AJAM confirma actividad minera ilegal en el área El Dorado, en Cochabamba, y advierte de una afectación ambiental muy grande

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó actividades de minería ilegal en el área El Dorado, ubicada en la provincia de Quillacollo y en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Cochabamba, durante más de 20 años, y advirtió de una afectación ambiental muy grande por la extracción de oro.

El director nacional de esa institución, Jaime Sanabria, cuestionó por qué las autoridades encargadas de la preservación medioambiental no actuaron oportunamente, en el marco de sus responsabilidades, por lo que advirtió que se cometió el delito de incumplimiento de deberes.

La denuncia fue realizada por la asambleísta departamental Claudia Martínez sobre la presunta contaminación con mercurio en el río Cerqueta, próximo a Quillacollo, uno de los principales afluentes de la represa de Misicuni, debido a actividades mineras a cielo abierto.

“Tendríamos que pedir una explicación a ellos. Hasta donde yo tengo información y he podido ver visualmente por las fotografías que se nos han enviado, hay un impacto ambiental muy grande”, advirtió. 

Dijo que la actividad minera no es reciente. Si se toma en cuenta que el derecho ha sido otorgado en 2005, son más de 20 años que se está haciendo una actividad minera y que hay una deuda de más de 12 años porque no se pagaron las patentes mineras.

“Hay que tomar en consideración que esta área es un área protegida, es el área del Parque Nacional Tunari, que está protegido por el Decreto Supremo 6045, del 30 de marzo de 1962; la Ley 253, del 4 de noviembre del 63; el Decreto Supremo 15872, del 6 de agosto de 1978; y la Ley 1262, del 13 de septiembre de 1991”, sostuvo.

Es un área protegida, entonces resulta muy extraño que en un área protegida, que está muy cerca de la ciudad de Cochabamba, se haya permitido esta actividad informal e ilegal, manifestó.

Lo que más me preocupa es que el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, especifique que la Gobernación no tiene ninguna responsabilidad y que la AJAM es la que ha otorgado el derecho minero y las cuadrículas, cuando fue el Gobierno del MAS el que autorizó este derecho.

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Anunció la reversión del derecho minero y el inicio de procesos penales en contra del empresario José Luis M. F. y cuestionó que el exdirector de la AJAM, Luis Apaza, informó que el hecho se conocía desde 2023, queriendo descargar su responsabilidad, debido a que no hizo nada para detener estas actividades ilegales.

Aclaró que la AJAM solo otorga los derechos mineros y, en este caso, precisó que en la nueva administración no se hizo la entrega del derecho minero, que fue entregado en noviembre de 2005, durante la gestión del expresidente Evo Morales.

Sanabria informó que, en el marco de la Ley de Minería, se pudo evidenciar que esta área minera corresponde a un derecho preconstituido: “es un área de 13 cuadrículas, que no ha pagado patente minera y ha estado realizando actividad minera informal e ilegal”.

Dijo que ha estado haciendo actividad informal dentro del perímetro de la concesión, pero también fuera del perímetro del área minera, lo que constituye minería ilegal. Por este hecho, nosotros de oficio hemos hecho la inspección y se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de minería ilegal.

Anunció que, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía, se realizará una intervención al área para proceder con el decomiso o destrucción de toda esa maquinaria y seguramente al arresto de los que resultaren ser autores, encubridores de este hecho.

“En cuanto al derecho minero, que no ha pagado patente minera desde el año 2014 y no ha solicitado su adecuación, la AJAM en este momento ha implementado un proceso de reversión del área minera, lo que significa que vamos a extinguir el derecho minero en el área”, precisó.

Respecto a la responsabilidad ambiental, dijo que es exclusivamente de las autoridades ambientales competentes, en este caso de la Secretaría Departamental de la Madre Tierra, dependiente de la Gobernación de Cochabamba.

“Nosotros desconocemos por qué estas autoridades, en el uso de sus competencias, no han hecho las inspecciones o, en su caso, han ordenado la suspensión de trabajos dentro de esta área minera, porque la Ley de Minería y la Ley del Medioambiente facultan a la autoridad ambiental competente a proceder y ordenar la suspensión de actividades mineras cuando existe un impacto ambiental”, manifestó.

Dijo que la población, principalmente de Cochabamba, esté tranquila, que la AJAM va a actuar y ha estado actuando durante todo este tiempo en contra de la minería ilegal e informal, y este caso no va a ser la excepción.

Advirtió que la reversión del derecho minero seguramente tardará más de una semana y que ya se dictó una resolución administrativa que dispone la suspensión de cualquier otra actividad.

En cuanto a la actividad minera ilegal, dijo que se realizará una inspección y una intervención en coordinación con la Policía y el Ministerio Público, y que espera que a esas tareas se sume la Secretaría Departamental de la Madre Tierra.

Sanabria manifestó que hubo un incumplimiento de deberes de la Gobernación de Cochabamba, considerando que, según el exdirector de la AJAM, estas actividades se conocían desde el año 2023. No se tomó ninguna medida.

Informó que la AJAM descubrió esta actividad; sin embargo, no se pudo hacer la inspección inicial porque fue impedida por trancas y fortalezas que no permitieron ingresar al área, por lo que se presentó esta denuncia ante el Ministerio Público.

Se ha dictado la resolución de suspensión de actividades mineras en la vía administrativa, y se va a coordinar una intervención al área conjuntamente con el Ministerio Público y los miembros de la Policía para frenar esta actividad y se va a garantizar a la población que no habrá ningún tipo de actividad minera de aquí en adelante, manifestó.

La AJAM se ha constituido en denunciante y va a ser coadyuvante en este proceso, y ahí se establecerá si este señor, en complicidad con quiénes o con el encubrimiento de quiénes, ha realizado durante todos estos años esta actividad ilegal, advirtió.