2026-08-26

Denuncia

En YPFB Refinación se descubre un esquema de corrupción que aprobó un contrato express de más de Bs 870 millones

En el contrato para la provisión de aceite crudo de soya a la planta de biodiesel se excluyó las garantías de cumplimiento. Gobierno presentó una demanda contra 14 involucrados, entre ellos miembros del Directorio y gerentes.

En Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación se descubrió todo un esquema de corrupción que allanó el camino para que una empresa incumpliera el contrato de entrega de aceite crudo de soya a la Planta de Biodiésel. El documento fue firmado en cuestión de días y el pago de más de Bs 870 millones fue ágil, sin reparar en el incumplimiento del compromiso de provisión.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, desveló el entramado de corrupción que se armó en torno a la provisión de aceite crudo de soya para la producción de biodiésel, que incluyó ajustes o modificaciones de las reglas habituales para este tipo de contratos estatales, una aprobación express y un intento de arreglo contractual engañoso.

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De acuerdo con la norma, las empresas que firman contratos con el Estado deben dar una garantía de cumplimiento del 7 % del valor de la obra y otra garantía de anticipo equivalente al monto contratado; sin embargo, con la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L. se hicieron excepciones y se modificaron las reglas en el Directorio de YPFB Refinación.

“Resulta que el Directorio de YPFB Refinación convoca una sesión de Directorio en donde resuelven modificar el reglamento de garantías. Y en esta sesión de Directorio, los funcionarios públicos que ahora son co-responsables, coautores de esta investigación, definen añadir una excepción (y liberan a la empresa de garantías)”, explicó en conferencia de prensa.

Tras las excepciones aprobadas, el contrato fue firmado en seis días, el 8 de abril de 2024, y los desembolsos fueron ejecutados al día siguiente. Es decir, el Gobierno no contaba con ninguna garantía de cumplimiento del contrato y la empresa lo sabía.

“YPFB identifica que había cometido errores garrafales con consecuencias lesivas para el Estado. Una vez que la empresa incumple y YPFB no tenía cómo cobrarse ese incumplimiento, resulta que ambas partes se reúnen y definen una terminación de contrato. En esta terminación de contrato, la empresa reconoce que ha incumplido y que tiene que devolver recursos millonarios”, explicó.

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Al final de la cita, la empresa dejó como garantía dos propiedades agrícolas. Ante el incumplimiento de devolución del dinero entregado, la empresa estatal inició el proceso de embargo y, cuando quiso ejecutarlo, se enteró de que se trataba de una pequeña propiedad, es decir, de acuerdo con la normativa vigente, inembargable.

“En este caso podemos ver que de principio a fin han concurrido una serie de hechos sistemáticamente realizados para beneficiar a una empresa con más de 870 millones de bolivianos que no han retornado nunca al patrimonio”, cuestionó, y anunció el inicio de procesos penales en contra de los responsables.

Según la denuncia, un total de 14 personas están denunciadas, entre ellas Henry Nelson Ibáñez Padilla, representante legal de la empresa, sus socios, los miembros del Directorio y los gerentes general, comercial y jurídico, además de los miembros de la unidad solicitante de YPFB Refinación.

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