Más allá del acceso: el reto es convertir la inclusión financiera en desarrollo

Wálter Vásquez

El desafío del sistema financiero boliviano ya no consiste únicamente en abrir sus puertas, sino en lograr que quienes las atraviesan puedan aprovechar lo que hay detrás de ellas. La siguiente tarea es conseguir que el acceso a estos servicios se convierta en bienestar económico y social, en mayor productividad para las empresas y más educación, salud y seguridad financiera para las familias.

“La inclusión financiera no consiste únicamente en tener una cuenta o un punto de atención, sino en utilizar los servicios financieros de manera frecuente, informada y segura para mejorar la economía familiar, sostener actividades productivas y ampliar la autonomía económica”, resume Ximena Behoteguy, presidenta del Directorio de Banco FIE.

En las últimas dos décadas, el número de puntos de atención financiera en Bolivia (oficinas centrales, sucursales, agencias, cajeros automáticos y otros) se incrementó en 521%, de 1.537 en 2007 a 9.546 (a septiembre de 2026) y la cobertura geográfica se expandió de 81 municipios (24%) a 338 municipios (99,7%), según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Estos dos indicadores son clave pues son identificados por el Reporte de Inclusión Financiera Septiembre 2026 del ente regulador como elementos esenciales de uno de los tres pilares de la inclusión financiera: el acceso.

Pero el Banco Mundial define la inclusión financiera no solo como el acceso que tienen las personas y empresas a productos financieros útiles para guardar dinero y enviar y recibir pagos, sino también como un elemento facilitador clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida.

Esto es posible porque –como titulares de cuenta– las personas pueden acceder al crédito y los seguros, iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, administrar riesgos, y superar crisis financieras, lo que explica por qué se ve a este tipo de inclusión como un facilitador de siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Jorge Velasco, presidente del Directorio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), concuerda con Behoteguy: “El uso efectivo de los servicios financieros es el punto en el que la inclusión deja de ser solamente acceso y se convierte en una herramienta de desarrollo. El acceso es una condición indispensable, pero una persona está verdaderamente incluida cuando puede utilizar los servicios financieros de forma regular, segura, informada y útil para mejorar su economía”.

El uso, así, se convierte en un elemento central de la inclusión financiera, ya que permite determinar si las posibilidades de acceso se traducen en resultados concretos para las familias y empresas. Sin embargo, los indicadores disponibles muestran que los bolivianos todavía tienen dificultades para avanzar en ese terreno.

Entre ocho países evaluados, el Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2026 de Credicorp ubica a Bolivia en el último lugar en la dimensión de acceso, con 46,1 puntos, calificación que está 17,4 puntos por debajo de Argentina (63,5), que ocupa el primer puesto.

En la dimensión de uso, Bolivia se sitúa en el penúltimo lugar, con 25,6 puntos, apenas 0,4 puntos por encima de Colombia (25,2), que ocupa la última posición, y 31,6 puntos por debajo de Chile (57,2), que lidera esta dimensión.

Para el economista Fernando Romero, estos y otros resultados demuestran que en Bolivia el acceso ha recibido en los últimos años mayor impulso que el uso integral de los productos financieros.

Frente a ello, la ASFI reconoce que “los indicadores de uso aún reflejan un importante margen de crecimiento”. Los prestatarios, por ejemplo, representan el 24% de la población económicamente activa, indica.

El Reporte de Inclusión Financiera considera como indicadores de acceso a los puntos de atención financiera y su cobertura territorial, mientras que para el uso toma en cuenta las cuentas de depósito, los prestatarios y las tarjetas de débito y crédito. Este enfoque contrasta con el de organismos internacionales, que también consideran en el uso efectivo a los pagos, al ahorro, al crédito, a los seguros y a las herramientas financieras digitales, así como a la regularidad con que las personas recurren a ellos.

Romero identifica algunas de estas brechas a partir de datos oficiales. En el país existen 19,36 millones de cuentas de depósito, frente a 1,92 millones de prestatarios. La cantidad de tarjetas de débito, asimismo, es de 8,06 millones y la de tarjetas de crédito 230.600.  Y aun así, acceder a una cuenta o tarjeta no implica realizar, por ejemplo, pagos digitales.

Según la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2025 de la ASFI, el 79,5% de los bolivianos encuestados tiene una tarjeta de crédito o débito y el 20,5% no las tiene. Entre quienes sí tienen tarjetas predomina aún el uso limitado: el 47,1% las usa principalmente para el retiro de efectivo, el 28,2% para compras en comercio, el 16,8% para compras por internet, el 6,8% no la usan y el 1,1% para compras de criptomonedas.

