Recursos naturales
Anteproyecto del Código Minero ratifica 27 salares y lagunas saladas como áreas reservadas para el Estado y prohíbe la explotación de minerales radiactivos
El anteproyecto del Código Minero ratifica 27 salares y lagunas saladas como áreas reservadas para el Estado, prohíbe explotar minerales radiactivos, aunque habilita a empresas privadas y cooperativistas a explotar e industrializar tierras raras, y castiga a las áreas que no estén en producción.
El artículo 16, en su capítulo único, se refiere a la Reserva Fiscal Minera y Áreas Reservadas para el Estado. El artículo 16, sobre la Reserva Fiscal Minera, sostiene en su parágrafo I que la reserva fiscal minera es la zona o superficie determinada del territorio nacional sobre la cual el Estado ejerce administración exclusiva y temporal, con el fin de realizar labores de prospección y exploración de minerales para proyectos de interés público. Su objetivo es establecer el potencial mineralógico del área de reserva, respetando los derechos preconstituidos y adquiridos.
La declaratoria de reserva fiscal será determinada mediante ley, a propuesta del Órgano Ejecutivo, debiendo delimitar el área mediante coordenadas UTM (Proyección Universal Transversal de Mercator), sistema WGS84, y su perímetro deberá contar con justificación técnica. Tendrá una vigencia máxima de tres años, computables a partir de la promulgación de la ley que la declare. Vencido el plazo, quedará sin efecto de manera automática, sin necesidad de una disposición legal expresa que declare su caducidad, dispone el acápite II.
El parágrafo III establece que la declaratoria de reserva fiscal no impedirá la prosecución de las solicitudes de contratos, en sus distintas modalidades, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la declaratoria de la reserva fiscal, siempre y cuando ello no afecte el objeto principal de la declaratoria.
El artículo 17, referido al Derecho Preferente de Comibol, en su parágrafo I dispone que, vencido el plazo de vigencia o cumplido el objeto establecido en la Reserva Fiscal Minera, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tendrá derecho preferente para solicitar ante la Autoridad Nacional Minera (ANM) las áreas mineras de su interés dentro del plazo de seis meses, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente norma.
En el parágrafo II se establece que las áreas que no hubieran sido objeto de solicitud por la Comibol pasarán a ser áreas libres y podrán ser otorgadas a otros actores productivos mineros, a través de los mecanismos establecidos en el presente Código.
La Comibol podrá ejecutar proyectos de clase mundial en las áreas solicitadas para fortalecer su capacidad productiva y desarrollar la economía de las regiones, dispone el acápite III.
Al vencimiento del término previsto en el parágrafo I del presente artículo, los actores productivos mineros tendrán los mismos derechos de acceder a la información y resultados obtenidos fruto de la declaratoria de Reserva Fiscal, ejercido o no el derecho preferente. Al efecto, Sergeomin efectuará la publicación de la disponibilidad de la información en el plazo de quince (15) días hábiles, sostiene el parágrafo IV.
El artículo 18, referido a la Declaratoria de Áreas Inmovilizadas, establece en el parágrafo I que, cuando existan proyectos presentados por los Gobiernos Autónomos Departamentales que cuenten con presupuesto programado para la ejecución de recursos provenientes de la regalía minera, Sergeomin podrá solicitar al Ministerio de Minería la declaratoria de áreas inmovilizadas en determinadas zonas comprendidas en el proyecto, para la realización de actividades de prospección, exploración y evaluación geológico-minera, respetando los derechos mineros vigentes y aquellas solicitudes de derecho presentadas con anterioridad a la declaratoria.
El Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante Resolución Ministerial, dispondrá la declaratoria de área inmovilizada, determinando su ubicación, extensión, finalidad y plazo de vigencia, de acuerdo con el proyecto y el informe técnico correspondiente, dispone el parágrafo II.
La declaratoria de área inmovilizada tendrá carácter temporal, por un plazo de hasta dos años, prorrogable por una sola vez y por un plazo máximo igual, cuando existan razones técnicas y económicas que justifiquen su continuidad. Vencido el plazo de vigencia, incluida su eventual prórroga, la declaratoria quedará sin efecto de pleno derecho, según el parágrafo III.
El parágrafo IV sostiene que el Sergeomin sistematizará la información técnica y científica generada como resultado de las actividades realizadas en el área inmovilizada y la remitirá al Gobierno Autónomo Departamental correspondiente y al Ministerio de Minería, para su incorporación a los sistemas de información que correspondan.
