Contra viento y marea
El costo de la demagogia: el inevitable fin de las estatales de papel
El reciente decreto 5727 dictado por el gobierno ha puesto una lápida formal al relato insustentable, demagógico y corrupto iniciado en la era de Evo Morales y profundizado en el estrepitoso gobierno de Luis Arce Catacora. La falsa “industrialización con sustitución de importaciones”, salvo algunos escollos legales, finalmente quedará para el largo inventario de atrocidades que a lo largo de nuestra historia hicieron gobiernos para esquilmar las arcas del Estado. La norma que declara de prioridad nacional, reorganizar, disolver y liquidar empresas públicas deficitarias, no hace más que aceptar una realidad inocultable al razonamiento serio y responsable: El Estado demostró una vez más, ser un pésimo administrador de recursos comerciales.
Lo que con descaro en el papel se vendió como un salto tecnológico hacia la soberanía productiva, terminó convertido en una constelación de pequeñas factorías y proyectos y negociados inconclusos unos y totalmente inútiles la mayoría de ellos, o, lo que es lo mismo: proyectos operando en quiebra técnica. Los datos oficiales respecto a ese conjunto de empresas sin ninguna visión son devastadores, porque por lo menos 15 de esos monumentos a lo indescriptiblemente absurdo, acumulan pérdidas por más de 2.625 millones de bolivianos arrastrando un patrimonio negativo. Los casos más emblemáticos son la ensambladora Quipus, que de fabricante de ordenadores no tiene absolutamente nada, pero que en su momento representó un gran alivio para el gobierno de Evo Morales, que sin piedad desangró el dinero de los bolivianos repartiendo ítems a sus adherentes. Eso es Quipus: una agencia de empleos.
Las plantas procesadoras locales son “elefantes blancos” y nunca tuvieron un justificativo empresarial, porque para hacer papas fritas no se requiere una empresa sostenida por un descomunal número de trabajadores, sino un cuarto de tres por tres, como los que existen en El Alto de La Paz o en esta misma ciudad, el padre, la mamá y dos hijos disciplinados y con algo de vocación emprendedora, para proveer de ese producto a toda el área metropolitana.
Durante el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora se implementaron muchas de estas fábricas pretendidamente como una alternativa a los ingresos que nos daban la venta de gas o a la exportación de minerales, pero claro, eso está bien solo para un chiste porque por numerosas que hasta ahora son esas caricaturas industriales, no se necesita más que la decisión -decíamos- de un emprendedor con visión empresarial para ser propietario de esas manufactureras y no representar nada para la economía nacional. Claro que ante el fracaso de todas esas “industrias”, sus defensores arguyeron que esas plantas no deben medirse bajo una fría lógica comercial, sino por su rol social y de fomento al empleo rural. ¡Qué impostura! ¡Qué falacia! El boliviano que tributa debe mantener servidores públicos que no producen o que, si lo hacen, lo hacen a pérdida. ¡Que lógica la del “mejor economista del mundo”! No hay beneficio social real en subsidiar ineficiencias crónicas con recursos que bien podrían destinarse a la salud y a la educación. La supuesta soberanía alimentaria, argumento con el que fueron abiertas las fabriquitas de alimentos, no se consigue creando mercados artificiales ni con un Estado benefactor al estilo de las Misioneras de la Caridad, sino incentivando la competitividad entre privados.
Ante la profunda crisis fiscal, el paso tardío y tibio de disponer la disolución de un primer grupo de empresas estatales es de todas maneras un paso impostergable para limitarse a normar la actividad privada y en ningún caso competir en un mercado que no entiende. La lección del decreto 5727 debe ser definitiva, pues la riqueza de un país no se decreta desde un ministerio ni se construye con burocracia. Aquellos experimentos ideológicos de un socialismo irresponsable con el país deben ser desterrados devolviéndole el protagonismo a la iniciativa privada, que es la única que puede generar empleo sin pasarle la factura al bolsillo de los bolivianos.
Finalmente, la chacota de esas empresas no puede quedar en la impunidad. El montaje de cada una de esas costosas e inútiles fábricas, debe ser investigado mediante auditorias que con seguridad van a demostrar los millones de dólares con que ministros y otras altas autoridades del anterior régimen se han enriquecido, tal como ya se comprobó con EMAPA.
En Bolivia, como en cualquier otro país, existen empresas estratégicas inherentes a la seguridad nacional que no pueden ser ni privatizadas y mucho menos liquidadas, pero tampoco podemos anclarnos en los inicios del siglo XX en que instalar una fábrica de las que el MAS nos dejó, que o no funcionan o trabajan a pérdida. Debemos apuntar a diversificar nuestra economía, y la industrialización es una opción, pero produciendo en términos de competitividad con el extranjero y entre privados.