Pugnas
Cumbre Nacional: mineros asalariados y cooperativistas se enfrentan por imponer una visión de este sector en el país
Más allá de los motivos que llevaron al Ministerio de Minería a cambiar la modalidad de la Cumbre Nacional Minera que debía comenzar este miércoles para elaborar un borrador del nuevo Código Minero, existen diferencias de fondo que enfrentan a los mineros asalariados con el sistema cooperativo, que buscan imponer una visión sobre este sector en el país.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) plantea que la minería respete la Constitución Política del Estado, rechaza de manera enfática la liberación de áreas a favor del sector cooperativo minero y busca el fortalecimiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la universalización del pago de impuestos.
Mientras que los cooperativistas mineros exigen nuevas áreas de trabajo, la adecuación de derechos mineros y el arancel cero a la importación de maquinaria e insumos mineros, y tienen un acuerdo con el Gobierno nacional.
Los cooperativistas se encuentran organizados en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), que, aunque tienen diferencias, buscan beneficios para su sector.
Antes de la realización de la cumbre minera, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Fencomin, en el que se comprometió a liberar áreas a favor del sector cooperativo minero.
El documento, firmado en su punto 3, se refiere al compromiso del Ministerio de Minería de proceder a la liberación de áreas y a priorizar nuevas áreas mineras a favor de ese sector, al que reconoce por su carácter productivo y social en beneficio del país.
Este compromiso provocó la reacción de los mineros asalariados, quienes en un comunicado rechazaron la liberación de áreas mineras a favor de la Fencomin y acusaron al sector de ser el responsable de los avasallamientos y el juqueo de mineral. Plantearon la universalización del pago de impuestos, debido a que solo pagan regalías y el 1% a la Comibol por el uso del yacimiento.
Entre los argumentos que maneja la FSTMB, sostuvo que el Gobierno acordó quitar áreas del patrimonio de la Comibol y exigió el cumplimiento de las normas establecidas para el otorgamiento minero, cumpliendo los requisitos establecidos por la Constitución Política del Estado.
La FSTMB recuerda que el Decreto Supremo Nº 1369 declara áreas de uso exclusivo, áreas libres de cuadriculado minero en beneficio de la Comibol. Esta disposición se incluyó en la Ley de Minería Nº 535, siendo parte de la Comibol, por lo cual su anulación solo corresponde a una disposición gubernamental ilegítima, advirtió.
La organización sindical sostuvo que el Gobierno ha firmado un “convenio anticonstitucional” con la Fencomin, porque, entre otros puntos, se compromete a liberar estas áreas mineras, justamente a favor de las cooperativas, aspecto que viola la normativa vigente y la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
En otro de los acápites, manifestó que solicitó la universalización de los impuestos mineros y el pago de regalías para que los actores mineros estatal, privado y cooperativista paguen impuestos y regalías de forma igualitaria, sin privilegios, porque el sector cooperativo fue beneficiado en los gobiernos anteriores.
Las cooperativas mineras pagan regalías que rondan entre el 1% y el 7% de su producción, dependiendo del mineral. Sin embargo, el sector no paga el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%, ni el Impuesto a las Transacciones (IT), que sí pagan las empresas privadas, de acuerdo con la norma vigente.
A pesar de ese rechazo de la FSTMB, la pasada semana, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció la liberación de 1,5 millones de cuadrículas, que representan 33 mil nuevas áreas mineras, en un acto en el que participaron los representantes de Fencomin y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecomin-Oruro).
El pronunciamiento de la FSTMB recibió el rechazo de Fencomin, cuyo presidente, Josué Richard Caricari, expresó su indignación en contra de la FSTMB y planteó esclarecer el manejo de las empresas estatales, que dependen de la Comibol y absorben recursos del Estado.
“No estamos para pelearnos ni con la COB, con los campesinos, ni con la Federación de Mineros, que también se ubiquen en donde están concentrados, porque nosotros a la provocación, este sector va a reaccionar y no les va a gustar la forma en la que vamos a reaccionar”, amenazó.
Afirmó que las cooperativas mineras aglutinan a miles y miles de cooperativistas, trabajadores, y que la solicitud de nuevas áreas de trabajo es de hace 15 y 20 años, para fomentar la minería y el trabajo.
“No estamos pidiendo nada que nos regalen, por si acaso, la Federación de Mineros, tanto Huanuni y Colquiri, sus yacimientos se los ha comprado el Estado, con la plata de todos los bolivianos, por qué no informan eso, por qué nos atacan a un sector que nada tiene que ver, simplemente quiere trabajar”, manifestó.
Dijo que permanecieron callados ante estos ataques, porque solo les interesa trabajar y llevar el pan de sus familias, por lo que lamentó el pronunciamiento. “Yo no tengo nada contra los trabajadores, pero si hay dirigentillos oportunistas que quieren perjudicar y hacernos pelear entre verdaderos mineros”, sostuvo.
Caricari afirmó que hubo varias crisis en las cooperativas, provocadas por las bajas cotizaciones, de las que tuvieron que salir por su cuenta, “pero ellos tienen un sueldo, ellos van a seguir exprimiendo al Estado y, de eso, como bolivianos tenemos que darnos cuenta”.
Rechazó la injerencia de la FSTMB en los acuerdos alcanzados con el Gobierno y desafió a que, si quieren ser autogestionarios, cooperativistas, opten por esa vía, para conocer cómo se trabaja sin ningún tipo de apoyo.
El cambio de la modalidad de la cumbre minera, dispuesto por el Ministerio de Minería, provocó que el evento se frustre, debido a que la FSTMB declaró un cuarto intermedio en el evento para que haya una mejor organización, mientras que la Fencomin declaró que para ese sector “se ha roto el tema de la cumbre”, ante el silencio del ministro del área.
Caricari, en conferencia de prensa, expresó su malestar por el reconocimiento que hizo el Gobierno a organizaciones que carecerían de reconocimiento institucional, como Fencoman, Ferreco y Fecmabol.
En medio de la suspensión de la cumbre, el dirigente se refirió al respeto de la institucionalidad de esa organización y al artículo 88 de la Ley 356, Ley de Cooperativas, que son fundamentales para el sector cooperativo minero.
Además, observó que se haya decidido de manera unilateral la modificación de la modalidad de trabajo, sin realizar una consulta a ese sector. “El cambio de modalidad, la verdad, que es algo irresponsable”, dijo, debido a que fue anunciado a través de los medios de comunicación y no se hizo de manera formal a los sectores que debían participar en el evento.
En cuanto a la cumbre, nosotros hemos sido los que hemos impulsado, en su momento habíamos puesto en conocimiento del ministro de Minería que podamos vernos y ver la posibilidad de modificar la Ley 535, los tres sectores debatir, pero lamentó que no se haya podido consolidar ese encuentro.
El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, por su parte, informó que asistieron a ese evento y que se declaró un cuarto intermedio hasta la próxima semana para que haya una mejor organización.
Explicó que la FSTMB responde a la minería asalariada. “Como minería asalariada hemos solicitado un cuarto intermedio, respetando la organización del Gobierno en este evento, pero solicitando para que se pueda organizar de la mejor manera y se pueda también, pues, llevar una respuesta clara y concreta de toda esta normativa en el tema de minería”.
Dijo que se sorprendieron por el cambio de metodología, pero más allá de modalidades, lo importante es el debate sobre qué tipo de minería se tiene que desarrollar, bajo el paraguas o la línea de la Constitución Política del Estado.