Minería ilegal
AJAM: Hay una disputa entre dos sectores de pobladores en La Asunta que mantienen posiciones contrarias sobre la minería ilegal
El director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime José Sanabria, explicó hoy que el conflicto registrado en La Asunta (La Paz) está relacionado con una disputa entre sectores de pobladores que mantienen posiciones contrapuestas respecto a actividades mineras desarrolladas en la zona.
En conferencia de prensa, junto al director Jurídico, Yamil Pericón, y el Coordinador Nacional de Minería Ilegal, Marcelo Cáceres, informó que en medio de ese conflicto existe mucha desinformación que está generando un escenario de incertidumbre en ese sector.
“Debemos informar que la responsabilidad que se está descargando sobre la AJAM es una verdad a medias, toda vez que el problema en La Asunta, al igual que en muchas otras regiones de nuestro país, ha sido generado por los mismos comunarios de la zona, en este caso de la comunidad de Kuchuy Paya, que está en las cercanías de La Asunta”, precisó.
Sanabria se refirió a lo sucedido el pasado fin de semana en ese municipio, donde se registraron enfrentamientos violentos entre los pobladores y miembros de una cooperativa minera que operaba ilegalmente, junto a ciudadanos de nacionalidad china, que derivaron en la quema de maquinaria y el decomiso de otra que permanece bajo el resguardo de la Federación de Campesinos La Asunta.
Dijo que la comunidad, en la gestión 2022, encabezada por su propia directiva, suscribió un contrato de inversión minera con actores productivos nacionales para captar inversiones para la exportación del área donde ellos viven.
“Ellos mismos han pactado con esta gente para hacer minería ilegal, suponemos que es una parte de la gente de este sector, no todos; y este hecho se ha mantenido de manera sostenida, hasta este último periodo donde ha habido cambio de autoridades y, obviamente, se han desconocido estos acuerdos ilegales, porque la AJAM no estaba en conocimiento”, informó.
Sostuvo que un contrato, para tener vigencia legal, tiene que ser autorizado por la AJAM. Esta situación ha generado un escenario de confrontación, porque hay un sector que seguramente quiere seguir operando con esta empresa china y hay otro sector que seguramente no los quiere.
“Debemos informar que la actividad en esta área, que se denomina Tres Amigos 4, es completamente ilegal, porque no cuenta con un derecho minero, es un área revertida, es un área de propiedad del Estado”, dijo.
Sanabria informó que, en las riberas del río Boopi, existen alrededor de 170 derechos mineros, de los cuales hay siete derechos preconstituidos y los demás 164 son solicitudes que no dan derecho a hacer operaciones de explotación; solo son trámites en curso que todavía tienen que ser aprobados por la AJAM.
Después, deben pasar por la consulta previa y luego tienen que ir a la Asamblea Legislativa para ser aprobados y, luego, tramitar una licencia ambiental, porque solo así uno puede hacer una actividad minera legal, dijo.
Estas operaciones ilegales están siendo realizadas por cooperativas que están siendo formadas por comunarios; son los propios lugareños quienes están haciendo actividad minera ilegal, en complicidad con estos financiadores nacionales y extranjeros, manifestó.
“En el caso concreto, se ha presentado por este hecho una denuncia al Ministerio Público y la misma Alcaldía de La Asunta ha presentado una denuncia penal, aclarando en su denuncia que esta actividad de explotación ilegal de recursos minerales en orillas del río Boopi está siendo realizada por ciudadanos extranjeros de nacionalidad china-colombiana en asociación delictuosa con personas que viven en la comunidad de Kuchuy Paya y Río Seco, con algunos dirigentes”, afirmó Sanabria.
Por otra parte, el director Jurídico de esa institución, Yamil Pericón, informó que será coadyuvante en la investigación para identificar a los autores, cómplices y partícipes en el delito de explotación ilegal de recursos minerales, registrado en ese municipio el pasado fin de semana.
“Se tiene un caso penal aperturado, un caso penal, la AJAM ya se ha apersonado y es parte del mismo, vamos a ser coadyuvantes en este caso, vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras atribuciones, vamos a coadyuvar en la investigación y con el Ministerio Público”, informó.
Pericón precisó que la investigación fue en contra de los autores; por lo tanto, adelantó que, en el desarrollo de la investigación, “Este caso se ha anunciado contra los autores, por lo tanto, en el desarrollo de la investigación ya se va a ir determinando quiénes son los autores, cómplices, partícipes en este proceso, por el delito de explotación ilegal de recursos minerales”, afirmó.
Sostuvo que es necesario aclarar también todas las denuncias en contra de la minería ilegal; sin embargo, sostuvo que previamente se tiene que realizar un informe situacional del caso, determinar la conflictividad del lugar, los riesgos para el personal que realice las inspecciones e intervenciones en los sectores donde se registran estas denuncias.
“Nosotros vamos a coordinar con el Ministerio Público y con la Policía Boliviana, si es el caso con las Fuerzas Armadas, a efectos de desplegar y desarrollar las acciones que sean necesarias y a efectos de dar con la averiguación de la verdad”, manifestó.
Por su parte, Marcelo Cáceres, el Coordinador Nacional de Minería Ilegal, dijo que la AJAM está coadyuvando la investigación, agotando instancias. Dijo que se recurrió a la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales y que todo el personal policial que se puso a disposición de la AJAM está dispuesto para realizar una inspección in situ.
En coordinación con el Ministerio Público, informó que se hará una inspección para determinar la presencia de ciudadanos extranjeros, a tiempo de negar que se les haya realizado la entrega de zonas mineras.