Bolivia y el mercado: ¿puede soportar el ajuste?
Bolivia atraviesa una etapa económica delicada. La escasez de carburantes golpea al transporte y encarece la producción, mientras el nuevo régimen cambiario presiona sobre los precios y reduce el poder adquisitivo. Se suman un déficit fiscal elevado, una deuda creciente y un Gobierno obligado a tomar decisiones impopulares. Rodrigo Paz enfrenta una pregunta que va más allá de la coyuntura: ¿puede Bolivia volver a una economía de mercado?
El acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional puede aportar financiamiento y disciplina para ordenar las cuentas y restablecer la confianza. Pero el programa no es únicamente un préstamo. Supone metas, revisiones y compromisos que pueden obligar a modificar subsidios, gasto público y otras políticas. Firmar un acuerdo es sencillo; aplicarlo en una sociedad acostumbrada a protecciones estatales será más difícil y políticamente costoso. El ajuste puede ser necesario, pero tendrá un costo político inmediato.
Bolivia ya recorrió una ruta de mayor orientación hacia el mercado entre 1985 y 2005. La estabilización posterior a la hiperinflación produjo resultados importantes. Sin embargo, el proceso perdió legitimidad. La capitalización generó expectativas que no fueron cumplidas para buena parte de la población, mientras la crisis internacional de 1997-2001 deterioró las exportaciones. Esa experiencia forma parte del debate sobre qué mercado puede sostener Bolivia.
A esos factores se sumaron corrupción, nepotismo y descrédito de varios gobiernos. La discusión dejó de ser económica y se convirtió en una disputa sobre el papel del Estado y del mercado. Para una parte de la sociedad, el mercado terminó asociado con privilegios, desigualdad y negocios para unos cuantos. Sobre ese terreno el Movimiento al Socialismo construyó durante casi dos décadas una narrativa favorable al Estado empresario, los subsidios y una mayor intervención pública. La memoria de ese período sigue influyendo en cualquier reforma.
Ese pasado importa porque las reformas no se aplican sobre una sociedad sin memoria. Existe una cultura formada durante décadas, con expectativas sobre precios, empleo y subsidios. Cambiar las leyes puede tomar meses; cambiar expectativas puede tomar años. Por eso, la pregunta no consiste solamente en saber si las medidas son técnicamente correctas. También hay que preguntarse si existe capacidad política para explicarlas, aplicarlas y sostenerlas. Una reforma sostenible necesita explicar sus objetivos y costos.
Uno de los obstáculos es educativo. Una parte de la narrativa histórica boliviana ha presentado al país como una nación rica cuyos recursos fueron aprovechados por intereses externos. Esa interpretación contiene episodios que deben estudiarse, pero se vuelve problemática cuando convierte la inversión privada o extranjera en sospecha automática. La defensa de los recursos naturales no debería confundirse con el rechazo a toda forma de capital privado. La participación privada puede aportar capital y tecnología sin perder soberanía.
También existe una comprensión insuficiente de conceptos económicos. Precios, costos, productividad, rentabilidad y asignación de recursos deberían ocupar un lugar más importante en la educación. Si una sociedad no entiende que los precios transmiten información sobre escasez, cualquier incremento puede interpretarse como abuso. Cuando desaparece un subsidio, la explicación económica puede perder frente a una consigna sencilla: alguien está quitando un beneficio que antes recibíamos. Debe enseñar quién paga los subsidios.
El segundo obstáculo es el legado del MAS. Durante ese período se consolidó una narrativa según la cual nacionalizar equivalía a defender Bolivia y crear empresas públicas significaba impulsar el desarrollo. Esa concepción no desaparece porque cambie el Gobierno. Una empresa estatal puede acumular pérdidas y conservar respaldo si es presentada como patrimonio nacional. El problema no es su existencia, sino convertir su carácter estatal en argumento suficiente para evitar evaluaciones de eficiencia. Que una empresa sea pública no garantiza eficiencia.
El tercer obstáculo es institucional. Rodrigo Paz enfrenta un Ejecutivo con respaldo limitado y un Parlamento fragmentado, reduciendo su margen para sostener reformas impopulares. Las organizaciones sociales mantienen capacidad de movilización, por lo que reducir subsidios, aumentar precios o modificar normas laborales puede generar conflictos. Una economía de mercado requiere estabilidad, seguridad jurídica y previsibilidad. Sin estas condiciones, las reformas pueden quedar atrapadas entre la necesidad económica, la resistencia política y la presión social.
El cuarto problema es productivo. Bolivia tiene un sector empresarial pequeño y elevada dependencia de importaciones. Una economía más abierta puede aumentar la competencia y atraer inversiones, pero también puede exponer las debilidades de la producción nacional. Si continúan las dificultades energéticas, la falta de infraestructura y la incertidumbre regulatoria, las empresas enfrentarán mayores costos. La apertura necesita acompañarse de condiciones que permitan elevar la productividad. El mercado no crea capacidad productiva por decreto: necesita capital, energía, tecnología e infraestructura.
Aquí aparece el riesgo más delicado. Si el ajuste estabiliza algunas variables, pero provoca inflación, desempleo o pérdida de ingresos, la población puede concluir que las reformas no funcionan. Los beneficios suelen llegar después, mientras los costos se sienten inmediatamente. En ese escenario puede abrirse espacio para propuestas que prometan controlar precios, restaurar subsidios, aumentar el gasto y nacionalizar empresas. El populismo podría regresar como reacción al fracaso de una transición y al malestar generado por el ajuste.
Bolivia tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para corregir los desequilibrios acumulados. Mientras la sociedad espere que el Estado mantenga subsidios, sostenga empresas ineficientes y resuelva escaseces mediante decisiones administrativas, cualquier reforma enfrentará resistencia. El mercado puede aportar eficiencia, inversión y competencia, pero necesita instituciones sólidas, seguridad jurídica y reglas claras. El desafío no es escoger entre Estado y mercado, sino construir un equilibrio que permita corregir la crisis sin generar mayor conflicto social.