Las cifras –afirma Romero– evidencian que disponer de infraestructura y medios de pago “no garantiza utilizar regularmente productos de ahorro, financiamiento y protección. Por tanto, el desafío de la banca debe ser pasar de una estrategia centrada en captar clientes y facilitar transacciones a otra orientada a desarrollar relaciones financieras integrales, sostenibles y de largo plazo”.

Para Behoteguy, este escenario refuerza la importancia de “medir no solo cuántas personas tienen productos financieros, sino cómo los utilizan, con qué frecuencia y qué valor aportan a sus actividades económicas”. En esa línea, FIE promueve la educación financiera para generar confianza y un uso informado a través del financiamiento para actividades productivas, la dinamización de la economía con enfoque de género y atención a sectores rurales, la digitalización inclusiva para micronegocios y el acompañamiento humano.

Desde Asoban, el criterio también es que la inclusión financiera debe evaluarse “por el aprovechamiento de los servicios y su adecuación a las necesidades de la población”.

La banca ya está en más lugares, ¿pero llega a más personas?

Asoban recuerda que el acceso y el uso son dimensiones complementarias de la inclusión financiera. Mientras el primero permite que las personas y empresas dispongan de productos, servicios y canales financieros, el segundo refleja su aprovechamiento efectivo para realizar pagos, ahorrar, acceder a financiamiento y desarrollar sus actividades económicas.

Pero una cuenta abierta que no se utiliza, una tarjeta que solo sirve para retirar efectivo o una aplicación que genera desconfianza no garantizan inclusión financiera efectiva. El verdadero avance ocurre cuando las personas utilizan los servicios financieros de forma habitual, segura y útil para pagar, ahorrar, acceder a crédito y mejorar sus oportunidades económicas.

Las cifras del IIF, sostiene Velasco, muestran que Bolivia ha avanzado en acercar infraestructura, canales y productos financieros para la población, pero todavía existe una brecha importante para que esos servicios formen parte de manera efectiva de la actividad económica cotidiana.

Para un hogar, significa poder administrar ingresos, ahorrar, realizar pagos o enfrentar imprevistos. Para un emprendedor, un productor o una pyme, implica contar con instrumentos para manejar su flujo de caja, construir historial financiero, invertir, sostener el negocio frente a contingencias y acceder a financiamiento para capital de trabajo cuando realmente lo necesite.

“Los beneficios de un uso efectivo son múltiples”, subraya Jorge Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del Banco de Crédito del Perú, filial del holding financiero Credicorp. Uno de esos beneficios es la capacidad de enfrentar imprevistos.

Si un gremial, por ejemplo, sufre una enfermedad, pierde su empleo o su negocio queda afectado por un incendio o una inundación, este puede quedar sin ingresos y tener dificultades para recuperarse.  En esas circunstancias, un seguro puede ayudarlo a cubrir sus pérdidas económicas, el ahorro puede cubrir sus gastos mientras no genere ingresos y un crédito le permite reconstruir su negocio o ampliarlo después.

Estas herramientas, además, alejan a las personas de soluciones peligrosas como los prestamistas ilegales o extorsionadores.

Esto es especialmente importante en América Latina –apunta Arrunátegui– donde el 51% de la población no tendría ahorros suficientes para cubrir sus gastos durante más de un mes  si perdiera sus ingresos de forma repentina, y donde la mitad gasta más de lo que gana.

51% de la población latinoamericana no tiene ahorros suficientes para cubrir un mes de gastos, si perdiera sus ingresos de forma repentina

Desafíos para cerrar las brechas

El aprovechamiento de los servicios financieros todavía enfrenta barreras relacionadas con la educación, la confianza, la seguridad y la adaptación de los productos a las necesidades de cada usuario. Estas dificultades no afectan a todos por igual y se reflejan tanto en la relación cotidiana de las personas con la banca como en las características de sus actividades económicas.

La experiencia de Sebastián Ordóñez, un empleado de una tienda de repuestos de electrodomésticos en La Paz, ilustra una de las limitaciones de la inclusión financiera: tener cuentas bancarias no significa necesariamente utilizarlas. Él tiene cuentas en tres bancos distintos, las cuales abrió para recibir pagos por su trabajo, pero hoy por hoy no usa ninguna de ellas. Tampoco tiene créditos ni seguros y se limita a recibir su salario a través de una billetera móvil.

