Ciudad
Concejal plantea cobrar impuestos a empresas públicas y abrir debate nacional sobre aportes del Estado
El concejal Fernando Ruiz Saldías planteó que la Alcaldía de La Paz haga efectivo el cobro de impuestos municipales a las empresas públicas que tienen bienes inmuebles y vehículos registrados en el municipio y propuso que, paralelamente, se impulse un debate nacional sobre el aporte tributario de otras entidades del Estado.
La propuesta surge en un contexto de incremento de los costos de operación de los servicios municipales debido al alza del precio del diésel, luego de la eliminación de la subvención. Ruiz Saldías considera que la discusión sobre la sostenibilidad financiera del municipio debe incluir el cumplimiento de obligaciones tributarias que ya están contempladas en la normativa vigente.
“Si la ley ya establece que las empresas públicas deben tributar por sus bienes y sus vehículos, es momento de hacer cumplir esa disposición. No estamos creando un impuesto: estamos pidiendo que se aplique el que ya existe”, afirmó.
En ese marco, el concejal anunció que solicitará a la Administración Tributaria Municipal (ATM) información técnica sobre las empresas públicas alcanzadas por los tributos, la cantidad y características de sus inmuebles y vehículos, las obligaciones pendientes, las eventuales deudas y una proyección de la recaudación que podría generarse con la aplicación efectiva de la norma.
“Esas cifras no las inventa el Concejo. Las tiene que establecer la administración tributaria, con datos y con padrón”, precisó el concejal.
Ruiz Saldías también planteó que el Concejo Municipal impulse un proyecto normativo para actualizar y precisar la regulación vigente, con el objetivo de cerrar vacíos, reducir dificultades de interpretación y fortalecer los mecanismos de registro, liquidación y cobro de los tributos.
Según explicó, la Ley Municipal Autonómica N.º 012/2011, actualizada por la Ley Municipal Autonómica N.º 528/2024, excluye del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) y del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres (IMPVAT) a los bienes de propiedad del Estado sujetos a registro, pero esa exclusión no alcanza a los inmuebles y vehículos pertenecientes a empresas públicas.
El concejal diferenció esta situación del tratamiento tributario de otras entidades estatales. Explicó que la Ley N.º 154 establece límites para que los gobiernos autónomos graven los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro del Estado, las misiones diplomáticas y los organismos internacionales, aunque exceptúa de ese tratamiento a los bienes de las empresas públicas.
El impacto del diésel
Ruiz Saldías vinculó la discusión tributaria con el impacto que tiene el incremento del precio del diésel sobre el transporte municipal, incluido el Pumakatari, además de la maquinaria utilizada para emergencias y mantenimiento.
A este escenario sumó las afectaciones ocasionadas por más de 50 días de bloqueos. Recordó que la Alcaldía evaluó en alrededor de Bs 520 millones las pérdidas o afectaciones económicas derivadas de ese contexto, aunque aclaró que se trata de una evaluación municipal que no fue auditada ni consolidada.
Asimismo, señaló que el alcalde de La Paz informó el fin de semana sobre un requerimiento adicional estimado en Bs 63 millones para sostener los servicios municipales ante el incremento del costo del combustible. El concejal sostuvo que ambas cifras deben ser contrastadas con la información oficial de las unidades competentes.
Sobre el Pumakatari, planteó que su sostenibilidad debe ser analizada considerando no solo el precio del diésel, sino también los costos de operación y mantenimiento, la renovación de la flota, la vida útil de los vehículos, la eficiencia y la estructura general de costos.
“El Pumakatari es un servicio de la ciudad. Hay que defender su sostenibilidad. Eso no significa que todo desequilibrio se resuelva cobrándole al Estado lo que hoy la ley nacional no permite”, señaló.
Un debate que excede al municipio
El concejal planteó diferenciar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas públicas de un segundo debate, referido al tratamiento tributario de ministerios, órganos y otras reparticiones del Estado que operan en la sede de Gobierno.
“El Concejo Municipal no puede, por ley municipal, dejar sin efecto un límite que está en una ley nacional. Pretender lo contrario sería un atajo jurídico y un error político”, afirmó.
Por ello, propuso que La Paz promueva el debate nacional mediante un pronunciamiento del Concejo, gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, además de coordinación con asociaciones de municipios, alcaldes y concejales de otras regiones.
Ruiz Saldías sostuvo que una eventual modificación del régimen nacional de exclusiones tendría un alcance que iría más allá de La Paz y podría beneficiar a otros gobiernos municipales donde existan bienes de entidades estatales. Agregó que cualquier reforma debería respetar el artículo 323 de la Constitución y considerar que un eventual pago de entidades del Estado-administración implicaría un traslado de recursos entre tesoros públicos.
El concejal resumió su propuesta en tres líneas: hacer cumplir las obligaciones que ya corresponden a las empresas públicas, actualizar la normativa municipal para mejorar la recaudación y promover ante las instancias nacionales competentes un debate sobre el régimen de exclusiones tributarias.
“No se trata de una demanda aislada de La Paz contra el Estado. Se trata de discutir si el régimen actual es adecuado para la sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos municipales y para la corresponsabilidad de quienes usan la ciudad”, concluyó.