En clave global
Cuentan las crónicas del 20 de noviembre de 1975, pocas semanas después de conmemorarse los treinta y nueve años de la exaltación de Francisco Franco a la Jefatura del Estado español y tras una larga agonía, el anciano “Caudillo” dejaba de existir. Una de sus últimas actuaciones fue nombrar a Carlos Arias Navarro como su sucesor, después de haberse producido el asesinato de Carrero Blanco en manos del grupo terrorista ETA. La desaparición del dictador no significó en simultaneo el fin de la dictadura, pues la legalidad y las instituciones franquistas quedaban en pie, dando inicio a la transición democrática con un nuevo Jefe de Estado, el rey Juan Carlos de Borbón.
Entre los años 1973 y 1976 se produjo el desplome del régimen español. El gobierno personalista intrínsecamente ligado a la figura del dictador, buscaba blindarse mediante leyes fundamentales que configuraban un nuevo Estado. El rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez como presidente, uno de los jóvenes ministros del régimen que, en palabras de Torcuato Fernández, parecía inofensivo y manejable, apelando así a la reforma política que permitiese desmantelar la institucionalidad franquista desde el interior.
La reforma política establecía Cortes bicamerales que eran elegidas mediante sufragio universal, dando paso a la constitución legal de partidos políticos. La nueva Ley de Reforma Política era aprobada el 18 de noviembre de 1976 por una amplia mayoría, siendo ratificada mediante referéndum popular con más del 90% de votos a favor. Quedaba de esta manera instaurada la monarquía parlamentaria que sería refrendada con las elecciones generales de junio de 1977 y finalmente con la Constitución de 1978, un proceso rodeado de conflictos y tensiones viabilizó una transición pacífica hacia la España moderna.
El mes pasado el presidente español disolvió las Cortes y convocó a elecciones generales que deberán celebrarse el próximo 29 de noviembre. Una situación bastante peculiar luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) manifestase en reiteradas oportunidades que completaría su legislatura. Se sabe desde la Moncloa que originalmente el plan consistía en aguantar hasta el verano del año 2027. Su renuncia se produce en medio de una serie de denuncias de corrupción que salpican incluso a su familia y con casos como el de José Luis Ábalos y el antiguo fiscal general, que han recibido sentencia en los procesos de los que se los acusa.
El presidente del gobierno plantea de esta manera los comicios de final de mes como un duelo entre la razón y la brutalidad, donde se confrontan el bien y el mal, tratando de mostrarse él, como instrumento de contención frente a las arremetidas del presidente norteamericano Donald Trump, haciendo de la polarización su arma en la batalla y tratando por todos los medios frenar el avance de VOX que aparece en los sondeos de opinión –después de cincuenta años de bipartidismo–, desplazando al Partido Popular (PP).
La realidad muestra que el gobierno español se ha convertido en los últimos ocho años en un botín de los socialistas. Los órganos independientes han sido delegados a los militantes leales del partido, asumiendo un sentido patrimonial y personalista del Estado que ha terminado manchando a la familia del presidente y a sus más cercanos colaboradores. El poder comprado con amnistías deja como resultado un gobierno que administra el poder sin presupuestos y en intentos recurrentes por aprobar decretos en la Diputación Permanente, activando frecuentemente las manifestaciones y protestas desde las calles, profundizando la crisis y mostrando un deterioro notable de la democracia española.
El gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de desacreditar a los disidentes tal como lo hicieron los líderes de los países gobernados por la izquierda. Han convertido a los jueces y magistrados en su enemigo interno, mientras estos exigen al Gobierno que presenten los datos de la ley de nietos que permitiría a quienes puedan acreditar sus raíces españolas acceder a la nacionalidad. También se ha pedido al PSOE la contabilidad de su partido, lo que podría comprometer su situación legal. La hegemonía del gobierno socialista ha encontrado en la justicia española y la prensa independiente, un dique de contención a la feroz arremetida propagandística.
La economía de la que tanto se precia el gobierno de Sánchez, no ha hecho más que incrementar los impuestos, los salarios han quedado estancados, la vivienda se ha disparado, la productividad experimenta una fuerte recesión y el asistencialismo gubernamental amenaza con parasitar la economía. Sin embargo, las encuestas permiten vislumbrar un panorama diferente, ante el cual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prefiere mostrarse cauto en sus declaraciones, ante la necesidad aparente de contar con el apoyo de VOX para mantenerse vigente en el espectro político que a día de hoy –al menos–, deja entrever que Santiago Abascal (líder de VOX) será quien recoja los frutos que han dejado regados los desaciertos de los partidos tradicionales en poco más de medio siglo de historia democrática española.
La democracia no se fortalece únicamente con la asistencia de la ciudadanía a las urnas de forma permanente, la democracia se trabaja y se construye diariamente a través de acuerdos que permitan un equilibrio en los sistemas heredados de gobiernos autoritarios. Una democracia sólida deviene de instituciones creíbles, sólidas e independientes. La democracia se fortalece cuando las sociedades aprenden a mirarse sin escorarse, cuando se cambia el rencor por propuestas y se hace de la pluralidad una ventaja que diversifique las alternativas de desarrollo.
La institucionalidad se destruye cuando se percibe al Estado como un botín de propiedad de un partido o de una familia. En ese contexto la democracia no muere inmediatamente, se va apagando lenta y dolorosamente en medio de conflictos que amenazan la paz social. Por tal razón la participación de la sociedad civil es imprescindible para evitar que el poder político insista en creer que es inmune a los problemas que afectan a las grandes mayorías; bajo la premisa que: donde la confianza se pierde, no es admisible que el poder busque atajos con tal de facilitarse el camino. La democracia se fortalece sin exclusión ciudadana que es donde emergen voces propositivas y proactivas, que deben comenzar a escucharse con responsabilidad y respeto.
Para disgusto del poder y para satisfacción de la sociedad civil, la industria cultural ha comenzado a enseñorearse de los territorios devastados por las ideologías políticas totalitarias y esclavistas en clave global, dando paso al mundo de las ideas y pensamiento crítico promovido por hombres libres que se nutren del recelo que propugna la continuidad del desastre de aquellos que no quieren perder sus privilegios. La comunicación reflexiva es el primer paso para el destronamiento de las concepciones políticas absurdas instauradas durante décadas, la cultura es luz que permite retornar al camino con esperanza y vientos de cambio.
“Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.