Proceso
Justicia cierra el caso contra líderes cruceños por el paro de 36 días de 2022 que exigía adelantar el censo
Después de más de cuatro años de haberse activado, el proceso penal contra los responsables del paro cívico de 36 días en el departamento de Santa Cruz fue archivado y, en consecuencia, los acusados fueron liberados de los procesos, entre ellos el exgobernador Luis Fernando Camacho.
El caso fue presentado el 11 de noviembre de 2022 por el entonces dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al Gobierno del expresidente Luis Arce, Marcelo Mayta, en la ciudad de La Paz, pese a que los supuestos delitos se cometieron en Santa Cruz.
Además de Camacho, fueron procesados Rómulo Calvo, expresidente del Comité Pro Santa Cruz; Vicente Cuellar, entonces rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM); el entonces vicerrector Reinerio Vargas; y José Luis Santiesteban, abogado constitucionalista.
Los delitos
Los denunciados eran investigados por los delitos de terrorismo; resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.
Camacho, junto al resto de los acusados, convocó al paro que se extendió por 36 días y que exigía que el censo de población y vivienda se realizara en 2023, para que sus resultados se aplicaran al año siguiente, principalmente, en la redistribución de recursos económicos.
A pesar de la contundente protesta, el Gobierno no cedió ante la demanda y argumentó razones técnicas. Finalmente, la dirigencia cruceña aceptó que el censo se realizara en 2024, como finalmente ocurrió. En 2025 se conocieron los resultados y se aplicó la distribución de escaños legislativos.