Explotación
Cooperativas auríferas se quedaron con el 95% del valor del oro explotado entre 2006 y 2024
Un reciente estudio de la Fundación Jubileo sostiene que, entre los años 2006 y 2024, las cooperativas mineras auríferas se consolidaron como los principales productores de oro, llegando a concentrar el 95% de la explotación total en territorio nacional, por encima de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que solo llegó a un 0,06%, y de la empresa privada, que alcanzó el 5%.
Sin embargo, en los recursos provenientes de la explotación durante esos 18 años, se muestra que el Estado recibió un ingreso mínimo por concepto de regalías e impuestos.
Durante este periodo de 18 años, las cooperativas extrajeron oro por un valor histórico de $us 20.749 millones y dejaron apenas algo más de $us 400 millones, lo que muestra la baja tributación y un esquema favorable a ese sector.
El documento describe el crecimiento vertiginoso de ese sector a partir del año 2010, a raíz del alza de las cotizaciones internacionales de ese metal, lo que dio lugar a la formación de nuevas cooperativas. Según información del Viceministerio de Cooperativas Mineras, para 2018, el número alcanzó a 1.406 dedicadas exclusivamente a la explotación de oro en todo el país, de un total de 2.077.
Estas 1.406 cooperativas son fuertemente heterogéneas en organización, tamaño, operación y comercialización. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), las cooperativas pueden clasificarse en: asociadas a empresas privadas, grandes, medianas y chicas, sostiene el estudio.
Esta clasificación está en función de la cantidad de socios, del tamaño de su área de trabajo, del volumen de producción y del nivel de mecanización de la operación. En las cooperativas chicas, compuestas por menos de 20 socios, el trabajo es altamente sacrificado y, en muchos casos, con grave contaminación por mercurio para los trabajadores y el entorno. El margen de utilidad es pequeño y las condiciones laborales, lamentables. Su trabajo es, en la mayor parte de los casos, estacional, pues trabajan en los ríos o sus cercanías, según la investigación.
Las cooperativas medianas y grandes, según el estudio citado, se han asociado con empresas que aportan capital u operarios o ambos y, en esos casos, los cooperativistas son rentistas que esperan su aporte.
La mayoría de estas cooperativas se concentraban en el norte del departamento de La Paz, donde se calcula que esa actividad mueve una fuerza laboral de 60.000 socios.
La explotación de oro batió en 2022 un récord al extraer 54 toneladas del metal, equivalente a un valor comercial superior a los $us 3.000 millones.
La investigación considera que las cooperativas están conformadas por personas que no tienen capital para explorar, desarrollar y preparar una mina; estas limitaciones hacen que el Gobierno les favorezca con varias medidas, entre ellas que no paguen el Impuesto a las Utilidades, que se les autorice a apropiarse del valor del mineral extraído y que los excedentes que genere la comercialización de sus productos sean repartidos entre los socios de la cooperativa.
Por otra parte, las cooperativas no tienen autorización para contratar obreros que realicen las actividades de la minería.
Se supone que, por las condiciones mencionadas, los socios de las cooperativas deben realizar las operaciones mineras personalmente; pero tienen personal contratado que, o bien les ayuda a hacer su labor o, directamente, les sustituye en todas sus funciones, salvo en la venta de los productos.
A partir de estas bases, resulta evidente que las cooperativas solo pueden trabajar en minas abandonadas por empresas y que contienen todavía mineral valioso o en depósitos aluviales que no exijan preparación y desarrollo; particularmente, cuando las cotizaciones de los minerales estén en niveles bajos. Cuando estas suban, es posible que la cooperativa destine parte de sus excedentes a labores de preparación de operaciones futuras.
En cuanto a las técnicas y tecnologías que utiliza ese sector para recuperar el oro de sus yacimientos, usan una o varias, o una combinación de varias de ellas, dependiendo de las características del yacimiento, de la disponibilidad de tecnologías, de talento humano y de capital.
La investigación de la Fundación Jubileo considera que el Estado ha perdido la capacidad de control debido a una excesiva flexibilidad política y normativa. “El aporte de la minería aurífera al Estado es mínimo. La mayor parte de los ingresos por la venta del oro va a manos particulares, pues casi todo este metal es extraído por organizaciones privadas con capitales nacionales o extranjeros”, sostiene el documento.
A diferencia de las empresas privadas, que pagan un impuesto a las utilidades (IUE) del 25%, más una alícuota adicional del 12,5% cuando los precios internacionales son altos, las cooperativas no pagan la alícuota impositiva, por ser consideradas formalmente "unidades de naturaleza social sin fines de lucro".
“La alícuota (sic) adicional no alcanza a las cooperativas mineras legalmente establecidas en el país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social”, sostiene el artículo 102 de la Ley 3787, del Régimen Regalitario e Impositivo Minero.
La única retribución económica real que recibe el país de estas organizaciones es la regalía minera. Debido a una disposición que permite registrar las ventas bajo la categoría de "yacimientos marginales", las cooperativas terminan pagando una alícuota efectiva de tan solo el 2% al 2,5% sobre el valor bruto de venta, en lugar del 7% que rige para las operaciones normales.
El informe considera que este desequilibrio normativo provoca que el patrimonio de todos los bolivianos termine enriqueciendo a particulares, mientras el país sufre un desastre ecológico severo por el uso desmedido de mercurio y las regiones productoras reciben migajas frente al valor real de lo que se extrae de sus suelos.