2026-09-30

Acuerdo

Expresidente del Concejo dice que ejes acordados entre el Gobierno y alcaldías deben convertirse en “obligaciones, instrumentos y resultados”

El Ejecutivo y las alcaldías de las ciudades capitales firmaron el Acuerdo N° 002/2026, que contempla tres ejes.

El martes, el Gobierno central y las alcaldías de las ciudades capitales, además de la de El Alto, firmaron el Acuerdo 002/2026, denominado Agenda 50/50, que contiene tres ejes: “libertades y eficiencia autonómica”, “reformas normativas” y “acuerdos fiscales y financiamiento”. Para el analista y expresidente del Concejo Municipal paceño, Jorge Dulon, los ejes deben convertirse en “obligaciones, instrumentos y resultados”. Añadió que existe un riesgo que estaría en el segundo punto acordado.

“Los tres ejes son técnicamente pertinentes; lo que todavía falta es convertirlos en obligaciones, instrumentos jurídicos, cronogramas y resultados medibles. El Acuerdo 002/2026 identifica precisamente esos tres ámbitos y plantea revisar competencias, cargas financieras, procedimientos administrativos, normativa e instrumentos de financiamiento”, señaló Dulon en contacto con Visión 360.

Según el acuerdo, el primer eje, “Libertades y eficiencia autonómica”, establece medidas destinadas a fortalecer la capacidad de los municipios para ejercer sus competencias y prestar servicios públicos.

El segundo eje contempla las “reformas normativas” para profundizar la autonomía municipal y eliminar las restricciones que afectan la gestión local. Este punto plantea revisar la legislación que limita las competencias de los gobiernos municipales, facilitar la aprobación de las Cartas Orgánicas, evaluar mecanismos de administración tributaria municipal y promover nuevas formas de cooperación internacional. Además, se incorpora la posibilidad de impulsar inversiones y alianzas público-privadas.

Sin embargo, para Dulon, en este eje se centraría un riesgo: que el Gobierno no haya enviado una nueva propuesta normativa sobre Alianzas Público-Privadas a la Asamblea Legislativa, lo que perjudicaría las alianzas entre los gobiernos municipales y las empresas privadas.

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“El principal riesgo está en el segundo eje: la reforma normativa. Un ejemplo evidente son las Alianzas Público-Privadas. El propio Gobierno había anunciado en agosto el envío posterior de un proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras ese marco nacional no esté aprobado y reglamentado, las Entidades Territoriales Autónomas tienen dificultades para construir seguridad jurídica suficiente para desarrollar APP de alcance relevante”, señaló Dulon.

El tercer eje, referido a los acuerdos fiscales y financiamiento, plantea analizar de manera integral las fuentes de ingresos municipales, incluyendo transferencias, tributos propios, crédito y financiamiento corriente. Además, establece la necesidad de estudiar criterios para una distribución fiscal equitativa, considerando factores como población, capacidad fiscal y esfuerzo recaudatorio.

Sobre este punto, Dulon señaló que para llevarlo adelante se requiere una metodología objetiva. “El propio acuerdo plantea considerar población, capacidad fiscal, esfuerzo recaudatorio, dinamismo económico y necesidades básicas insatisfechas. Si esos criterios terminan expresándose en fórmulas, leyes y reglamentos, estaremos frente a una reforma. Si permanecen únicamente en actas y declaraciones, serán buenas intenciones”, indicó el analista.

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