Convulsión social
Defensoría del Pueblo: estado de excepción funcionó como medida de contención, persisten focos de conflicto por combustibles y costo de vida
La Defensoría del Pueblo advierte que estado de excepción dictado por el Gobierno nacional, que estuvo vigente entre junio y septiembre y fue ampliado hasta diciembre de este año, funcionó como medida de contención de protestas, y advirtió la persistencia de focos de conflictividad por combustibles y alza del costo de vida.
La institución informa que se evaluó el impacto de la medida dispuesta por el Decreto Supremo 5636, que estuvo vigente entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026, identificando los factores de riesgo en el escenario actual ante la decisión estatal de extender la medida por tres meses adicionales.
El reporte concluye que la vigencia del estado de excepción permitió una desescalada rápida de la medida de presión en las carreteras del país, logrando reducir los puntos de bloqueo activos de 42 el 20 de junio a cero en tan solo tres días, lo que restableció la libre transitabilidad en el territorio nacional.
Sin embargo, considera que, la medida funcionó como un mecanismo de contención temporal de la protesta vial, pero no resolvió de manera estructural las causas de fondo que originaron el ciclo de movilizaciones.
Informa que, través de los registros del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) y del Sistema de Alerta Temprana (SAT), la Defensoría del Pueblo contabilizó un total de 128 eventos de conflictividad durante este primer trimestre.
“Lejos de extinguirse, las tensiones sociales se intensificaron en el último tramo del periodo monitoreado: el 43% de los casos (55 eventos) se concentraron entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, evidenciando una diversificación hacia demandas laborales, salariales, de salud, educación y minería”, sostiene.
Precisa que, la problemática del combustible se mantuvo como el eje transversal de las protestas y que las demandas sociales mutaron desde el abastecimiento y la calidad en junio y julio, hacia el rechazo al Decreto Supremo 5676 promulgado en agosto, norma que fijó el precio del litro de diésel en Bs 18 para grandes consumidores.
Esta situación activó medidas de protesta como "tractorazos" y advertencias de nuevas movilizaciones por parte de sectores agropecuarios, transportistas y organizaciones campesinas en departamentos como Santa Cruz, Oruro y Potosí.
Al cierre del periodo evaluado, el 57% de los conflictos se encontraba en fase de escalamiento y un 27% en etapa de preconflicto. La Defensoría del Pueblo advierte que 35 eventos se encuentran en fase de preconflicto representan una alerta temprana sobre el alto riesgo de rearticulación e intensificación de las medidas de presión durante el nuevo periodo de 90 días de ampliación del estado de excepción.
Ante la continuidad de la medida extraordinaria por 90 días más, ratifica la urgencia de que el Estado en sus distintos niveles priorice la apertura de espacios de diálogo intersectorial efectivo y la aplicación de políticas públicas orientadas a resolver los problemas de abastecimiento de combustible y costo de vida.
De igual forma, insta a mantener un seguimiento preventivo de los conflictos en etapa de preconflicto y a garantizar el estricto apego a las garantías constitucionales en cualquier operativo de las fuerzas del orden, reafirmando que el monitoreo defensorial continuará de forma permanente e intensificada en todo el país.