Minería ilegal
La AJAM plantea que la minería ilegal requiere una respuesta interinstitucional de todo el Estado boliviano
El director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), José Sanabria, expuso que la crisis minera y ambiental en el norte del departamento de La Paz, como en el refugio de vida silvestre Senda Verde, ubicado en el municipio de Coroico, y otras que se registran en Rurrenabaque y La Asunta, no es un problema exclusivo de su institución, sino un fenómeno transversal que requiere una respuesta interinstitucional de todo el Estado boliviano.
Consideró que la explotación ilegal prolongada genera devastación ambiental y evasión fiscal, mientras que la falta de control en insumos, como el diésel y la maquinaria, agrava la situación.
Además, mencionó que existe un conflicto de competencias entre los gobiernos municipales que prohíben la minería, cuando el Gobierno central es el único facultado para regular los recursos minerales, en alusión a la declaratoria de al menos 10 municipios libres de actividad minera en el norte de La Paz.
Sanabria aclaró que la AJAM solo otorga derechos mineros; quienes autorizan las actividades mineras son las autoridades ambientales competentes, quienes además tienen la potestad de suspenderlas en los casos en que se establezca que se incumplen las normas ambientales.
“Lo que la AJAM hace en el tema minero es otorgar solamente derechos mineros, quienes otorgan autorización para realizar actividades mineras, son las autoridades ambientales competentes, quienes tienen la tuición para suspender trabajos en caso de que vean que se está incumpliendo normas medioambientales”, afirmó.
Sanabria se refirió a la intervención a Senda Verde y comparó lo que sucedió el pasado fin de semana en La Asunta, donde se registró un enfrentamiento entre miembros de una cooperativa minera que operaba ilegalmente con los pobladores que están en contra de la actividad.
Informó que se detuvo a dos ciudadanos, quienes no necesariamente estaban cometiendo un delito minero, sino que estaban cometiendo un delito ambiental.
“Estaban talando árboles o estaban cometiendo delitos ambientales, estaban contaminando y depredando el medioambiente”. El caso pasó a competencia del Ministerio Público, que seguramente ha puesto a estas personas ante un juez de medidas cautelares, quien ha decidido su situación jurídica.
Explicó que la AJAM efectúa una intervención técnica de los derechos mineros y, en caso de que no haya, dicta una resolución de suspensión de cualquier actividad y denuncia este hecho ante el Ministerio Público para el enjuiciamiento correspondiente.
En el caso de Senda Verde, Sanabria precisó que existe un derecho preconstituido, es decir, una Autorización Transitoria Especial para una cooperativa, aunque aclaró que ese derecho, por sí solo, no autoriza las actividades mineras.
Para ello, se tiene que cumplir con un procedimiento previo, que es la obtención de una licencia ambiental de la autoridad nacional o departamental; además, se tienen que hacer monitoreos trimestrales, semestrales y anuales y el control de que se estén cumpliendo las normas ambientales, afirmó.
“En caso de que no se lo esté haciendo, la autoridad ambiental competente tiene la autoridad de revocar esas licencias y aplicar las sanciones administrativas correspondientes y, pedir a la AJAM la resolución del contrato administrativo minero por incumplimiento de contrato administrativo minero que establece la obligación de cumplir las leyes ambientales”, reiteró.
Eso es lo que está pasando en Senda Verde: “no pueden operar mientras no tengan una licencia ambiental, si la tienen y están incumpliendo la autoridad ambiental puede revocar la licencia ambiental y solicitar a la AJAM que le revoque el derecho minero”, puntualizó.
El otro caso es el del municipio de Rurrenabaque, donde se denunció el ingreso de maquinaria a las poblaciones donde se realiza la explotación ilegal de minerales.
Al respecto, Sanabria manifestó que la responsabilidad de combatir la minería ilegal no es solamente de la AJAM: “tiene que ser una tarea interinstitucional”.
Se preguntó cómo ingresan vehículos y maquinaria al lugar, si pasaron los controles legales de Tránsito y de la Aduana, que es la encargada del ingreso de maquinaria al país, y si ingresaron de forma legal o no; además, se tiene que controlar el ingreso de combustible, porque esta maquinaria necesita ingentes cantidades de diésel, que hoy está escaso en el país.
Sostuvo que en este sector donde se hacen estos trabajos ilícitos, las autoridades municipales competentes otorgan licencias para el funcionamiento de estas actividades mineras y cuentan con unidades de medioambiente que deberían realizar los controles respectivos.
“Estas empresas no es que han entrado ayer, están operando mucho tiempo en el sector, han abarcando un gran espacio con la devastación ambiental y con la explotación ilegal de estos recursos que no dejan ningún beneficio ni siquiera para el municipio, porque ni siquiera pagan regalías, ni pagan impuestos, no cumplen con leyes sociales, laborales y menos ambientales”, afirmó.
Por ello, insistió en que este problema se tiene que encarar de manera coordinada, sostenida, con medidas legales, administrativas y también de interdicción, pero que incluyan a la Aduana, Migraciones, la Policía, las autoridades ambientales, gobernaciones, municipios, la AJAM y otras, porque “no es de responsabilidad única el problema de ilícito en la minería es transversal a toda la sociedad boliviana y a todas las instituciones”.
Sanabria también se refirió a otro problema, principalmente en el norte del departamento de La Paz, donde varios municipios se declararon libres de actividades mineras, entre ellos, Caranavi, Palos Blancos, Alto Beni y otros. “Ya van como 10 municipios que se declaran libres de minería y emiten leyes municipales prohibiendo la actividad minera”, dijo.
Sin embargo, ellos tienen competencia para asumir acciones dentro del ámbito municipal, pero, en cuanto a los recursos minerales, es de competencia del Gobierno central, que puede poner medidas restrictivas a cualquier actividad minera en el país.
“Todas las demás autoridades están obrando sin tener competencia en materia de minerales y lo están haciendo y están generando conflictos, porque en esas zonas existen necesidades, existen cooperativas, existen derechos preconstituidos que están siendo afectados y, obviamente es la misma gente que por una necesidad económica, está convirtiéndose en agromineros”, afirmó.