Medioambiente
Estudios realizados a 116 personas en Cantumarca, Potosí, ratifican presencia de plomo en la sangre del 81% de los adultos y del 65% de los niños
Estudios realizados entre 2023 y 2024 a 116 habitantes de Cantumarca ratificaron la presencia de plomo en la sangre del 81% de los adultos y del 65% de los niños que fueron sometidos voluntariamente a las pruebas, informó la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE).
La institución informó que los estudios se realizaron en coordinación con la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y que sus resultados, conocidos recientemente, ratifican la gravedad de la situación.
Cantumarca es una comunidad y antigua población indígena ubicada a unos 7 kilómetros de la ciudad de Potosí, en las faldas del Cerro Rico, donde habitan alrededor de 285 personas que se dedican a la agricultura. En el lugar también se encuentra el penal de Cantumarca, donde permanecen aproximadamente 600 internos.
“Los estudios más recientes de la SOPE, en coordinación con la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, data del 2023-2024, ratificando la gravedad de la situación, pues de 116 personas examinadas voluntariamente en Cantumarca, se detectó plomo en la sangre del 81 % de los adultos y del 65 % de los niños”, precisa el documento.
La organización manifestó que los valores promedio registrados en niños y niñas resultaron incluso superiores a los de los adultos, un dato especialmente preocupante por los posibles efectos del plomo en el aprendizaje, el comportamiento y el desarrollo cognitivo de los menores.
La SOPE informó que en los últimos días volvió a hacerse pública una realidad que, según la institución, nunca fue atendida por las autoridades. Recordó que, en 1996, el Centro para el Desarrollo Regional (CDR) realizó el estudio denominado “El agua vale un Potosí”, que incluyó muestras de sangre de habitantes de distintos sectores afectados por la presencia de ingenios mineros y por el antiguo cauce del río de la Ribera. Sus resultados alertaron sobre la presencia de plomo en la sangre de varios vecinos, especialmente de niños.
Años después, sostiene que se profundizó el análisis de los impactos de la contaminación minera desde 2007, con monitoreos de polvos y suelos de la zona, estudios que fueron complementados en 2008 y 2010 con nuevos monitoreos de polvos, suelos y muestras de sangre, donde se evidenció la presencia de plomo en personas de la zona.
La organización ambientalista recordó que, en su oportunidad, advirtió que la comunidad se encuentra rodeada por numerosas fuentes de contaminación, entre ellas: los pasivos mineros de San Miguel, los diques de colas Laguna Pampa I y II, el dique de San Antonio y varios ingenios ubicados cerca o en medio de las viviendas.
Además, se realizó la denuncia sobre algunas operaciones mineras que estarían funcionando sin medidas adecuadas de mitigación ambiental e incluso sin licencia, mientras las familias permanecen expuestas tanto en sus hogares como, en muchos casos, en sus lugares de trabajo, informó.
El estudio del CDR contribuyó en su momento a impulsar el embovedado del río de la Ribera en la parte alta de la ciudad y la construcción del dique de colas de San Antonio. Posteriormente, Laguna Pampa I entró en funcionamiento en el segundo semestre de 2004; sin embargo, al llenarse de pasivos ambientales antes de lo previsto, se construyó Laguna Pampa II en agosto de 2005.
Ambos diques ocupan aproximadamente 10 hectáreas y ya han rebasado su capacidad de almacenaje, por lo que deberían haber sido cerrados en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 1064/2023-S3, informó la organización.
La SOPE recordó que los actores mineros, como la Asociación de Ingenios, pese a tener una acción popular que le obligaba a cerrar los pasivos de Laguna Pampa I y II en el lapso de un año, no cumplieron con dicha resolución y mantienen en funcionamiento el dique de colas de San Antonio, que también debería estar en etapa de cierre. Mientras tanto, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no asumiría su responsabilidad con el cierre de las colas de San Miguel.
La organización denunció, además, que existe una gran cantidad de diques de colas en la parte posterior del Cerro Rico y que se desconoce si cuentan con licencia de funcionamiento y si cumplen las normas ambientales.
“Esta inacción de las instituciones responsables y de las autoridades encargadas del control y la fiscalización, refleja un estado de vulneración ambiental institucionalizada, aspectos que nunca fueron apoyados fehacientemente por las autoridades potosinas e incluso la prensa”, afirma.