“Con todo lo que se escucha sobre los bancos y con lo que recientemente ha pasado en Paraguay (la quiebra del banco Ueno) –no digo que vaya a pasar lo mismo en Bolivia–, pero siempre hay una desconfianza en tener tu dinero en los bancos”, expresa.

Y lo que sucede con Ordóñez se ve reflejado en la Encuesta Nacional de la ASFI, que revela que los principales motivos por los que los bolivianos no utilizan la banca digital son el desconocimiento sobre su uso (32,6%) y la desconfianza en su seguridad (23,1%).

Una vivencia diferente es la de Cecilia Flores, profesional farmacéutica en Santa Cruz. Ella posee una cuenta para recibir su sueldo y para el pago de servicios, y otra para sus ahorros. Accedió, además, a un crédito para pagar su carrera universitaria, realiza compras en línea  y usar la banca móvil y la banca por internet.

Desde esa experiencia, considera que la confianza también depende de que los usuarios se informen en los sitios oficiales de los bancos y conozcan las características y beneficios de los productos financieros.

Más allá de la confianza y el conocimiento de los productos, existen barreras estructurales que también condicionan el uso más frecuente de los servicios financieros. Arrunátegui identifica dos.

La primera tiene que ver con que buena parte de la economía se mueve fuera del sistema formal. Esto significa que un trabajador por cuenta propia puede tener un nivel de inclusión financiera similar al de una persona desempleada y bastante inferior al de alguien que recibe sus ingresos de una empresa o institución formal.

Según el IIC, solo el 38% de bolivianos recibe sus ingresos en cuentas a sus nombres, cuando el promedio regional es de 51%.

Arrunátegui continúa: “Otro factor importante es el poco conocimiento de los servicios que el sistema financiero pone a disposición de los usuarios. Este año, los bolivianos dijeron conocer en promedio 6,5 productos financieros, lo que (…) ubica al país por debajo del promedio de la región (7,3). Como es evidente, nadie usa lo que no conoce ni confía en lo que no usa”.

“Nadie usa lo que no conoce ni confía en lo que no usa”

 (Jorge Arrunátegui).

Planes para dar respuesta al reto

La ASFI anticipa que abordará estas problemáticas a través de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2027-2031, por medio de lineamientos relacionados con la transformación digital y la infraestructura; los productos y el financiamiento inclusivo; la inclusión y resiliencia financiera; y la educación, protección y confianza del consumidor. La estrategia también incorpora un eje transversal de información, monitoreo y evaluación para hacer seguimiento al acceso, el uso y la salud financiera de la población.

Mientras el nuevo plan busca establecer una respuesta integral a estas brechas, la expansión de los canales digitales ya está modificando la relación de los usuarios con el sistema financiero. Entre ellos, Arrunátegui destaca el potencial inclusivo de las billeteras móviles.

Estos instrumentos “se han convertido en la puerta de acceso para que millones de latinoamericanos accedan al sistema financiero” y han logrado “que el sistema financiero formal esté dejando de ser un concepto lejano para muchos bolivianos”, volviéndose parte de su día a día.

Hace seis años, el porcentaje de bolivianos que tenía una billetera móvil era del 15% y hoy esa proporción es del 58%, nueve puntos porcentuales por encima del promedio regional (49%). De ese grupo, el 37% de las personas la usa todos los días, lo cual – subraya Credicorp– tiene tres efectos en términos de inclusión efectiva.

• Primero, genera una sensación de utilidad y la utilidad, a la larga, se transforma en confianza. Hoy, el 71% de los bolivianos considera útiles los medios de pago digitales, frente al 53% del año pasado.
• Segundo, disminuye la dependencia del efectivo. En la región, solo el 18% de quienes usan la billetera móvil con frecuencia pagan siempre en efectivo. Entre quienes no tienen billetera, esa proporción llega al 67%. La correlación es clara: mientras más se utiliza la billetera digital, menos se recurre al efectivo.
• Tercero, los usuarios que antes no la tenían ahora pueden construir un historial financiero. A diferencia del efectivo, cada pago, cobro o transacción digital deja un registro y, para un microemprendedor, este puede ser su única forma de demostrar ingresos y capacidad de pago, lo que puede abrirle las puertas a más servicios financieros.

Asoban considera que uno de los avances más relevantes de la banca en materia de uso ha sido la expansión de pagos digitales, que ha facilitado la realización de operaciones financieras cotidianas.

