Analistas advierten costos para asalariados y jubilados porque sus ingresos no tendrán incrementos por alza del diésel

La eliminación de la subvención al diésel tendrá un impacto especialmente fuerte en los trabajadores asalariados y jubilados, debido a que sus ingresos mensuales no contemplan ajustes inmediatos para compensar el efecto del alza de precios, coincidieron los economistas Germán Molina y Omar Velasco.

En entrevista con Visión 360, también advirtieron de un impacto directo en el aparato productivo y el transporte, a raíz de que el transporte será afectado, al igual que la agroindustria, debido a que la cosecha y la siembra de alimentos son rubros que dependen de este combustible para operar diariamente.

El Gobierno dispuso la medida ante la insostenibilidad de los precios internacionales y la escasez de divisas. Para el economista Germán Molina, la medida afecta al 100% de la sociedad, pero con dinámicas distintas según el sector laboral. En Bolivia, donde el empleo formal representa apenas el 20% y el informal alcanza el 80%, las rigideces presupuestarias jugarán un papel crucial.

"Al sector formal le afecta porque depende de una planilla con un ingreso fijo que no variará este año. Al sector informal (gremialistas, microempresarios, transportistas) también le golpea directamente", explicó Molina, quien subrayó que los estratos medios y bajos sufrirán más al no contar con "holgura financiera" para hacer frente al incremento.

Sin embargo, el economista aclaró que un aumento del 100% en el diésel no se traduce en un aumento del 100% en los productos finales. Todo dependerá de la estructura de costos de cada rubro.

Explicó que, en el caso del transporte urbano, el combustible representa cerca del 20% de sus costos totales; por ello, el incremento real en el servicio debería rondar el 20% (un pasaje de Bs 3 de Alto Obrajes al centro paceño debería subir a Bs 3,60 y no duplicarse), manifestó.

En el caso de la producción agrícola, sostuvo que el diésel es usado en maquinaria y cosecha por los productores, por lo que el incremento de sus productos solo debería ser de un 20% en la estructura de costos.

Sin embargo, Molina consideró que las personas actúan en base a las expectativas y, debido a ello, optan por duplicar el precio de los productos, aunque advirtió que, al estar en una economía de mercado, están sujetos a la demanda de los consumidores, que optan por no comprar o reducir sus gastos, lo que obliga al vendedor a rebajar sus costos.

También dijo que el Decreto 5716 fue lanzado en septiembre por varias razones, una de ellas vinculada al anuncio del pago de rentas y aguinaldo a los rentistas, con lo que ese sector contará con un aumento de ingresos económicos, lo que “amortiguaría su impacto”.

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“Este impacto es elevado, desde el punto de vista económico y social, pero no hay otra opción, el precio internacional de petróleo están en $us 150 el barril, es insostenible que se compre a ese precio y que se venda en el país por ejemplo a la mitad”, afirmó.

Asimismo, Molina justificó la decisión de mantener congelado el precio de la gasolina, debido a que el país produce el 70% del consumo interno de este carburante, a diferencia del diésel, donde más del 90% es importado mediante divisas que hoy escasean. El barril de petróleo a un precio internacional de $us 150 hacía la subvención fiscal insostenible.

La subvención no es mala ni buena, sino que esto se genera cuando un país tiene la capacidad en recursos propios, no con deuda externa, de poder financiar algún porcentaje, principalmente el transporte urbano. En muchos países existe esta subvención, incluido los Estados Unidos, pero cuando sucede esta situación a veces se tiene que revisar esa medida y levantar.

Por su parte, el economista Omar Velasco calificó la situación como un "shock macroeconómico muy fuerte", que impactará de lleno en la campaña agrícola de verano, considerando que los productores agrícolas deben recurrir al uso de tractores y trilladoras, y disparará los costos logísticos del transporte pesado interdepartamental.

Velasco puso como ejemplo la gravedad del incremento con datos operativos del transporte de carga y pasajeros: un camión de carga que antes gastaba Bs 1.500 en combustible por trayecto ahora requerirá Bs 2.700 (un alza superior al 80%). Un bus interdepartamental en la ruta La Paz-Cochabamba pasará de pagar Bs 2.000 a Bs 3.500 por viaje.

"Hay un fuerte incremento de costos para los sectores productivos y se le está trasladando este costo al consumidor final, al pasajero y al comprador de alimentos*"*, advirtió.

Sostuvo que el Gobierno levantó la subvención al diésel y la gasolina entre diciembre y enero; y ahora solo del diésel, lo que en conjunto genera un incremento de ingresos para el Estado de más o menos Bs 23.000 millones.

“Eso es lo que el Estado está recaudando producto de este salto de precios de los combustibles. Dicho de otra manera, es dinero que se le está quitando a la población, se le está transfiriendo desde la población, desde el poder adquisitivo del bolsillo de los bolivianos hacia las cuentas fiscales, hacia el sector público”, afirmó.

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Pero, del otro lado, todas las medidas de compensación, de bonos que se han anunciado, apenas representan 5.500 millones de bolivianos, es decir, cuatro veces menos del incremento por el lado del ingreso. Entonces, hay una afectación muy fuerte para la población, sostuvo.

“El sector asalariado va a ser el gran perdedor de estos ajustes porque, a diferencia del sector informal, que tiene una dinámica de ajustes mucho más rápido, en el sector asalariado, tanto público como privado, los incrementos de precios no vienen acompañados con incrementos de salarios. El Gobierno está nivelando el precio de los combustibles a los precios internacionales, pero no va a incrementar los salarios a los estándares, al promedio de salarios de la región”, advirtió.

Dijo que, en base a un cálculo realizado, el gasto de una familia que compra 50 litros de gasolina a la semana, 200 al mes, prácticamente se consume el 100% de un salario mínimo nacional. Es decir, “no habría dinero extra para poder consumir alimentos. Es decir, es la relación de gasto a salario más alto de la región”, cuestionó.

Velasco explicó que el alza de precios se debe a la especulación de comerciantes e importadores, que todavía no se han visto afectados por el incremento del precio del diésel; casi inmediatamente le han trasladado el costo al consumidor final.

“La subida del precio de los combustibles se va a traducir en un menor consumo de las familias necesariamente. Y obviamente eso va a tener un impacto en pobreza, un impacto en desnutrición, en desigualdad del ingreso o desigualdad del consumo muy, muy grande”, afirmó.

Además, consideró que el Gobierno levantó la subvención en el peor momento posible. Lo hace cuando el precio del barril del petróleo en el mundo se encuentra superando los $us 100 dólares; lo hace en un contexto en el que para importar combustible está asumiendo préstamos.

Observó que hoy las tasas de interés en el mundo se han incrementado. El costo financiero de acceder a créditos internacionales hoy es más caro. Incluso la subida de tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos lo que va a provocar es un incremento del costo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y nadie lo está diciendo.

Yo no veo que vaya a disminuir los precios de los combustibles en el corto plazo porque obviamente los precios internacionales no solamente se han incrementado para los combustibles en Bolivia, también se han incrementado en todos los países de la región y el mundo y eso está vinculado al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.

El problema con el Gobierno es que, al liberalizar y eliminar totalmente las subvenciones, está desprotegiendo a la población boliviana, está dejando que a partir de ahora sea el contexto internacional el que defina el bienestar de los bolivianos.