Constructores reportan contracción del 27,3% en su PIB en el primer semestre del año y se declaran en emergencia
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se declaró en estado de emergencia tras registrar una contracción del 27,3% en su Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer semestre del año. Mediante un comunicado público, el sector alertó que el reciente incremento del 83% en el precio del diésel y el retraso en los pagos estatales, provocaron la paralización de obras públicas, por lo que solicitaron una reunión urgente con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, para exigir un mecanismo permanente de reajuste de precios.
Ante una inminente ola de cierre de empresas y pérdida de empleos, la entidad solicitó formalmente una audiencia con las autoridades, para frenar la parálisis de la obra pública. Los constructores advirtieron que la escasez de divisas y la subida del precio del diésel a Bs 17,95 por litro, hacen insostenible la ejecución de los contratos vigentes, si el Estado no aplica soluciones financieras inmediatas.
Con el objetivo de evitar el colapso definitivo de uno de los mayores generadores de empleo en el país, la Caboco y las cámaras departamentales, exigen al Ejecutivo restablecer con urgencia las mesas técnicas de trabajo. El sector formal de la construcción aclaró que no busca privilegios, sino sincerar los presupuestos estatales y promulgar un nuevo Decreto Supremo que indexe los costos reales a los contratos vigentes.
El pronunciamiento sostiene que, es uno de los principales generadores de empleo del país y del sector más vulnerable de la población y es el sector con mayor capacidad de reactivar la economía de forma inmediata.
“Sin embargo, en el primer semestre del 2026 se ha contraído a niveles insostenibles: su PIB registra cifras negativas (-27.3) como establece el ‘Reporte de Inflación y Política Monetaria’ publicado por el Banco Central de Bolivia en agosto de este año, muy por debajo del resto de los sectores productivos, siendo el sector más afectado”, informa el documento.
Ante esta situación, la Caboco solicita al presidente Paz y a los ministros de las áreas vinculadas al sector, una reunión urgente para abordar integralmente esta problemática y definir una agenda de trabajo con soluciones concretas.
El problema más inmediato que debe resolverse es el desequilibrio económico-financiero de los contratos de obra pública actualmente en ejecución; para restablecerlo y garantizar la continuidad de las obras, se ha empezado a trabajar generando canales de coordinación para buscar soluciones efectivas, sostiene.
"Se hace necesario sincerar, por parte de las instituciones ejecutoras de los proyectos, sobre el presupuesto con el que cuentan para realizar la aplicación de reajustes ya que dependerá de la realidad de cada proyecto si se requerirá buscar y plantear mecanismos de equilibrio como ser la resolución de contratos de mutuo acuerdo o la paralización de obras mientras se ajustan nuevas medidas de reactivación para el sector", manifiesta el comunicado.
Plantea acelerar la mesa de trabajo ya instalada con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, cuyo objetivo es promulgar un nuevo D.S. de Reajuste de Precios que sustituya y corrija la normativa actual, adecuándolo a la realidad económica del país.
Solicita que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se incorpore a esta mesa —junto a las demás instancias que correspondan— para lograr su promulgación urgente y su aplicación inmediata. Se debe garantizar la efectividad.
El sector considera que, el reajuste de precios no puede seguir siendo una medida excepcional o temporal, "debe ser un mecanismo permanente de la contratación pública, que responda técnicamente a las variaciones de los costos de obra y evite que las empresas constructoras asuman riesgos económicos que no les corresponden".
Propone además dos medidas que amplían y fortalecen la participación del sector formal: incrementando el número de empresas habilitadas que cumplan todos los requisitos legales; estructurar los proyectos de gran envergadura y, evitar la concentración de contratos en un número reducido de ellas; y un fondo de compensación de recursos, para garantizar la continuidad de las obras que incluya créditos.