Medioambiente
Defensoría pide identificar a responsables de amenazas contra dirigente que denunció minería ilegal en el río Madre de Dios
La Defensoría del Pueblo activó hoy el seguimiento, acompañamiento y vigilancia estricta a las instituciones estatales para que identifiquen a los responsables de las amenazas contra el presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Javier Fernández Tuno, quien es objeto de amenazas de muerte por desconocidos debido a su lucha contra la actividad minera ilegal en el río Madre de Dios.
A través de un comunicado, la institución consideró que hará una “estricta vigilancia” a las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, los ministerios correspondientes y las autoridades de la Jurisdicción Agroambiental, exhortándoles a actuar con la debida diligencia para garantizar la seguridad del dirigente indígena.
Además de identificar a los responsables, demanda la consolidación y las garantías reales para la labor de Fernández Tuno, quien denunció la extracción ilegal de oro y promovió la expulsión de las balsas que eran utilizadas en la extracción de ese mineral, sostiene el comunicado.
El directorio de la Central Indígena de Pueblos del Oriente (Cidob) denunció hoy que las amenazas al dirigente están “directamente relacionadas con la demanda de Acción Preventiva Ambiental que desarrolla en defensa de las comunidades afectadas por la minería aurífera en el río Madre de Dios”, por los daños provocados por el uso de mercurio, presentada en 2025.
En diciembre de 2025, el Tribunal Agroambiental emitió una medida precautoria que ordenó la suspensión inmediata de la minería ilegal en el río Madre de Dios y mandó paralizar y anular las concesiones mineras que no cuenten con procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI). La Defensoría del Pueblo destaca la determinación en favor de los derechos indígenas.
En el año 2026, el TIM II reclama por el incumplimiento del Estado de las decisiones asumidas por la justicia y, ante ello, decide realizar el control territorial.
El 26 de septiembre, Fernández informó que los cinco pueblos originarios de la Amazonía de Pando decidieron asumir acciones para defender su territorio de los cooperativistas auríferos que operan en las riberas del río Madre de Dios. Con ese objetivo, anunciaron que conformarán comités de defensa y desalojarán a los mineros que contaminan las aguas con mercurio el próximo 30 de septiembre.
La semana pasada, Fernández fue requerido por la Fiscalía de Pando para presentar, en un plazo de 24 horas, pruebas de sus denuncias de contaminación del río Madre de Dios con el mercurio que se utiliza en la minería del oro.
La Defensoría del Pueblo advirtió que mantendrá un monitoreo permanente para asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso, la no vulneración de los derechos colectivos y la protección integral de quienes defienden la Amazonía y los derechos de la Madre Tierra.
Además, expresó su “profunda preocupación” y condenó enérgicamente las amenazas de muerte e intentos de intimidación denunciados a través de redes sociales contra el presidente de la CIPOAP y su entorno familiar.
Al respecto, es preciso recordar que la labor que desempeñan las autoridades y dirigentes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos constituye una expresión fundamental del ejercicio de los derechos colectivos, la libre determinación, la gobernanza territorial y la salvaguarda de la vida, la salud, el agua y la seguridad alimentaria de sus comunidades, sostiene el documento.
La criminalización, persecución o amedrentamiento hacia el liderazgo indígena desarticula el tejido social y desconoce su rol histórico en la protección del patrimonio natural amazónico, advierte.
Recordó que, en el marco del ejercicio de la fiscalización comunitaria y la defensa ambiental frente al avance de la minería y sus impactos por mercurio, así como del Acuerdo de Escazú, ratificado mediante Ley N.º 1182, de 4 de junio de 2019, el Estado boliviano tiene la obligación ineludible de garantizar un entorno seguro y propicio, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar todo ataque, amenaza o intimidación contra las personas que denuncien o hagan conocer vulneraciones a los derechos humanos en asuntos ambientales.