Gobierno mantiene expedita la ruta en Yapacaní y logra acuerdo de 48 horas con campesinos por el diésel

EFE y Agencias / La Paz

El Gobierno de Bolivia mantiene expedita la ruta en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, tras el despliegue preventivo de militares y policías ante la amenaza de un bloqueo de carreteras por parte de campesinos que rechazan el retiro de la subvención al precio del diésel para los considerados "grandes consumidores". La medida de presión fue suspendida tras un acuerdo entre los dirigentes campesinos y el Gobierno.

Los policías y militares fueron enviados a Yapacaní, ubicado a 131 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, confirmó el Ministerio de Defensa. "Ante la convocatoria pública a bloquear en Yapacaní, anoche (el lunes) se dispuso un despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía Boliviana. La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos", explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Justiniano aclaró además que en Bolivia rige el estado de excepción, por lo que sí "se puede marchar, protestar, reunirse y expresar desacuerdo", pero advirtió que "lo que hoy no está permitido (...) es bloquear carreteras, impedir el libre tránsito o afectar infraestructura crítica". "Esa regla vale para todos y en todo el territorio nacional", agregó.

En una reunión realizada en Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, logró un acuerdo con los campesinos y se comprometió a realizar gestiones "para que en 48 horas" se anule el decreto cuestionado, informó a EFE el dirigente Juan Cáceres. "Y si no se abroga este decreto, las organizaciones (…) nos vamos a unificar para ver el camino y el rumbo a tomar en el tema de la movilización", sostuvo.

Por su parte, Paredes dijo a EFE que comparte "el sentir" de los campesinos sobre la norma, al considerar que "no ha cumplido sus objetivos originales" porque el diésel se sigue desviando a actividades ilícitas y no está llegando a los pequeños productores. El acuerdo permite mantener expedita la carretera, aunque los dirigentes advirtieron que podrían retomar las medidas de presión si no se concreta la abrogación del decreto en el plazo acordado.

El Gobierno de Bolivia emitió el 17 de agosto un decreto que establece "un precio referencial" de 18 bolivianos (1,55 dólares, al tipo de cambio vigente) por litro de diésel para industrias, empresas y otras entidades consideradas "clientes directos" y "grandes consumidores". Ese precio, que será variable, no se aplica al sector del transporte público ni a privados con consumos menores a los 5.000 litros al mes, que siguen pagando 9,80 bolivianos (0,84 dólares).

El sector agroindustrial de Santa Cruz rechazó el jueves el retiro de la subvención porque "castiga" a los productores y "no resuelve" los problemas de desabastecimiento del combustible. Asimismo, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) han amenazado con protestas contra el retiro parcial de la subvención del diésel y este miércoles se reunirán en el Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político del exgobernante, para definir medidas de presión.

Bolivia afronta nuevamente problemas de abastecimiento de combustibles y desde hace semanas se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio. El Gobierno boliviano declaró el estado de excepción el 20 de junio, con una duración de 90 días en todo el país, tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos y afines a Morales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.