Construcciones fuera de norma, atentados a la vivienda digna
En la ciudad de La Paz es cada vez más usual encontrar edificaciones que llaman la atención por su enorme volumen e inmensa altura en contradicción con las normas de construcción, que son de conocimiento de profesionales del rubro y de algunos vecinos.
La Ley del Uso del Suelo Urbano LUSU, está regulada por las Leyes Municipales Autonómicas No. 017, No. 024 y No. 050 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP, con modificaciones 14, 24, 50 y 80, además de decretos reglamentarios y ordenanzas complementarias. El objeto de estas disposiciones legales comprende la regulación de la administración territorial, clasificación y uso del suelo, patrimonio histórico, mitigación de riesgos y parámetros técnicos de edificación en el municipio. La Ley LUSU debe ser actualizada cada diez años, lo cual sensiblemente no acontece en nuestra ciudad.
La proliferación de construcciones fuera de norma incrementa exponencialmente la densidad edilicia o alta concentración de edificios en altura y la densidad poblacional o sea el número de habitantes por hectárea que en exceso tiene como resultado el hacinamiento. La sobresaturación de dichas construcciones en zonas como San Jorge, Sopocachi y Miraflores, ocasiona una serie de problemas urbanos que atentan contra la calidad de vida de los ciudadanos.
Especulación inmobiliaria. Práctica de invertir y vender bienes raíces como viviendas en propiedad horizontal, locales comerciales y parqueos con el objetivo de obtener rápidas y jugosas ganancias o plusvalías en el mercado, sin contemplar disposiciones legales o condiciones de habitabilidad necesarias.
Delito urbanístico. Operaciones fraudulentas de aprobación de proyectos de edificación mediante sobornos o prevaricación administrativa, en su caso la legalización de lo ilegal mal llamada regularización destinada al beneficio de constructoras o inversores sin escrúpulos.
Estafa agravada. Engaños en la venta o comercialización irregular de inmuebles con planos sin permiso de construcción o con permisos de construcción obtenidos de manera fraudulenta, logrados mediante coimas a autoridades o funcionarios municipales carentes de ética.
Asoleamiento insuficiente o inexistente. Los altos bloques edificados con proximidad entre sí o aislados emiten conos de sombra que limitan o anulan el asoleamiento tan necesario para la salud y la vida de las familias, así el disfrute del sol se convierte en un bien preciado y escaso que provoca la degradación de la vida cotidiana en viviendas.
Sobrecarga en redes de servicio. El caso más usual en nuestro medio es no considerar la capacidad de la red de alcantarillado muy antigua, deteriorada y de reducidos diámetros, sobre la cual se descargan las aguas servidas de un edificio que tienden a provocar el colapso de dicha red. El aumento de cables eléctricos y de telefonía incrementan sus antiestéticas y abundantes marañas. La recolección de residuos sólidos o basura se complica y dificulta.
Incremento de la congestión vehicular. La cantidad de vehículos que se eleva ostensiblemente causando mayor perjuicio debido a la concentración de los mismos en vías públicas, parqueos o estacionamientos en vías públicas.
Saturación de espacios públicos y de equipamiento. Áreas verdes y otras de uso público, así como de equipamiento urbano en los rubros de educación, salud y otros se saturan y desbordan con las consecuencias adversas.
Casos actuales dignos de fiscalización. Al presente se observan dos edificios en construcción que llaman la atención por su magnitud y características.
Torre Edith. Ubicada en avenida 20 de Octubre casi esquina Aspiazu, zona Sopocachi, que en su cartel oficial menciona tener permiso de construcción para 29 plantas con 19.432 m2. Revisando las normas el edificio tendría que contar con 22 plantas y 8.460 m2, lo que implicaría serias infracciones a la normativa.
Torre San Remo. Ubicada en Calle Nicaragua casi esquina Plaza Triangular, zona Miraflores, que en su cartel oficial anuncia contar con permiso de construcción para 23 plantas con 4,656,66 m2. Tomando en cuenta la normativa vigente tendría que contar con un máximo de 12 plantas con 2.289,90 m2, por lo cual estaríamos frente a otro edificio fuera de norma.
Fiscalización municipal inmediata se requiere en ambos casos, pues existen dudas razonables y alta probabilidad de infracciones nocivas al buen vivir de los futuros habitantes.
¡La Ciudad debe estar al servicio de la gente y no de la especulación inmobiliaria!