Proceso
El Gobierno definirá la próxima semana la suerte de un primer paquete de ocho empresas públicas
Con un paquete de ocho empresas públicas empezará la próxima semana el proceso de reorganización, disolución y/o liquidación definido por el Gobierno a partir de criterios técnico-económicos y no de caprichos, informó el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.
“Comenzamos la próxima semana, de manera secuencial. Iremos presentando la aplicación de este decreto (el 5727) sobre un paquete de ocho empresas sobre las cuales se irá tomando la decisión”, explicó respecto a la aplicación de la norma, que “declara prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas”.
No dio mayores detalles de las ocho firmas que serán sometidas a este proceso, una vez que se apruebe la resolución que definirá los pasos por seguir. En julio se informó sobre 15 empresas que se encontraban “en estado crítico o de mayor riesgo”, entre ellas firmas estratégicas que permanecerán en manos del Estado, previa reestructuración.
De acuerdo con el ministro de Economía, Christian Morales, las empresas de interés social como Mi Teleférico “no se las va a tocar”, mientras que el resto serán liquidadas o transferidas a terceros que ya expresaron interés en tomar el control, entre ellos comunidades rurales.
“La próxima semana ya vamos a ir haciendo (la reorganización, disolución y/o liquidación); seguramente va a haber un programa y vamos a ir presentando una a una la decisión que se va a tomar”, anticipó en una entrevista con el canal estatal.
El Decreto Supremo 5727, aprobado la noche del jueves, define la ruta crítica para establecer la situación de 67 empresas estatales creadas durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Sin embargo, hay otras 100 empresas dependientes de gobernaciones y municipios que no son alcanzadas por el decreto aprobado para responder a las demandas de distintos sectores de cerrar las entidades estatales, a fin de evitar mayores gastos al Estado en estos momentos de crisis económica.
“El daño a Bolivia es enorme y la estafa es histórica”, afirmó Camacho.