Vencido el plazo de la declaratoria de área inmovilizada, la Autoridad Nacional de Minería dispondrá la publicación de las áreas alcanzadas por la declaratoria, para el otorgamiento de derechos mineros, conforme a los procedimientos establecidos en el presente Código, dice el acápite V.
El artículo 19, sobre Áreas Reservadas para el Estado y Recursos Estratégicos, en su acápite I sostiene que se reconocen como áreas reservadas para el Estado los siguientes salares y lagunas saladas: Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, Salares en Saucarí, Sajama y Sajama Sabaya, salvándose los derechos preconstituidos y los derechos adquiridos.
El litio y el potasio contenidos en salares, salmueras y depósitos evaporíticos son recursos minerales de interés prioritario nacional y forman parte de las áreas estratégicas del Estado. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) continuará con el desarrollo de los proyectos evaporíticos en el marco de la Constitución Política del Estado, el presente Código y la normativa aplicable, define el acápite II.
En cuanto a Minerales Radiactivos y Tierras Raras, el artículo 93 prohíbe la explotación de minerales radiactivos por actores productivos mineros no estatales. Su hallazgo deberá comunicarse al Ministerio de Minería, a la ANM y a la autoridad competente en materia de seguridad radiológica, para la adopción de las medidas correspondientes. Su aprovechamiento podrá ser efectuado a través de las empresas estatales, dispone el parágrafo I.
El parágrafo II sostiene que los actores productivos mineros estatales, privados y cooperativos podrán realizar actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización de tierras raras, bajo las modalidades de otorgación de derechos mineros establecidas en el presente Código y la normativa ambiental aplicable.
Cuando los minerales que contengan tierras raras presenten componentes radiactivos asociados, su aprovechamiento estará sujeto, además, a las medidas de protección radiológica y de manejo seguro de materiales y residuos que determine la autoridad competente, conforme a la normativa específica. La presencia de estos componentes no determinará, por sí sola, la prohibición del aprovechamiento de las tierras raras, señala el acápite III.
El artículo 19, correspondiente al capítulo II, sobre la Patente Minera, establece que esta constituye una obligación económica anual para los titulares de derechos mineros, cuyo pago es un requisito para la otorgación, conservación y vigencia de dichos derechos, conforme a las disposiciones del presente Código.
Los titulares de derechos mineros otorgados mediante Licencia de Prospección y Exploración, Licencia de Prospección Aérea, Contrato de Otorgación de Derecho Minero y aquellos provenientes de procesos de adecuación pagarán anualmente la patente minera de acuerdo con la siguiente escala: a) Prospección y Exploración: Bs 560 por cuadrícula. b) Prospección Aérea: Bs 50.000.- Bs 86.000 por licencia. c) Explotación: Bs 400-700 por cuadrícula, para áreas de hasta treinta (30) cuadrículas; Bs 500-860 por cuadrícula, para áreas comprendidas entre 31 y 40; Bs 600-1.050 por cuadrícula, para áreas de 41 cuadrículas en adelante, sostiene el parágrafo II.
El acápite III establece que la patente minera correspondiente a prospección, exploración y explotación será determinada sobre la totalidad de las cuadrículas que conformen el área minera objeto del derecho otorgado.
En el acápite IV se establece que el pago de la patente minera será efectuado en forma anual y anticipada, dentro de los plazos y conforme al procedimiento establecido en el presente Código y su reglamentación.
Para los derechos mineros provenientes de pertenencias que hubieren sido objeto de adecuación, la patente minera será determinada considerando su equivalencia en cuadrículas, sostiene el acápite V.
La patente minera correspondiente a derechos mineros con una antigüedad mayor a cinco años se pagará con un incremento del 100 % sobre el monto que corresponda, conforme a la escala establecida en el presente artículo. Tener área y no estar en producción se le aumenta porque no está produciendo. Por falta de pago, caducidad. Si paga, no hay incremento como incentivo, establece el acápite VIII.
El artículo 120, sobre Resolución por Falta de Pago de la Patente Minera, en su parágrafo I, dice que la falta de pago de la patente minera dentro del plazo establecido por el presente Código constituye causal de resolución del derecho minero otorgado mediante contrato o de revocatoria de la licencia, según el caso.
Si no se acredita el pago oportuno ni se desvirtúa el incumplimiento, la ANM, mediante acto administrativo fundamentado, dispondrá la resolución del contrato, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el presente Código, sostiene el parágrafo II.