató únicamente de una "denominación técnicamente impropia", sin ofrecer una fundamentación jurídica suficiente para sustentar el cálculo del supuesto daño comercial.
Asimismo, cuestiona que el TSJ hubiera incrementado el monto global mediante una "actualización de valor" sin explicar por qué ese ajuste fue incorporado en esa etapa del proceso y no durante la ejecución de sentencia.
Denuncian irregularidades procesales
En su pronunciamiento, la empresa también denuncia una serie de presuntas irregularidades procesales. Entre ellas menciona que el TSJ admitió que un recurso de reposición presentado por SOBOCE nunca fue tramitado, aunque decidió no retrotraer el proceso; además, asegura que el tribunal resolvió directamente una excepción de prescripción que no había sido analizada por instancias inferiores e incorporó artículos de la Constitución que, según la empresa, no formaban parte del debate judicial.
Frente a este escenario, SOBOCE solicitó la suspensión provisional de la ejecución del Auto Supremo y de cualquier medida coactiva o embargo mientras se resuelven las acciones constitucionales pendientes.
La compañía argumenta que una ejecución inmediata del fallo podría comprometer su estabilidad financiera, afectar el cumplimiento de obligaciones laborales y poner en riesgo fuentes de empleo directas e indirectas vinculadas a su actividad productiva.
Litigio de larga data
El conflicto judicial entre SOBOCE y Fancesa se remonta a varios años y tiene su origen en denuncias por presunta competencia desleal presentadas por la empresa chuquisaqueña. Paralelamente, SOBOCE mantiene otra controversia con el Estado por la expropiación de su participación accionaria en Fancesa, realizada en 2010 por decisión de la Gobernación de Chuquisaca, el Gobierno Municipal de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier, accionistas de la cementera.
En el comunicado, SOBOCE sostiene que el proceso por competencia desleal ha sido utilizado para obstaculizar el pago de la indemnización derivada de aquella expropiación, obligación que —afirma— permanece pendiente desde hace más de 16 años.
La empresa también saludó que el Consejo de la Magistratura haya sido convocado a revisar el proceso judicial y exhortó a la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier y a los colegios de abogados del país a analizar el caso y pronunciarse sobre las actuaciones judiciales.
Hasta el momento, ni el Tribunal Supremo de Justicia ni Fancesa habían emitido una respuesta pública al nuevo pronunciamiento de SOBOCE. El caso continúa abierto en la jurisdicción constitucional y podría definir el futuro de uno de los litigios empresariales más relevantes de los últimos años en Bolivia.