Contra viento y marea
La Haya y la retórica de la traición
El 1 de octubre de 2018, el país estaba pendiente y tenso, escépticos unos y esperanzados otros, porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) pronunciaba su sentencia. Esta ponía fin a más de cinco años de juicio instaurado por Bolivia contra la República de Chile, demandando la declaración de que este último país debía negociar coercitivamente con el nuestro una salida soberana al océano Pacífico.
El extenso fallo del máximo tribunal —el cual causa estado— hace una pormenorizada relación de las pruebas ofrecidas. Una vez compulsado su valor y eficacia jurídicas, doce de quince magistrados, en única instancia, declararon que Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida soberana de Bolivia hacia el Litoral que, desde su fundación hasta 1879, fue suyo.
Estamos ya distantes de ese primer día de octubre en que los bolivianos nos sentimos defraudados por la pésima defensa legal de abogados extranjeros, quienes nos devolvieron a nuestra realidad: la mediterraneidad que, a partir de esa lúgubre tarde, lo más probable era que fuera de duración eterna. Pero no estamos tan alejados del dislate pronunciado por el exdictador Evo Morales Ayma, quien sostuvo que es una traición a la patria que el presidente Rodrigo Paz Pereira no hubiera incluido en una agenda común con Chile las negociaciones que permitieran una salida al mar. Consiguientemente, más allá de la corrección o injusticia del fallo, la Corte determinó que Chile no había incumplido ningún acuerdo ni compromiso en el marco del derecho internacional, habiéndose limitado a sugerir que ambos Estados continúen, libremente, dialogando sobre el tema.
En la teoría del derecho procesal, toda sentencia debe obedecer a una técnica tal que entre la parte considerativa y la resolutiva exista correspondencia conceptual; pues aquella da mérito a esta, aunque es esta última la que efectivamente traduce la voluntad del juzgador. Por eso, causa extrañeza que quien califica como “traición a la patria” la agenda comercial sea, paradójicamente, el responsable político del mayor portazo jurídico que Bolivia ha recibido en su historia. El juicio ante la CIJ no lo perdió la actual administración: lo perdió el gobierno del MAS en 2018. Bolivia cerró voluntariamente su propia llave jurídica al acudir a la máxima instancia del planeta, lo que significa que reconoció la competencia de la CIJ, sometiéndose a un veredicto inapelable.
Y por si fuera poco, el tribunal rechazó todas las demás conclusiones planteadas por Bolivia. Estos antecedentes, irrefutables para cualquier hombre o mujer de derecho, hacen que el caso esté cerrado para el derecho internacional; no hay tribunal penal, arbitral ni corte a los que nuestro país pueda volver para intentar litigar lo ya juzgado.
El encendido discurso de Morales condenando la omisión del tema no es más que romanticismo político que no genera jurisprudencia. Y es que confundir el deseo histórico al que Bolivia no renuncia con la realidad legal es el error que nos llevó al fracaso de 2018. El derecho histórico de Bolivia a retornar al océano Pacífico con soberanía es legítimo, irrenunciable y vive en el sentimiento de cada boliviano; sin embargo, no es vinculante para terceros Estados. El derecho jurídico, en cambio, es el que se litiga bajo reglas estrictas, y es este último el que Bolivia perdió de manera inapelable en 2018.
Ni Morales ni ningún otro político puede ilusamente sostener una obligación chilena de tratar sobre el mar. Más bien, la política nacional debe orientarse hacia una diplomacia que trabaje mediante el realismo y la negociación voluntaria de buena vecindad. Eso podrá ser posible únicamente cuando se designe un canciller y un equipo que sepan de relaciones internacionales, ciencia política, economía e historia; disciplinas que los dos últimos jefes de la diplomacia ignoran.
Por el momento, el pragmatismo de priorizar el libre tránsito, los puertos y el comercio bilateral no es claudicar, sino la lógica consecuencia de un juicio mal diseñado.