“El reto está en profundizar ese uso”, subraya Arrunátegui. Muchos bolivianos, por ejemplo, cuentan con una billetera digital, pero todavía no la utilizan para otras funciones, como el ahorro. De hecho, el IIF 2026 muestra que, en Bolivia, más gente está ahorrando afuera del sistema formal (21%) que dentro de él (19%), detalla el ejecutivo.

FIE llama la atención sobre este punto. “La digitalización puede agilizar operaciones y reducir barreras geográficas, pero no reemplaza el acompañamiento presencial cuando este es necesario. Un modelo complementario —canales digitales más atención física— permite atender realidades distintas, fortalecer la confianza y facilitar que cada persona elija la alternativa adecuada”, recomienda Behoteguy.

Una inclusión financiera con resultados

Frente a este escenario, la Asfi anticipa que trabajará no solo en la ampliación del acceso, sino en la promoción del “uso seguro y el aprovechamiento efectivo de los servicios financieros a través de los pagos digitales, productos adaptados a las necesidades de la población, educación financiera y protección del consumidor”.

“Cerrar la brecha existente entre el acceso y el uso efectivo constituye uno de sus propósitos centrales de la ENIF 2027-2031”, subraya el ente regulador.

Asoban coincide: el acceso y el uso deben avanzar de manera complementaria.  “Mientras algunos segmentos de la población requieren mayores alternativas de acceso, otros necesitan herramientas que faciliten una utilización más frecuente y adecuada de los servicios financieros. Por ello, los esfuerzos deben orientarse tanto a cerrar las brechas de acceso que persisten como a promover el uso efectivo, seguro y responsable de los servicios financieros”.

“El esfuerzo no tiene que ser idéntico en todos los segmentos. Donde todavía existen barreras de cobertura o de entrada, hay que seguir ampliando el acceso; pero donde los servicios financieros ya están disponibles, el siguiente desafío es lograr que su uso sea efectivo, recurrente y pertinente”, sostiene Velasco.

“Donde todavía existen barreras de cobertura o de entrada, hay que seguir ampliando el acceso; pero donde los servicios financieros ya están disponibles, el siguiente desafío es lograr que su uso sea efectivo, recurrente y pertinente”

(Jorge Velasco)

Behoteguy, por su lado, identifica seis frentes de trabajo para que el acceso se  traduzca en un uso sostenido, informado y seguro de los servicios financieros:

1. Fortalecer la educación financiera y la alfabetización digital, con programas adecuados a los distintos sectores económicos y territorios.
2. Generar confianza en los canales electrónicos mediante diseños sencillos, interfaces fáciles de usar y una experiencia segura.
3. Invertir y fortalecer la ciberseguridad para proteger las operaciones y la información de los clientes.
4. Reducir las brechas de género en el acceso y el uso, promoviendo el empoderamiento digital de las mujeres.
5. Ofrecer productos y servicios acordes con las necesidades y capacidades de cada segmento.
6. Consolidar modelos híbridos y alianzas que contribuyan a la inclusión financiera y social.

“Además de ofrecer canales, es necesario ayudar a los usuarios a comprender sus beneficios y riesgos e incorporarlos con confianza a sus decisiones cotidianas”, remarcó la ejecutiva.

Romero piensa que “la siguiente etapa debe enfocarse en resultados y no solamente en cobertura”. Po tanto, la ASFI deberá incorporar indicadores de ahorristas activos, prestatarios únicos, acceso efectivo al crédito, seguros contratados y utilizados, brechas de género y uso rural. También considera necesario “evaluar quiénes reciben el financiamiento, quiénes pueden ahorrar, qué sectores están excluidos y qué calidad tienen los servicios”.

 “Lo importante es que la inclusión financiera reúna a todos los actores de una misma sociedad para crear productos, adaptar leyes, incentivar la innovación y entender mejor su implicancia”, remarca Arrunátegui.

Una banca inclusiva debe “acompañar a cada cliente según sus necesidades y posibilidades”, afirma la presidenta de FIE. “El éxito no se mide solo por cuántas personas ingresan al sistema, sino por si pueden ahorrar, financiar actividades viables, operar con seguridad y tomar mejores decisiones económicas”, concluye.

Así, el siguiente capítulo de la inclusión financiera en Bolivia dependerá de la capacidad del sistema para responder a una población con necesidades cada vez más diversas, en un entorno donde la digitalización modifica las formas de ahorrar, pagar, financiarse y hacer negocios. El reto de la ENIF 2027-2031 será convertir esas prioridades en cambios concretos en la relación de la población con el sistema financiero.